J. Romero
Los sectores juveniles sufren con particular intensidad las consecuencias negativas de todo orden que la crisis capitalista está provocando. Hay, es cierto, factores objetivos que dificultan la organización de la juventud: entre ellos, la dispersión de la producción en pequeñas y micro empresas que impiden o dificultan en grado extremo la sindicación; la generalización de las nuevas tecnologías (un factor agravado tras la pandemia, con la imposición del teletrabajo en algunos sectores) que hacen más difícil el contacto entre los trabajadores y favorecen su control por la empresa; la extensión de una “relación difusa” entre las personas que fomentan los nuevos medios de comunicación, las redes sociales como twiter o facebook, o buscadores que simplifican la información y permiten la manipulación y propagación de noticias falsas, etc; instrumentos, todos ellos, que abren el campo a la trivialización del debate político y, hábilmente utilizados por el poder, influyen, por supuesto, pero no explican por si solos el declive de la respuesta política organizada de los trabajadores jóvenes. También actúan otros factores subjetivos que agravan el problema: en primer lugar la traición de la generación anterior que recogió el testigo de la lucha y aceptó un pacto que desarticuló el movimiento popular y extendió la desmoralización, el desánimo y la confusión.
Otros factores, distintos, pero igual de influyentes en su contexto histórico (la falta de alfabetización, las dificultades de acceso a la cultura, el dominio absoluto por las confesiones religiosas -en España la Católica- de las escasas instituciones de enseñanza, las enormes dificultades y la escasez de medios de transporte, etc, influyeron en los inicios del movimiento obrero, dificultando el contacto entre los trabajadores para articular una respuesta común y organizada; y, sin embargo, éste fue capaz de superar esas dificultades, reforzando constantemente su coordinación, mejorando su organización y adquiriendo una consciencia política que le permitió llevar adelante procesos revolucionarios que abrieron camino a un mundo nuevo.
En nuestro país, el paro y la degradación del empleo entre los jóvenes están a la cabeza de Europa, la legislación laboral y social viene recortando paulatinamente derechos cuyo ejercicio se va convirtiendo en una quimera para los jóvenes (pensiones, descanso, protección legal del empleo, acceso a la vivienda, etc). Este es un penoso diagnóstico que se agrava conforme las nuevas generaciones pasan a engrosar el ejército de trabajadores.
A menudo, cuando se habla de la pérdida constante de las conquistas históricas de nuestra clase, se olvida que este proceso está dejando sin futuro a las nuevas generaciones, al tiempo que las estructuras organizadas que han permitido al proletariado avanzar en condiciones muy penosas se alejan de ellas, hipotecando su futuro. Y las consecuencias de esto pueden ser catastróficas.
La situación de los jóvenes “becarios” es un perfecto ejemplo de la explotación implacable, el desamparo legal y el abandono político que enfrentan cientos de miles de jóvenes que, con la excusa de ampliar sus estudios con la formación práctica en la empresa, han pasado a ser mano de obra barata en poder de un sistema laboral que reconoce en el papel derechos que ignora y pisotea en la práctica. Y, al tiempo demuestra la debilidad de la política seguida por el gobierno de coalición; cómo, sus promesas van quedando reducidas a la mínima expresión, en aras del “consenso” entre los “agentes sociales”.
CCOO, aunque no existe ningún registro oficial (como en tantos temas en los que en la práctica se conculca sistemáticamente la ley), calcula que unos 500.000 estudiantes hacen prácticas en empresas cada año (la mayoría, jóvenes, aunque es una práctica que se va extendiendo a otros sectores)1 Por su parte, en mayo del año pasado, RUGE, la asociación juvenil de UGT, señalaba que las empresas se han ahorrado hasta 300.000 puestos de trabajo anuales y más de 1.143 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social gracias a los falsos becarios.
Cientos de miles de jóvenes pasan a engrosar el ejército de carne a triturar en una estructura laboral en la que empresas e Instituciones (no solo la patronal privada, también muchas instituciones públicas y universidades, públicas y privadas), echan mano de este sistema de explotación desvergonzado. Cientos de miles de jóvenes trabajan en su mayor parte sin que la empresa cotice a la SS por su trabajo, sin vacaciones ni otros derechos reconocidos en los convenios de cada sector, sin derecho a ser tutelados por la representación sindical de su empresa, etc; realizando prácticas extracurriculares que nada tienen que ver con la materia que han estudiado; en ocasiones pagando a la empresa una formación en centros privados que no necesitan2 y con escasas posibilidades de acceder después de las prácticas a un empleo indefinido en la empresa donde las realiza (según un informe de CCOO en 2019: “A pesar de que se venden como una entrada al mercado laboral, entre 2007 y 2015, tan solo 4 de cada 100 becados pudo acceder a un contrato indefinido”). Un verdadero escándalo de explotación legalizada frente a la que gobierno y “agentes sociales” se desentienden en la práctica.
