Por Agustín Bagauda | Octubre nº 77
La semana pasada empezaba el debate en el Parlamento de los Presupuestos Generales del Estado 2015, presentados por el Gobierno del PP.
¿Son «unos presupuestos para el crecimiento y el empleo», para mejorar la situación económica de las clases trabajadoras, para combatir la pobreza? La respuesta es no.
De entrada, son unos presupuestos que parten de una premisa falsa, de la consideración de que hay una recuperación económica (que “ya nadie discute”, Montoro dixit) y que va a continuar (crecimiento del PIB para 2015 del 2 %), cuando resulta que la UE está entrando en una nueva recesión (la tercera) y que si bien España lleva varios trimestres de incremento del PIB se verá arrastrada por esa situación que afecta a las principales economías de la Zona Euro: Italia, Alemania y Francia (1). Todos los grupos parlamentarios coinciden en esta consideración inicial.
El Gobierno ha dicho que uno de sus objetivos con estos presupuestos es reducir el déficit hasta 4,2% del PIB. Si la previsión del déficit público para 2014 no es inferior al 5,5 %, está claro que esa reducción bien se hará aumentando ingresos, bien disminuyendo gastos. Dicen que aquellos aumentarán gracias a una mayor actividad económica, pero ya hemos visto que es pura ilusión. No queda otra que rebajar el déficit a base de disminuir el gasto público. Más recortes. ¿Beneficia esto a la inmensa mayoría de la población? No.
La rauda modificación de la Constitución del 78 (art. 135), por los dos principales puntales del Régimen, PSOE y PP (¡dónde está la soberanía del pueblo con la que se les llena la boca!), garantiza la prioridad del pago a los acreedores, a los usureros, en detrimento de las personas, familias trabajadoras y pequeñas empresas. La satisfacción de sus necesidades vitales no es su problema. Así, los PGE contemplan una partida como pago de los intereses de deuda pública (ahora por encima del 97,5 % del PIB se prevé supere el 100 % para 2015) de 35.490 millones €. Compárese con el gasto total destinado a las prestaciones por desempleo, que se reduce un 15% (4.427 millones € menos), respecto a 2014, y es de 25.300 millones de euros. ¿A quién beneficia y a quien perjudica esto?
El Ejecutivo lo justifica asegurando que este recorte se debe a la “mejora del mercado laboral”, pero sin embargo la bolsa de desempleados que no recibe ningún tipo de prestación ha ido aumentando con los años, abarcando actualmente al 40 % de los parados, y la recesión, que está llamando a nuestra puerta, llevará a un repunte del paro. Por otro lado, si bien es cierto que el pago de intereses se reduce un 3%, en relación con 2014, resulta que es más del doble de la cantidad que se pagaba al inicio de la crisis: 16.631 millones (2008).
La deuda pública, cada vez mayor, y los intereses de la misma son consecuencia de una política económica neoliberal. Ahoga cualquier atisbo de reactivación económica sólida. Una política económica de signo distinto, con un importante gasto público y fuertes inversiones públicas, donde el Estado juegue un papel protagonista en la economía, permitiría desarrollar sectores productivos, sobre todo la industria, que impulsarían la economía y generaría empleo en cantidad como la situación requiere.
Sin embargo, tenemos, por ejemplo, que estos PGE dedican sólo 763 millones a inversiones públicas. Esto, hablando en plata, es una birria cuando se requiere, si buscamos esos objetivos, la inversión de decenas de miles de millones. Los siervos políticos del capital son conscientes de ello pero, en tanto que tales, les importan un bledo dichos fines, puesto que el suyo es garantizar el aumento de la tasa de ganancia y los intereses de sus amos.
Veamos otras partidas significativas destinadas a protección social. Así, los presupuestos del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) se ven reducidos en un 10,8 %, con un montante de 30.245 millones €. El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) mantiene congelada su cuantía (desde 2010, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo) en 532,5 €/mes. Se congela también la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) en 1.087 millones, sin olvidar que la cobertura para 2015 se ampliará a más de medio millón de beneficiarios. El gasto en Sanidad sufre un nuevo descenso hasta situarse en la mitad de lo que se presupuesto para 2011.
En resumen, estos presupuestos conllevarán una mayor exclusión social y pobreza, ayudarán a mantener el paro crónico (la OIT ya ha dicho que hasta 2023 no volveremos a los niveles de empleo previos a la crisis) y el exilio forzoso de miles de nuestros jóvenes; al desmantelamiento de los servicios públicos y sociales y a la pervivencia de la crisis. Una vuelta de tuerca más para el proletariado y clases populares. Sin embargo, algunos harán sus agostos.
Y eso sí, Rajoy y sus ministros se congelan el sueldo por cuarto año consecutivo. También la Casa del Rey…
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(1) La entrada en recesión supondrá una disminución de las importaciones de esos países y, por tanto, una disminución de las exportaciones españolas a los mismos y, como consecuencia, un freno a la economía, lo que corrobora el Ministro de Economía, De Guindos, haciendo una afirmación en sentido contrario, al asegurar que la «velocidad de crucero» próxima al 2%” de la economía española se puede mantener dada la «buena» evolución de las exportaciones y un repunte de la demanda doméstica (lainformacion.com, 24/10/14).