C. Hermida
El 3 de septiembre del presente año el diario El País publicó un artículo titulado “Los universitarios españoles se escoran hacia el conservadurismo”, en el que comentaba el trabajo que tres politólogos de la Fundación BBVA habían realizado sobre una cuestión extremadamente interesante: Estudio de opinión pública sobre los universitarios en España, realizado sobre un cuestionario planteado a 3.340 alumnos matriculados en la Universidad.
Lo que se desprende de dicho análisis confirma lo que se viene observando desde hace años: que amplios sectores de la sociedad, a escala española e internacional, han ido escorándose hacia posiciones conservadoras; incluso han interiorizado un discurso en el que priman la xenofobia, el racismo, el odio al feminismo y el fascismo, y que tiene su concreción política en el ascenso electoral de partidos que genéricamente denominamos de extrema derecha, como son en nuestro país VOX y Se Acabó la Fiesta.
La ideología de las personas está determinada por factores materiales, como la pertenencia a una clase social y la división social del trabajo, pero también depende de los aparatos ideológicos de las clases dominantes, fundamentalmente los medios de comunicación y el sistema educativo. Desde que la enseñanza fue adquiriendo un carácter universal y gratuito, al menos en sus etapas básicas, a lo largo del siglo XIX y XX, el aparato educativo se convirtió en un instrumento fundamental en la difusión del sistema de valores de la burguesía. Pero también la Universidad jugó en este sentido un importante papel a medida que los estudios superiores dejaron de estar reservados a una élite social y adquirieron un carácter de masas en la segunda mitad del siglo XX. Y aquí es donde queremos incidir, estableciendo una diferencia entre la Universidad pública y la privada. Nos referimos al caso español, aunque también creemos que las siguientes consideraciones se pueden hacer extensivas más allá de nuestras fronteras.
Nuestra Constitución garantiza la libertad de cátedra en el ámbito de la enseñanza; es decir, es un derecho que atañe a todo aquel que se encarga de enseñar, en tanto que le permite expresar ideas o convicciones libremente con relación a la materia objeto de enseñanza, siempre, claro está, respetando los derechos del alumnado y en tanto no se difundan mensajes de odio, racismo, discriminación, etc.
Es evidente que en la Universidad pública este derecho de los docentes se ve reforzado por el hecho de que una buena parte del profesorado es funcionario público y, en consecuencia, tiene una seguridad jurídica en cuanto a su puesto de trabajo. En pocas palabras, superada la fase de oposición, un funcionario tiene asegurada su plaza de por vida, salvo que cometa una falta especialmente grave. Esta situación le permite el ejercicio de una libertad de expresión sin temor a represalias por parte de sus superiores jerárquicos: decanos, rectores, etc., al menos en cuanto a su puesto de trabajo; otra cosa es su proyección académica.
Por el contrario, en la Universidad privada el docente es un trabajador asalariado que está vinculado a la institución por un contrato laboral y esta relación contractual puede romperse de acuerdo con la normativa vigente en el marco que regulan las relaciones entre empresarios y trabajadores. Lo que esto significa, es que el profesor de la Universidad privada procurará adecuarse a los valores de la entidad para la que presta sus servicios y no discrepar de ellos. Aunque le ampare la libertad de cátedra, sería realmente suicida que un docente de una Universidad católica explique Historia utilizando el marco teórico del materialismo histórico o que el profesor de Estructura Económica emplee las categorías de Marx para analizar el capitalismo. En pocas palabras, las Universidades privadas, y no solamente las confesionalmente católicas, defienden y difunden un código de valores conservador en lo político y lo social, que justifica el orden clasista, defiende el sistema capitalista y rechaza sistemáticamente cualquier alternativa al statu quo. O lo que es lo mismo, se identifican con la derecha política.
EL IMPARABLE ASCENSO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA.
En 1991 había en España cuatro Universidades privadas: Navarra (Opus Dei), Deusto (jesuitas) y dos Pontificias, la de Comillas y la de Salamanca. En el curso 2022/2023 se contabilizan 39, lo que supone un incremento de más del 900% El punto de partida lo señaló el real decreto 557/1991 de 12 de abril, que regulaba la creación de Universidades privadas. No estará de más recordar que en el gobierno estaba el PSOE y el presidente era Felipe González.
