D. Ursaiz
Hace poco más de dos años, la pandemia del COVID 19 puso al desnudo las deficiencias de nuestra sanidad, en servicios sociosanitarios, industria farmacéutica y de aparatos y material sanitario. En algún momento, durante la fase aguda de la pandemia, cuando tan evidente se veía la atención primaria como pilar fundamental de la estructura sanitaria, cuando se comprobó que la salud pública es un elemento básico de prevención e indispensable para abordar de forma urgente y coordinada la intervención en epidemias como el COVID, cuando se vio la necesidad de tener una industria farmacéutica y de aparataje sanitario estatal, que diera respuesta rápida a la emergencia sanitaria y social que ocasionaba la pandemia, cuando aplaudíamos al personal sanitario por su dedicación y sentíamos que eran indispensables, que sacrificaban y arriesgaban su vida y sus energías para ayudar en esa caótica situación, cuando vimos y sufrimos las muertes de nuestros mayores en las residencias, solos, aislados, sin atención médica y hospitalaria (recordemos las órdenes de Ayuso en Madrid), con unos trabajadores de residencias, agotados, maltratado.
La evidencia de los fallos de nuestra planificación sanitaria en todos los niveles de asistencia, la necesidad de la prevención como elemento determinante. Nos hizo pensar, esperar, que de esta lección se iba a aprender.
La realidad, apenas dos años después y cuando todavía no se ha acabado con el COVID, nos exige que veamos y analicemos la situación, las causas, los responsables y las consecuencias de la política sanitaria.
Bien es verdad que, las competencias en sanidad, están transferidas a las comunidades autónomas. Aquí tenemos mucho que decir, en comunidades como Madrid, el escándalo es tremendo, pero si la señora Ayuso hace lo que hace, con su prepotencia y chulería, es porque hay unas leyes que se lo permiten.
Las leyes generales son responsabilidad del Gobierno de la Nación y de los grupos políticos que lo sostienen. No es aceptable que el “Gobierno más progresista de la democracia” mantenga artículos de la Ley General de Sanidad (67 y 90) que abrió las puertas a la privatización en la sanidad mediante convenios singulares o de colaboración público-privada. La ley 15/97: “sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud” que fue aprobada por todos los grupos políticos a excepción de IU y BNG, dieron el espaldarazo a la entrada de grandes empresas sanitarias privadas y fondos financieros en el Sistema Nacional de Salud, cuyo único objetivo es la ganancia.
La Comunidad de Madrid, es campo de pruebas en la aplicación de políticas neoliberales y en sanidad lleva años practicando de forma progresiva, pero implacable las privatizaciones (sabemos que Cataluña fue y continúa siendo la autonomía con mayor porcentaje de penetración de la empresa privada en la sanidad, pero su desarrollo en Madrid es más extrapolable al conjunto) y nos sirve como análisis de por dónde van los tiros. Aquello de las barbas del vecino…
No vamos a abundar, por conocidas, en las actuaciones de la Sra. Ayuso durante los tiempos más agudos de la pandemia, su irresponsabilidad criminal con las residencias de mayores (prácticamente todas concertadas con empresas privadas), los contratos de compra de mascarillas, las movilizaciones y propaganda por la libertad de tomar cervezas.
Los bares abiertos y los CENTROS DE SALUD CERRADOS. Y es aquí, en la Atención Primaria donde me quiero centrar.
La Ley General de Sanidad, aprobada en 1986, planteaba los centros de salud y los equipos sanitarios como elementos claves para intervenir en la promoción, conservación y recuperación de la salud en las comunidades donde actuaban, esa concepción progresista no dejó de ser una declaración de intenciones que, con el tiempo se ha ido disolviendo, pues para llevarla a cabo de forma efectiva hay que dotarla de medios, especialmente humanos y esos no forman parte de los intereses de las grandes multinacionales de farmacia, de la industria de alta tecnología… y cada vez más, de los fondos de inversión que están copando la gestión de los hospitales públicos en Madrid.
Esta concepción de los centros de atención primaria ubicados en un barrio, pueblo, en un espacio físico, donde viven las familias, los niños van a las escuelas, el personal sanitario de medicina y enfermería conoce los historiales médicos, familiares, la situación social, intervienen en la comunidad, van a los colegios, hacen campañas de prevención, están en contacto directo con las personas y estas conocen a sus médicas, personal de enfermería, celadores, administrativos, de forma estable, los profesionales pueden intervenir con los servicios sociales. ESTO ES RENTABLE SOCIALMENTE, EN SALUD, EN ECONOMÍA.
Previene y alerta de los problemas derivados de situaciones sociales insalubres, hace educación para la salud, aborda los problemas en sus inicios y cuida las patologías crónicas de su población asignada, AHORRA recursos de los hospitales y evita buena parte de las urgencias hospitalarias al resolver patologías en sus estadios menos graves.
¿Por qué este proceso de desmantelamiento de la Atención Primaria? Hay que ir donde están los intereses empresariales para comprender tamaño desatino. Esto no se ha dado de golpe, es un proceso calculado para desmantelar la sanidad pública, es el proceso de parasitismo de lo privado a lo público. Se abandona la prevención y promoción de la salud, que necesita sobre todo recursos humanos y se deteriora la salud para la utilización de la tecnología que deja beneficios a las empresas que la proveen.