La organización juvenil de UGT, “RUGE” reivindicaba, entre otras cuestiones: la laboralización de las prácticas no laborales extracurriculares; mejoras en las prácticas no laborales curriculares; un registro nacional de becarios; la cotización al INSS de todo tipo de prácticas, sean o no remuneradas; que se dé competencia a los representantes legales de los trabajadores para acceder a los convenios de colaboración de las prácticas para velar sobre su correcto cumplimiento y la actuación concreta de la autoridad laboral sobre los centros privados y otros agentes que utilizan este sistema de precarización.
Se lleva años hablando de un Estatuto del becario que ponga fin a los abusos de los patronos; algo muy necesario, si bien es verdad que, incluso aunque finalmente se apruebe uno, si no se aumenta la plantilla y la autoridad de los inspectores de trabajo y se controla la judicatura laboral3, su eficacia en la práctica quedaría muy limitada.
Finalmente, en octubre de 2022, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos firmaron un preacuerdo sobre el Estatuto que planteaba poner fin a las prácticas extracurriculares (donde se concentran la mayoría de los abusos de las empresas y entidades que recurren a este sistema), fijaba límites horarios a los estudiantes (pare evitar el trabajo nocturno, por ejemplo), establecía que cuando el estudiante sustituyese funciones de un trabajador, la relación pasara a ser laboral, etc; la CEOE se opuso radicalmente a él.
Hace unos días, sin embargo, el Ministerio de Trabajo presentaba una nueva propuesta para “acercar posiciones con la patronal y también con las universidades”. En esta nueva cesión, que incumple el acuerdo anterior con los sindicatos, se acepta que las prácticas extracurriculares se sigan aplicando durante un periodo de tres años y “solo hasta un máximo de 36 créditos por curso académico” (sic)4.
El Estatuto del Becario volvía así a la casilla de salida, a la espera de que la patronal, y alguno de los “socios” del Gobierno (es el caso del PNV, EH Bildu y ERC que apoyan la posición de las universidades públicas y privadas del País Vasco y Cataluña respectivamente, favorable a la continuidad de la despiadada explotación del trabajo becario). A día de hoy, como en tantos otros temas, el gobierno de coalición ha impuesto su opción por el consenso con la gran patronal por encima del cumplimiento de los compromisos adquiridos en su constitución y del acuerdo con los sindicatos de octubre. El rechazo de CCOO y UGT se ha limitado, al menos de momento, a la queja por el quebrantamiento del acuerdo suscrito con el Ministerio, hace solo tres meses. De nuevo, y como siempre, la iniciativa queda en manos de la gran patronal.
Esta nueva decepción, se suma a otras: la reforma regresiva de las pensiones, pendiente de aprobación inminente, que incluye nuevos recortes; la incontrolable escalada de los precios de la vivienda y el alquiler, provocada por el crecimiento de la especulación en este sector, en el que los fondos de inversión con los que Sánchez trató amigablemente en la última cumbre de Davos, actúan como un factor altamente especulativo que empuja los costes hacia arriba, y la negativa del Gobierno a intervenir directamente en él, creando un parque público de vivienda social y procediendo a la confiscación de las viviendas de la Sareb pagadas con fondos públicos, etc. Se viene configurando así un panorama que aboca a la juventud a una situación de permanente tutela que impide su emancipación.
El problema es que con esta actitud se está condicionando el futuro de las generaciones jóvenes que deben coger el testigo de la lucha por el progreso y la emancipación del trabajo asalariado. Cuando el sindicalismo de clase les vuelve la espalda y rechaza ser una plataforma para organizar la repuesta a los ataques del capital, está debilitando al tiempo su propio poder, el de la clase a la que debiera representar; está debilitando al conjunto de la clase y desarmándola frente a un sistema agónico que no duda en destruir los avances arrancados por su lucha. En Europa, el movimiento sindical está respondiendo unido frente a la ofensiva del capital y la oleada de recortes que intenta imponer; en España, hace declaraciones, pero no ayuda a organizar la lucha que urge.
