El Rey no elegido, hijo del designado por el criminal Franco,Juan Carlos I, quien en 1975 confirmara su compromiso con la dictadura con estas palabras: “Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”, acaba de hacer, después de semanas de silencio, una declaración pública que es en sí misma un resumen perfecto del momento político que vivimos: El Jefe del Estado, no elegido sino designado en apenas dos semanas tras un acuerdo entre las fuerzas burguesas, y, por lo tanto, sin ninguna legitimidad democrática, ha utilizado apenas siete minutos para hacer una autentica declaración de guerra al pueblo catalán.
Con decenas de miles de personas en la calle, manifestando, con absoluta justeza, su indignación por la brutal represión del domingo pasado, mientras el gobierno y sus aliados exaltan y jalean los instintos más primarios de la caterva de racistas carpetovetónicos españolistas, el “rey de todo los españoles” carga toda la responsabilidad de la situación en las instituciones de Cataluña. El duelo entre las burguesías catalana y española lo resuelve de esta forma el sector abiertamente fascista del aparato de estado monárquico.
En estas circunstancias, ¿qué salida cabe esperar del régimen? ¿La aplicación del artículo 155 frente a un pueblo movilizado en defensa de su legítimo derecho a decidir?, ¿la repetición del espectáculo del 1 de octubre de policías y guardias civiles actuando a las órdenes de un gobierno reaccionario y corrupto, como auténticas fuerzas de ocupación? ¿La intervención del ejército? En cualquier caso queda claro que la oligarquía española y las fuerzas más turbias de la reacción están dispuestas a llegar hasta el final en esta pugna entre burguesías que ha terminado por ser un combate abierto contra los demócratas y los derechos y libertades democráticos.
¿De qué democracia hablan, cuando han impuesto leyes, tapado corruptelas y manipulado conciencias cuando han querido? ¿De qué legitimidad habla quien representa a una institución heredera de una dictadura brutal? ¿De qué responsabilidad hablan, quienes declaran la guerra al sentir de un pueblo que quiere expresar su opinión en las urnas?
Dos cosas quedan perfectamente claras: La primera, la verdadera naturaleza de un régimen, el del 78, fruto de la falta de ruptura real y efectiva con el franquismo, incapaz por ello de responder a los desafíos políticos, respetando al menos los anhelos más elementales de las clases populares. La segunda, la inoperancia de las fuerzas de izquierda, incapaces de defender con firmeza y claridad una propuesta de estado que devuelva a las clases trabajadoras y a los pueblos de España su soberanía, algo impensable sin romper previamente con la estructura de un régimen creado para imponer los designios de una minoría de oligarcas.
Quizá la brutal intervención de Felipe VI le sirva al bloque de poder para asegurarse la docilidad de quienes hasta ahora han sostenido su dominio o han mirado para otro lado cuando la realidad rompía la idílica y falsa imagen democrática del régimen monárquico; pero los trabajadores y las clases populares empiezan a comprender que, conforme se agudizan las contradicciones, sin una solución radical que pasa necesariamente por enfrentarse directamente con el entramado jurídico, político e institucional que garantiza la tiranía de los corruptos, la conclusión de las encrucijadas a las que se enfrenten va a venir del fascismo, que nunca ha sido expulsado realmente del Estado español.
En momentos como estos, no cabe la equidistancia, no cabe justificar la pasividad en la inoportunidad de la respuesta. Si la reacción finalmente impone su “solución” al problema, solo cabe esperar aún más dureza en la respuesta del poder a las reivindicaciones populares, solo cabe esperar más mano dura, aplicada con fraseología democrática.
El PCE (m-l) llama a todas las fuerzas de izquierda y progresistas a denunciar unidos y en la calle al rey ilegítimo, al gobierno reaccionario del PP y a sus cómplices; y emplaza a todas las fuerzas de progreso a unir fuerzas en un frente popular que permita avanzar en la construcción de una República Popular y Federativa, que garantice plenamente los derechos y libertades de los trabajadores y los pueblos de España.
Comité Ejecutivo del PCE (m-l)