Secretariado del Comité Central del PCMLE
Ecuador vive momentos críticos, los acontecimientos producidos en los últimos días incidirán profundamente en la vida económica y política del país, marcarán un antes y un después, no obstante se desenvuelven en el contexto de la crisis de inseguridad que viene desde hace muchos meses.
Lo ocurrido en las últimas horas tiene como punto de partida la escapatoria de alias Fito de la Cárcel Regional Nº 4 (cabecilla de la banda conocida como Los Choneros), que motivó la declaratoria del estado de excepción por parte del gobierno, el lunes 8 de enero y, a su vez, una ola de acciones delincuenciales en varias ciudades del país, en medio de las que Colón Pico (líder de la banda Los Lobos) y alrededor de 40 presos se fugaron de una cárcel de Riobamba. Pico fue detenido apenas tres días antes de su fuga.
El martes 9 de enero, en 20 de las 24 provincias se registraron los niveles más altos de violencia delincuencial: incendio de vehículos, detonación de bombas, secuestros a miembros de la Policía, retención de guías penitenciarios, intentos de saqueos y, el suceso que mayor trascendencia tuvo, la toma de las instalaciones de TC Televisión, en Guayaquil.
Todo esto estuvo acompañado de una intensa ofensiva de información, fotos, videos y fake news en redes sociales, que crearon un estado de terror en la población y la sensación de que la situación era incontrolable. La respuesta del gobierno ante estos sucesos fue la emisión del Decreto 111, que declara la existencia de un conflicto armado a nivel nacional y ordena a las fuerzas militares combatir a los grupos delincuenciales, a los que se les da la condición de grupos terroristas. 27 agrupaciones han sido catalogadas como tales.
El objetivo que buscaban los grupos delincuenciales con las acciones ejecutadas los días lunes y martes lo lograron: generar el caos en el país y provocar terror en la población.
La respuesta del gobierno y de las fuerzas que le apoyan ha sido escalonada: primero se emitió el decreto 110 que declaró el estado de excepción; luego la Asamblea Nacional anunció el apoyo total al gobierno en el combate a la delincuencia y el presidente de la Asamablea, Henry Kronfle, anunció que aprobarán indultos y aministías para miembros de las fuerzas policiales que enfrenten procesos juidiciales por combatir a la delincuencia; posteriormente se dictó el Decreto 111, que declara la existencia de un conflicto armado interno.
Todas las fuerzas políticas burguesas han declarado su apoyo al gobierno, y lo hacen a nombre de la unidad nacional y la defensa del país. El correísmo se ha visto obligado a dar un giro táctico, ha bajado toda crítica al gobierno y le da el total apoyo en el combate a la delincuencia; Correa ha dicho que «en la victoria definiremos las diferencias.» La derecha internacional también habla de dar ayuda al país para encarar el problema. Estados Unidos no ha perdido la ocasión para expresar su voluntad de «colaborar». Respecto de EEUU, se conoce que el gobierno de Lasso firmó un acuerdo para que tropas yanquis puedan actuar en nuestro país en condiciones de conflicto, el documento debe ser aprobado por la Corte Constitucional.
En campaña electoral y desde su posesión como presidente de la República, Daniel Noboa ha hablado del Plan Fenix, que contendría la política y los mecanismos para enfrentar a la delincuencia organizada y garantizar la paz en el país; sin embargo, Noboa ha sido criticado porque no se ha visto una acción articulada desde el gobierno para enfrentar este grave problema, al punto que se ha cuestionado si en realidad existe o no dicho plan.
La violencia delincuencial en el país ha ido creciendo; aumentan los asesinatos en las calles y a plena luz del día, principalmente en las provincias de la costa; los presos mantienen el control de las cárceles; la delincuencia común se ha destapado; se ha generalizado lo que se conoce como «vacunas», esto es, pagar semanal o mensulamente a los delincuentes para no ser víctimas de robos y asesinatos. La población vive presa del temor. Ecuador es hoy uno de los países con los índices de violencia delincuencial más altos en el mundo y con los índices de homicidios más altos también.
Desde hace varios años en el país se habla de la penetración del narcotráfico y de mafias en las más altas esferas de la institucionalidad burguesa: en las cúpulas de la Policía, de las FFAA, de los órganos de justicia, en el ejecutivo, en el legislativo, en los medios de comunicación, en los poderosos grupos financieros y empresariales. El caso Metástasis ha permitido personificar a los autores, pero es bien sabido que no están todos, se está juzgando solo a uno de los grupos delincuenciales. Hay evidencias de la penetración del narcotráfico y la delincuencia organizada desde el gobierno de Rafael Correa, pasando por los de Moreno, Lasso y hasta hoy.
El caso Metástasis se refiere a un proceso judicial abierto por la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, en el que se evidencia la vinculación de jueces, miembros de la cúpula de la Policía y el Ejército, abogados, empresarios, dirigentes políticos de derecha con uno de los grupos dedicados al narcotráfico. Por este caso el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ahora está preso, al igual que cerca de 40 personas más. En las pruebas presentadas por la fiscalía existen comunicaciones realizadas entre los delincuentes, que dan cuenta del pago a jueces para obtener la libertad del ex vicepresidente Jorge Glas (vicepresidente de Rafael Correa); también hay mensajes en los que recomiendan «comprar» instituciones del Estado (como las aduanas), porque tienen la relación con un alto funcionario del gobierno de Guillermo de Lasso que las «vende».
