A. Bagauda
Tiempo ha que los mass media nos ofrecen, para su consumo en grandes cantidades, casquería social. Aunque podría ser inexacto hablar de casquería política, exacto es que cada vez menudean más los asuntos de segundo orden, para distraer de y velar lo principal, y que además centran el debate político: el caso Koldo, el caso Ayuso, el affaire Begoña Gómez, la investigación a la RFEF, la enfermedad de K. Middleton,…
Empero, poco se habla, debate y dice de los grandes problemas del país (y menos aún los “patriotas” de la cartera), de los que sufre cotidianamente la mayoría social, y cuando lo hacen es de forma puntual y superficial. Poco o nada se habla de su etiología para concluir cómo abordarlos y solucionarlos. Poco o nada se habla de las protestas y movilizaciones obreras y populares que se llevan a cabo como expresión, cuando menos, del descontento social; de las luchas del proletariado en defensa de nuestros derechos y conquistas, por la mejora de nuestro salario, condiciones laborales y de vida.
Es un muro de silencio, bien armado, de los grandes medios de comunicación de masas, voceros del capital, al que contribuyen el conjunto de los agentes e instituciones del régimen. Y de ese muro forma parte, lamentablemente, la izquierda institucional, que no centra su política en esa problemática que nos angustia y asfixia, íntimamente ligada al conflicto capital-trabajo, porque éste ha dejado de ser para ellos el eje de su discurso y de su acción. Tampoco los grandes sindicatos de clase ayudan como debieran a romperlo, cuyas venales direcciones actúan como apagafuegos, como agentes desmovilizadores del proletariado y tapón del movimiento obrero.
En España, el porcentaje de población en “riesgo de pobreza o exclusión social” (Tasa AROPE) ha subido medio punto, pasando del 26 % (2022) al 26,5 % (2023). Con una población en España de 48.600.000 habitantes, estamos hablando de casi 13 millones de personas. Y en el caso de un sector tan vulnerable como los niños (menores de 16 años) esa tasa es mucho más alta y ha aumentado 2,1 puntos, pasando del 32,2 % al 34,3 % (datos del INE, febrero, 2024). El problema no son solo esos datos e incremento anual, sino que se ha roto una tendencia a la disminución de estas tasas (salvando los años de pandemia).
Significativos son los datos por comunidades, que ponen en evidencia la íntima relación, como no podía ser de otra forma, entre paro y salarios y pobreza: Las que tienen mayores tasas de AROPE son Andalucía (37,5%), Canarias (33,8%) y Extremadura (32,8%). No es casual que esos territorios, exceptuando Ceuta y Melilla, sean los que tienen una mayor tasa de paro (oficial) (4T_23): Andalucía el 17,6 % (40 % tasa paro juvenil); Extremadura, el 16,29 % (31,5 5 tasa paro juvenil); y Canarias, el 16,19 % (34,5 % tasa paro juvenil); ni tampoco que sean esas comunidades las que están a la cola del salario medio bruto: Andalucía, con 23.155 €; Canarias, con 22.466 €; y Extremadura, con 21.393 € (enterat.com).
Así, cada vez es mayor el número de trabajadores pobres: “(…) se acentúa el perfil de personas pobres con empleo. De hecho, los autores del informe confirman una “tendencia” detectada en los últimos años: <>, ya que una de cada tres personas en situación de pobreza mayor (32,9%) tiene un empleo remunerado, algo que achacan a <>” (rtve.es, 17/10/23. Se refiere al estudio “El estado de la Pobreza 2022”, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social).
En 2022, “la caída de los salarios reales fue del 5,3%”, a lo que se añade que “En el caso español, se estima una sobrecarga fiscal de hasta 0,7 puntos por efecto de la inflación” (epe.es, 23/04/23). El acuerdo sindicatos-patronal, de mayo de 2023, no entrañaba una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
En el caso de los jóvenes, las cifras son más devastadoras. El paro (menores de 25 años) es del 28,4 % (aunque, como hemos visto, en algunas comunidades esa cifra se dispara). Si consideramos la franja de edad de 16-19 años, asciende hasta el 42,5 % (INE, 4T_23). “(…) en los primeros meses de 2023, el salario mediano de los jóvenes (…) tan solo alcanza los (…) 1.005,22 euros netos al mes” (en 2022, el 82% de los jóvenes menores de 26 años cobraba por debajo de los 1000 €) y “El alquiler mediano se sitúa en los 944 euros”. Sobran los comentarios. Para los que pueden independizarse (la tasa de emancipación es el 16,3 %), “El 93,9 % del sueldo joven se va a alquiler” (rtve.es, 16/01/24). Así, resulta que la mayoría de los “jóvenes” españoles no puede emanciparse hasta los 38 años. Parece una broma pero no lo es. Como vemos, obedece a los fuertes desempleo y desequilibrio entre sus salarios y, sobre todo, el precio de la vivienda, inaccesible para la mayoría.