Frente a este aumento espectacular de la enseñanza superior privada, el número de Universidades públicas asciende a 50 y permanece estancado desde 1998. Desde el curso 2015-2016, el número de estudiantes matriculados en centros públicos ha descendido un 6%, pasando de 1.143.223 alumnos a 1.075.053 alumnos en ocho años. En el mismo periodo, los estudiantes de universidades privadas han aumentado desde los 178.475 alumnos hasta los 278.294, un aumento del 56%.
La etapa universitaria es un período trascendental en la formación intelectual de la juventud, y no nos referimos solamente a los conocimientos concretos, sino también, y especialmente, a la adquisición de un pensamiento crítico que permite juzgar la realidad desde planteamientos objetivos. Y eso no es posible adquirirlo, o al menos es especialmente difícil, en unos centros privados que están sesgados ideológicamente y donde el profesorado se siente coartado para ejercer su libertad de opinión.
La Universidad privada no solo es un negocio muy rentable, sino que contribuye de una manera decisiva a inculcar en los jóvenes actitudes, concepciones y comportamientos profundamente reaccionarios.
Aunque es evidente que la derechización de amplios sectores sociales es multicausal, consideramos que el retroceso de la enseñanza pública es un factor fundamental en este proceso. Pero no se trata solo de retroceso, sino que la Universidad pública se ve contaminada por unas prácticas mercantiles nocivas, como es la proliferación de Masters con una intencionalidad exclusivamente recaudatoria, y cuya calidad científica es en muchas ocasiones mínima.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
Asistimos desde hace años al deterioro sistemático de los servicios públicos, resultado de una política económica neoliberal en la que coinciden los principales partidos parlamentarios. Lo privado se expande y lo público retrocede, en una dinámica perversa que consiste, en primer lugar, en disminuir deliberadamente la inversión en los servicios públicos, tanto en personal como en infraestructuras, a fin de que no puedan cubrir las necesidades de los ciudadanos. A continuación, se difunde la idea de que lo público no funciona y además supone un despilfarro de dinero público. Finalmente, mediante gigantescas campañas publicitarias, se transmite a la población el mensaje de que la empresa privada gestiona mejor la educación, la sanidad, la limpieza urbana, etc., es más eficiente y más barata.
La educación en España es uno de esos problemas estructurales que no pueden solucionarse en el marco del ordenamiento político vigente. La monarquía y la Constitución de 1978 constituyen un sistema político al servicio de la oligarquía y son el obstáculo fundamental que impide una reordenación radical de la enseñanza. Por ello, consideramos que solo la República Popular y Federativa puede acometer las profundas transformaciones que nuestro país necesita en todos los ámbitos. Y, en ese marco republicano, se llevarán a cabo una serie de actuaciones fundamentales en relación con la enseñanza en su nivel universitario:
A) Se potenciará la red de Universidades públicas.
B) Prohibición de fundar nuevas Universidades privadas.
C) Supresión inmediata de aquellas entidades privadas que no alcancen unos determinados estándares de calidad, tanto en la docencia como en la investigación.
D) El resto se integrará progresivamente en la red de Universidades públicas. Durante este proceso, los centros privados quedarán bajo la supervisión estatal en el ámbito administrativo y académico.
La Universidad es un servicio público y, en cuanto tal, la propiedad y la gestión deben ser estatales, único medio de que cumpla con su misión de formación científica y humanística, a la vez que contribuye a difundir valores democráticos y pensamiento crítico.
La Universidad privada es, por el contrario, un negocio más dentro del capitalismo, que se rige por criterios de rentabilidad económica, y tiene como objetivo la reproducción de unas élites sociales cuyos intereses son antagónicos a los de las clases populares. Este modelo es incompatible con un proyecto republicano en el que el conjunto de clases populares constituya un nuevo bloque de poder capaz de romper el poder político y económico de la oligarquía.