La declaratoria de la existencia de un conflicto armado en el país y la orden que tienen las FFAA y la Policía para utilizar armamento letal cambia la percepción de la gente sobre el accionar del gobierno. Una población presa del pánico, asume con facilidad como certeras las políticas que ponen por delante el uso de la fuerza, de la violencia militar, la política del «gatillo fácil». Las fuerzas políticas más reaccionarias del país siempre han sido partidarias de este tipo de medidas, ahora amplifican su discurso para profundizar esa política.
A la par de ese discurso, todas las fuerzas políticas burguesas y, por supuesto, los grupos empresariales, hablan de la necesidad de la unidad nacional para enfrentar el momento. Detrás de este llamado se encuentra la intención de imponer la política neoliberal, golpear los derechos de los trabajadores y el pueblo y afectar aún más sus condiciones de vida. Mauricio Pozo (neoliberal, ex ministro de Finanzas) dice que para financiar la guerra hay que subir el precio de la gasolina; el actual ministro de Finanzas ha señalado que la «eliminanción de los subsidios a los combustibles va porque va». Como parte de su proyecto neoliberal están algunas preguntas para la consulta popular, que incluyen el tema minería para beneficiar al capital internacional; los contratos por horas, que precarizan el trabajo; el arbitraje internacional para dirimir controversias en temas de inversión extranjera.
Es evidente que existe un plan para derechizar más la acción estatal, es una política organizada por la embajada yanqui: buscan implementar lo que sería el «Plan Ecuador», y para ello requieren dinero.
Para el proyecto político presidencial de Noboa el momento actual es de enorme importancia, puede crecer en imagen o puede irse a pique. Algunos analistas dicen que si «gana la guerra» asegura su reelección.
Nuestro Partido está obligado a mirar multilateralmente lo que acontece en el país, y debe hacerlo desde una visión de clase, que nos permita ubicar con objetividad lo que está ocurriendo, quiénes son los causantes, el proceso ocurrido hasta hoy y la perspectivas que nos plantean las actuales circunstancias. Los acontecimientos están en proceso, es necesario analizarlos paso a paso, tener en cuenta que continuarán produciéndose nuevos fenómenos y que las diferentes fuerzas sociales y políticas buscan y buscarán aprovechar los acontecimientos en su beneficio.
Condenamos los actos de violencia provocados por los grupos delincuenciales organizados, vinculados a las mafias y al narcotráfico; demandamos que el Estado garantice la vida, la seguridad de la población.
Llamamos a la unidad del pueblo para enfrentar la situación, enfrentar colectivamente los problemas, organizar la solidaridad para proteger el barrio, el sitio de trabajo o actividad; levantamos las banderas de la defensa de la vida; reclamamos medidas concretas para que haya efectividad en el combate a la delincuencia; el gobierno debe garantizar la seguridad de hospitales, servicios, públicos, que la sociedad no se paralice, que se efectúen dispositivos concretos en las «zonas calientes» (focos de delincuencia).
Los problemas del pueblo son de gran magnitud y se ubican en el terreno de la seguridad, educación, salud y empleo. Si eso no se atiende, la delincuencia va persistir; hay que dar una respuesta estructural, sabemos que los resultados no son inmediatos, por eso planteamos la emergencia en esos ámbitos, de manera que se puedan canalizar recursos económicos de manera inmediata.
El gobierno debe declarar en emergencia la seguridad, para dotar rápidamente de presupuesto a las instituciones que corresponden, evaluar y depurar (desde arriba) a la fuerza pública, que se haga un efectivo control de fronteras; que se fortalezca la labor de inteligencia para desarmar las bandas; recuperar el control de las cárceles.
Es sabido que el narcotráfico lava dinero a través de los más diversos negocios. Se ha dicho que en el sistema fianciero se ha lavado 5 mil millones de dólares. ¿Qué está haciendo la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) para controlar esto?
Los que ahora aparecen como cabeza de las bandas en realiadad no son los principales de los grupos vinculados al narcotráfico, son operadores de estos. Quienes dirigen todo esto están más arriba; se debe llegar a las verdaderas cabezas y apresarlas.
El gobierno ha convocado a una consulta popular que, de acuerdo a lo previsto por este, se realizará en marzo. Un primer paquete de 11 preguntas propuestas fueron duramente cuestionadas por diversos sectores, incluyendo cercanos al gobierno, por considerarlas inútiles, pues, lo planteado ya contemplan varias leyes. Se referían, en lo fundamental, a la acción de las FFAA y la Policía en el control de la delincuencia. En medio de esta crisis el gobierno ha planteado nueve preguntas más, sobre las que hicimos referencia unas líneas arriba.
Hemos señalado que por principio no nos oponemos a la consulta; el pueblo debe ser partícipe en las decisiones trascendentes para el país, por eso proponemos que se someta a consulta otro tipo de preguntas, como si se declara o no la emergencia en la seguridad, si se continúa o no pagando la deuda externa durante el 2024, entre otras.
Nuestro Partido, a través de sus distintos mecanismos e instrumentos, continúa su accionar política, promovimiendo sus puntos de vista, disputando la conducción política de las masas.
11 de enero de 2024
Secretariado del Comité Central del PCMLE