Sin embargo, en España, también empieza a articularse una respuesta organizada, sin ayuda del sindicalismo de clase, ni de la izquierda institucional enredada en sus prioridades pequeño burguesas; una lucha todavía sectorial, aunque, poco a poco, crezca su coordinación.
Entramos en un año electoral; nuevos sectores se incorporan, sin experiencia en muchas ocasiones, aprendiendo a tientas, a golpes, a pelear contra un enemigo muy superior en fuerza porque a su control económico, suma el de un Estado y unas instituciones a su servicio. Esa unidad que se va fraguando, va a permitir que en algunos municipios se sea capaz de presentar una alternativa unitaria que respete y ayude a la organización de las clases populares sobre objetivos comunes de firmeza frente a la reacción y su régimen.
Entramos en un año electoral. Hay miedo, un miedo razonable, a que la derecha reaccionaria y el fascismo saquen provecho de la política cobarde del gobierno de coalición y lleguen a controlar los gobiernos autonómicos y el estatal; un miedo que forzará a la mayoría a votar a fuerzas que han demostrado su incapacidad de avanzar de verdad en la defensa de los derechos amenazados, pero suponen un “mal menor” ante grupos como Vox o el PP.
Este miedo va a condicionar el resultado electoral, pero, tras las elecciones, pase lo que pase; se haya logrado o no evitar que la derecha franquista acceda al control sin limitaciones de las instituciones del Estado (el de las estructuras que ostentan el verdadero poder, nunca lo ha perdido), las enseñanzas de estos cuatro años de “ni quiero, ni puedo” del gobierno de la pequeña burguesía liberal, no deben caer en saco roto. En el campo popular habrá una mayoría que finalmente vote a la izquierda institucional para evitar que los votos se pierdan con el perverso sistema electoral vigente y habrá quien se abstenga a pesar del miedo; pero unos y otros debemos trabajar juntos para organizar la pelea de verdad, la que se da en la calle, en los tajos, centros de estudio y en las instituciones más cercanas, al margen de unos gobiernos que hasta ahora nos han sido ajenos.
Sí, necesitamos tiempo para que se vayan consolidando los núcleos de organización y unidad que, a pesar del abandono de la izquierda institucional, van surgiendo. Pero no debemos esperar al resultado para seguir avanzando sobre objetivos comunes claros y firmes. Y en este camino es esencial la presencia y la participación de la juventud; de esa juventud a la que el capital le niega un futuro que entre todos debemos conquistar.
NOTAS
1) En un artículo publicado por la revista “Relaciones Laborales en 2019, se tipifican hasta 12 tipos de contratos distintos. En el mismo texto, se afirma: “…el falso becario y el falso autónomo son el resultado de estrategias empresariales que persiguen alcanzar una ventaja competitiva a través del incremento de la flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo y la reducción de costes”. Que esto ocurra en una institución pública no deja de ser otro síntoma de la entrada de capital privado y el aumento de control por parte de empresas en las universidades públicas. De hecho los distintos inspectores de trabajo entrevistados para el informe coinciden en que “los diferentes acuerdos y modalidades bajo las cuales un puesto de trabajo se puede implementar, dificultan la detección de fraudes, valorando la actual regulación como excesivamente fragmentada”.
2 UGT denunciaba en agosto de 2019: “Las empresas- agencias de colocación y portales de empleo-captan a jóvenes y les ofrecen una beca si se apuntan a cursos en centros privados de formación. Cuando se incorporan a la empresa como becarios ven que entre el 60% y el 80% de la plantilla son becarios, que no tienen tutor y que deben realizar las labores de un trabajador.”
3 En una de las pocas sentencias judiciales sobre procedimientos relativos a los abusos empresariales contra trabajadores becarios, el Juzgado de lo Social nº 7 desestimaba una demanda contra la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros, con el argumento paternalista de que: “Las becas son para sacar de la zona de confort a los estudiantes”.
4 Los 36 créditos se traducen en 900 horas de prácticas nada menos, la mitad de una jornada laboral media. El Ministerio de Yolanda Díaz, acepta, además, flexibilizar las prácticas de carácter específico en una empresa, exigidas para ejercer ciertas profesiones (por ejemplo, los pilotos de aviación) que, en el acuerdo de Octubre, se acordó pasaran a contratos de formación regulados por el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores (remunerados)