En 2010, la Comunidad de Madrid desregula el sistema sanitario y reduce las 11 Áreas Sanitarias mediante la Ley de Área Única Sanitaria y Libre Elección. Se aleja a la población de los centros de salud. Las condiciones de trabajo de los profesionales, la interinidad, los contratos de sustitución, las jubilaciones no cubiertas…los pacientes no conocen a sus médicos, los médicos no conocen a su población.
También en 2010 se creó un centro de citas médicas (call center) que se adjudicó a INDRA, a través del cual muchas de las citas para especialistas o ingresos hospitalarios son derivadas, de forma tendenciosa, a los centros privados.
En 2020, llegó la pandemia, con ella el cierre a la atención presencial en los centros de atención primaria, se acabó el confinamiento y los centros no se abrieron, buena parte de los profesionales fueron desplazados de forma forzosa al Hospital Isabel Zendal, un desafuero carísimo de la Sra. Ayuso, de escasísima utilidad, mientras se desguazaba lo que si estaba funcionando.
Los centros se fueron abriendo, se recortó horario de tarde. La puntilla y el desastre vienen con las nuevas fórmulas: en Madrid ciudad, funcionaban 37 centros de atención primaria que tenían horarios de funcionamiento de 8 a 21 horas y horario de urgencias extrahospitalarias de 21 a 8 horas, con dotación de plantilla médica, de enfermería y apoyo de celador, administrativo. Los llamados SUAP.
En los pueblos, funcionaban los Servicios de Atención Rural (SAR) que marchaban perfectamente.
Las urgencias de los centros de salud se cerraron y las fórmulas que eran útiles, aunque había que dar estabilidad a las plantillas y ampliarlas con los profesionales necesarios para una correcta atención, quedaron desmanteladas. Las reconvierten en los PAC (Puntos de Atención Continuada), en teoría funcionaran 24 horas con profesional médico, enfermero y celador.
El personal se centraliza y un día te puede tocar Cercedilla y al otro Coslada…según necesidades de aprovisionamiento. Todos los profesionales que estaban en la atención rural (SAR), contentos con el funcionamiento, con plazas consolidadas, quedan en el aire. Es difícil comprender tal desastre. Muchos de los PAC se cierran por que no hay personal, falta médico y plantean que la enfermería debe hacerse cargo de las urgencias que llegan. Esas urgencias que no se resuelven en los centros de salud, van a los hospitales públicos que se colapsan, se deteriora la asistencia, los profesionales se agotan física y emocionalmente.
De todo esto hay un claro beneficiario: Los seguros sanitarios privados están aumentando vertiginosamente. Quieren reducir la sanidad pública a lo que antes era la beneficencia. El que pueda, que se haga un seguro privado para ir a consulta o para una prueba.
Los hospitales públicos ya están parasitados por la empresa privada y lo que no se hace en los públicos por saturación o poca organización por escasez de plantillas, se derivan a listas de espera de procesos quirúrgicos simples o pruebas de alta tecnología a centros concertados, con gran sobrecoste.
Son años de trabajo sistemático del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid para desprestigiar la sanidad pública (¿se recuerda las acusaciones al Dr. Montes del Severo Ochoa?). La respuesta de los profesionales, usuarios, trabajadores, afectados todos por la deriva de nuestra sanidad pública, ha sido desigual en el tiempo. Importantes movilizaciones paralizaron (provisionalmente) alguno de los planes de Esperanza Aguirre. Sí llevó a cabo la concesión de los hospitales públicos de gestión 100×100 privada, explotados por Quirón, 4 de ellos y 1 por Ribera Salud.
La Marea Blanca ha mantenido durante 11 años, de forma regular, con manifestaciones mensuales, un rescoldo de movilización, desigual según las circunstancias, pero tenaz. Diversas organizaciones han estado trabajando por desenmascarar el proceso privatizador, los sindicatos, prácticamente no han incidido contra el desmantelamiento y han mantenido reivindicaciones en el marco de condiciones laborales. Actualmente, la huelga indefinida convocada por el sindicato médico (Amyts) en Madrid, para los profesionales de medicina de familia y pediatras prosigue con estancamiento total en la negociación y se extiende a otras comunidades autónomas.
Estas últimas embestidas del gobierno Ayuso sí que están despertando la indignación de la población, grandes movilizaciones se dieron en otoño, octubre y noviembre fueron masivas, la Marea Blanca de enero, fue un salto en lo que venían siendo las últimas, señal de que los profesionales sanitarios, trabajadores de distintos sectores, jubilados, vecinos de los barrios… estamos dándonos cuenta de lo que nos estamos jugando. La movilización unitaria es imprescindible: cada uno desde su espacio vecinal, sindical, político, con sus propuestas, sus siglas, sus banderas, sus pancartas, todos a na contra el desmantelamiento del sistema público de salud.
EL 12 DE FEBRERO LLENEMOS LAS CALLES DE MADRID