F. Ramos
El 12 de Febrero se aprobó definitivamente en el Parlamento la subida de las pensiones para este año, con los votos del PP y Junts. Recordemos que las contributivas suben un 2,8%, cantidad muy alejada de lo que en realidad ha subido el coste de la vida, lo que sin duda constatan día a día los pensionistas y en general la población trabajadora.
En este nuevo Decreto » ómnibus» de sólo 29 medidas frente a las 80 del anterior, también se acuerda el fin de la rebaja del IVA a determinados alimentos, y todo indica que la prórroga de las ayudas al transporte que finalizará definitivamente en el mes de Junio.
Recordemos que la votación sobre el primer Decreto «ómnibus» fue el día 22 de Enero y el Gobierno la perdió, creándose el lógico estupor y rechazo, sobre todo entre los y las pensionistas de todo el país, que veían como la anunciada subida, aún limitada como hemos dicho, quedaba sin efecto legal. A pesar de sus declaraciones en contrario, el Gobierno tuvo finalmente que rectificar para obtener el voto favorable del PP y Junts y rebajar así el rechazo en aumento de los pensionistas.
Lo ocurrido reveló, una vez más, que los partidos que sostienen y gestionan el régimen, no tienen ningún respeto por el pueblo trabajador y que los pocos derechos sociales y laborales que todavía tenemos, no sólo son objeto de continuos recortes sino que también están sujetos constantemente al «paripé» parlamentario y los mezquinos manejos electoralistas de las fuerzas institucionales, para mantener siempre a la gente en el redil, resignada a aceptar el mal menor, en lugar de avanzar en la mejora de esos derechos.
Sólo así se entiende que el gobierno de coalición PSOE-Sumar introdujera la subida de pensiones en un macro decreto que era más que previsible que contara con los votos en contra de PP, Vox y Junts, suficientes para su no aprobación, por lo que, a priori, parecía fácil descargar sobre esos partidos el rechazo de los pensionistas.
Sin embargo, la situación no fue tan sencilla de presentar ante la opinión pública, puesto que el gobierno sí se había preocupado de pactar con la derecha y sus aliados la votación en la misma sesión parlamentaria por separado de otros decretos, cuya inmediata e inequívoca aprobación parlamentaria venía exigiendo el poder financiero, tanto para anular el impuesto a las grandes energéticas, como para potenciar la jubilación » voluntaria» a los 72 años, una nueva y peligrosa vía de eliminar el carácter colectivo del derecho a la jubilación pública, avanzando hacia su privatización y transformación en una prestación individualizada.
Pero en esta ceremonia de la confusión, y con el auxilio de la direcciones de CCOO y UGT, lo que si han logrado, es que quede relegado a un muy segundo plano, el debate y la crítica sobre lo escaso de la subida de las pensiones (éstas perdieron, sólo en el 2022 un 5,9/ % de poder adquisitivo, además de suprimirse el derecho de los pensionistas al abono de la paga por desviación del IPC); en contraste, además, con los constantes y escandalosos aumentos de los beneficios de la banca, que, al tiempo de este rifirrafe parlamentario, anunciaban unas ganancias record superiores en conjunto a los 35.000 millones de euros, y las grandes empresas.
Esta situación esperpéntica ha coincidido con que en el movimiento de Pensionistas en lucha ha dinamizado la discusión y el análisis sobre su estado actual, alejado de la fuerza que hasta hace poco tiempo tuvo en la calle y en el debate político y social. En esa discusión, orientada a la reorganización y a la acción, avanzan las opiniones que rechazan el seguidismo hacia el «gobierno amigo» y que señalan, además, que ese seguidismo es una de la causas de la pérdida de fuerza del movimiento.
Lo ocurrido estos días en el Parlamento no hace más que reforzar a los que así pensamos, que , por otra parte, tenemos muy presente que ni mucho menos han finalizado los ataques contra el sistema público de pensiones; incluso no es descartable próximas medidas de congelación sobre su cuantía, máxime si tenemos en cuenta por ejemplo el aumento presente y futuro de los gastos militares, impulsado, a costa de los derechos públicos, anunciado por las instituciones internacionales (OTAN y UE) y aceptado por el gobierno de coalición .
Para impedir que esto ocurra, necesitamos, en efecto, el reencuentro y reorganización de la movilización pensionista, y que esta esté orientada hacia la unidad y la lucha con el conjunto de la clase obrera para enfrentar las políticas del capital, gobierne quien gobierne, y plantearse sin complejos ni miedos que necesitamos un cambio de régimen, romper con la monarquía y conquistar la República del pueblo.
¡¡ GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES Y LO PÚBLICO, SE DEFIENDE!!
¡¡UNIDAD Y FIRMEZA DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LAS PENSIONES!!