Respecto al grave problema habitacional, tenemos que “El precio medio de la vivienda libre varió un 4,22% en el trimestre 4 de 2023 en tasa interanual” (INE), mas la cuestión no es sólo el alto precio sino los altos intereses que cobran los bancos, gracias a la subida de tipos del BCE, altos intereses que explican las ganancias extraordinarias de la banca a costa de vaciar los bolsillos de las familias trabajadoras. Y si el precio de la vivienda en propiedad ha subido, mucho más lo ha hecho el alquiler: en febrero de 2024, respecto a febrero de 2023, un 11,9 % (idealista.com). El incremento salarial queda muy a la zaga de estos porcentajes.
En el caso de personas en riesgo de pobreza, “El gasto que dedicaron (…) a la vivienda equivalía al 39,1% de los ingresos del hogar”, su situación les obliga a alquilar, que “es mucho más caro que la hipoteca”, y “Además, (…) casi una de cada tres personas en pobreza no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada (…)” (rtve.es, ib).
Lo más sangrante es que aún, en esta “democracia”, se sigue echando a la gente de su casa. Así, a pesar de la moratoria gubernamental de suspensión de desahucios, estos se siguen ejecutando: “… tanto los derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como los derivados de las ejecuciones hipotecarias, en el trimestre 4 de 2023, se situó en 7.327” (epdata.es).
Para terminar: el porcentaje de población en situación de “carencia material y social severa” aumentó 1.3 puntos, yendo del 7,7 % (2022) al 9,0% (2023). Y si en 2022 el 8,7 % llegó a fin de mes con “mucha dificultad”, el pasado año fue el 9,3 % de la población. “Por su parte, el 37,1% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 35,5% del año 2022” (INE, febrero, 2024).
Todos estos datos pintan un cuadro desolador, de precarización laboral y empeoramiento de los salarios, de deterioro de las condiciones de vida, de extensión de la pobreza a amplios sectores de nuestra sociedad y de ausencia de perspectiva vital, de futuro, para nuestros jóvenes.
La clave de bóveda de este conjunto de problemas (encadenados entre sí) y, por tanto, de la solución es el trabajo y el salario, sin olvidarnos de la vivienda. Es obligado cambiar la estructura económica y, por ende, la política. Mueve a risa, si no fuera por la implantación y consecuencias que tiene, la argumentación del neoliberalismo (con una de sus patas, la psicología positiva, cada vez con más y mayores tentáculos) que nos dice que la culpa de su calamitosa situación la tienen las propias personas, trasladando así la responsabilidad de la estructura social al individuo, que lo convierte a la vez en víctima y victimario.
Si se quiere acabar con la pobreza es imperativo erradicar el paro y la precariedad laboral, crear puestos de trabajo estables y con buenos salarios. Mas, para ello se necesita, de entrada y a bote pronto, un impulso y desarrollo fuertes y decididos de los servicios públicos y del tejido industrial en nuestro país. Ni lo uno ni lo otro se ha hecho ni se está haciendo. La voluntad política de los distintos gobiernos de la monarquía (incluido el “más progresista de la historia”), y de ésta como estado, ha ido y va en la dirección contraria. Desde los años 80 se ha dado un progresivo desmantelamiento del tejido productivo y, sobre todo en los últimos años, un deterioro y privatización creciente de los servicios públicos, como tiránica exigencia de acumulación del capital.
Ambos proyectos económicos exigen fuentes de financiación y capital, lo que nos lleva a emprender otra serie de medidas: la implementación de una fiscalidad fuertemente progresiva, el combate del fraude fiscal, la recuperación de los 100.000 millones de euros que nos debe la banca española, la creación de una banca pública, la nacionalización de los sectores económicos estratégicos,…
Por su parte, la carestía de la vida, de la que la vivienda es un factor fundamental, no se va a poder afrontar si ésta no deja de ser una mera mercancía y se convierte en un derecho real y bien social, si el Estado no interviene en su mercado, si no se pone coto a los oligopolios, por ejemplo, de la energía, si el Estado no interviene, también, en el mercado de la distribución de alimentos, etc.
Como vemos, estamos hablando de todo un programa económico, que, evidentemente, es imposible en el actual marco político, que está al servicio de aquellos a quienes hay que combatir. Para desarrollar aquél es necesario superar éste con otro nuevo, popular, republicano. Romper el muro de silencio nos acerca a ambos objetivos.