J. Romero
“La cuestión de la vivienda refleja perfectamente el carácter formal de la democracia monárquica que ignora sistemáticamente los derechos reconocidos en su propia constitución de 1.978: Mientras el hijo de Juan Carlos I, dispone de un palacio de 1700 metros cuadrados, el problema de la vivienda ha alcanzado los últimos años unas dimensiones sociales alarmantes; un puñado de especuladores y ganapanes se han hecho literalmente de oro, en tanto millones de ciudadanos, especialmente los jóvenes, tienen serias dificultades para desarrollar sus expectativas vitales, obligados como están, a endeudarse prácticamente toda la vida para poder adquirir una casa en propiedad o hacer frente a alquileres que se llevan una parte sustancial de sus recursos”. La Vivienda en España: Un problema acuciante Plataforma de Ciudadanos por la República (2006)
La manifestación del pasado Domingo 13 de Octubre en Madrid, ha trasladado el acuciante problema de la vivienda en España, de los cenáculos políticos y las tertulias televisivas, a la calle, probando fuera de toda duda que la juventud, aún con problemas (falta de organización y de objetivos políticos claros, principalmente) está dispuesta a la lucha frontal contra el sistema.
Todos saben que el artículo 47 de la Constitución monárquica, como todos aquellos que hablan de derechos democráticos, políticos o sociales, es papel mojado; que el bono de alquiler jóven, la Ley de Vivienda y el resto de medidas que ha adoptado el Gobierno, que se niega a intervenir directamente en el mercado de la vivienda, no han servido para nada, o, peor aún, han contribuido a aumentar el negocio de los especuladores, que se han apropiado de los fondos con los que el gobierno de coalición pretendía ayudar a los jóvenes.
Para una mayoría de políticos y técnicos “pragmáticos”, la vivienda está sujeta al capricho del mercado; sólo él y sus “ciegas” leyes son responsables del problema; en su día, el ínclito truhan de las Azores, Aznar, insistía cínicamente en que la vivienda se encarece, porque la gente compra. Para la burguesía, el problema se limita a un “desacople” entre la oferta y la demanda de viviendas, que se corregiría construyendo más.
Por eso, este mismo año, el pasado mes de abril, el Banco de España hacía este diagnóstico: “nuestro país necesitaría 600.000 casas hasta 2025 para suplir el “déficit” existente, cuando ahora se construyen únicamente entre 80.000 y 100.000 anuales”. Por eso, Gobierno, promotores y constructores se comprometían a favorecer la construcción de nuevas viviendas para afrontar la crisis actual y el brutal aumento de su coste.
¿Faltan viviendas? Tan lejos como 2006, la Plataforma de Ciudadanos por la República, hacía público el informe del que procede la cita que encabeza este artículo, en el que se afirmaba, con datos recogidos de diversas fuentes: “En los últimos años, los permisos de construcción en España han superado los correspondientes a los de Alemania, Reino Unido e Italia juntos. En el año 2.005, se construyeron más de 800.000 viviendas (desde 2.001 se han levantado por encima de 600.000 anuales) cuando el nivel estructural deseable se sitúa, según el Colegio de Arquitectos, entre las 300.000 y las 350.000 al año”. Eran los años del boom de la construcción que arruinó a miles de familias al estallar la burbuja en 2007.
De aquella crisis, la gran banca salió bien parada con la ayuda del Estado, con dinero de todos que nunca se ha recuperado: se estima que la Sareb absorbió aproximadamente 200.000 activos inmobiliarios (viviendas, suelo y otros), de las que solo una cifra muy reducida, unas 15 mil viviendas, han sido destinadas a alquiler social desde la creación de la entidad.
Y, sin embargo, ese desaforado ritmo de construcción no bajó los precios, sino que, por el contrario, como indica un reciente informe de CCOO: “el precio nominal medio de la vivienda se triplicó en una década (1995-2005), alimentando la burbuja especulativa hasta el estallido de la crisis en 2007. Y el esfuerzo de las familias para afrontar su pago, se duplicó: en la década de los noventa hacían falta menos de 5 años de ingresos salariales para comprar una vivienda, mientras que en 2007 hacía falta el salario íntegro de 10 años.
Es decir, el aumento en la construcción de viviendas no lleva aparejada una reduccción de sus costes y del esfuerzo para pagarlas, sino que tiene el efecto contrario, porque el capital no entiende la vivienda como un bien necesario, sino como una inversión especulativa y el Estado burgués no asegura el acceso asequible a pisos de alquiler social público.
Y no es que los gobiernos de turno no hayan sido generosos para mantener engrasado el negocio de constructores, promotores y bancos: El Gobierno central, ha destinado más de 200.000 millones de euros a política de vivienda durante los últimos cuarenta años, sin incluir en esta cifra el esfuerzo adicional realizado por comunidades autónomas o corporaciones locales (Entre 1982 y 2022, 162.000 millones de euros de 2023 solo en la deducción fiscal en el IRPF de cantidades destinadas a inversión en vivienda). Con ese volumen de recursos se habría podido edificar un parque de 2 millones de viviendas de alquiler, que en 2024 serían la clave de la solución al problema de la vivienda en España.
Como señala también el informe de CCOO, al que remitimos por su interés: “Destinar el gasto público a constituir un parque público de vivienda de alquiler habría permitido disponer de un mecanismo de intervención directa en el mercado inmobiliario, sirviendo de contrapeso al poder de mercado de los propietarios privados y abaratando el acceso a la vivienda de precio libre, tanto en compra como en alquiler.. Deducciones que en gran medida han supuesto una transferencia de dinero público de las que el vendedor se apropiaba incrementando el precio de venta, sabedor de la mayor capacidad de pago del comprador al disponer de la ayuda fiscal”. No faltan pisos, sobran especuladores No, el problema no se soluciona construyendo más viviendas. El capital viene creando un clima de alarma social sobre ocupaciones de viviendas, impagos de inquilinos morosos, mal uso de las viviendas alquiladas, escasez de viviendas, etc, con el objetivo de desviar las causas reales del problema, granjearse el apoyo de los pequeños caseros rentistas y justificar la acción de los grandes especuladores. Pero, como demuestran los hechos, la penetración de fondos buitres y la acción especulativa de los grandes tenedores, que acaparan una parte sustancial de la vivienda de nueva construcción, son hoy los principales factores que empujan hacia arriba el precio de la vivienda de un modo constante y han provocado también una brutal espiral del precio de los alquileres. Por la utilización de testaferros, empresas pantalla, etc, es muy difícil saber con total seguridad el número de viviendas en poder de los fondos buitre y, en general de las empresas y grandes tenedores que especulan con ellas en el mercado de alquiler. Sirva como aproximación el balance que hacía público el sitio web, Civio, a principios de este año, solo en relación con las once Comunidades Autónomas que facilitaron datos: teniendo en cuenta únicamente las 737 empresas o grupos empresariales que acumulan al menos 50 viviendas alquiladas, estas controlan por encima de los 178.000 alquileres; la cifra real seguramente será mucho mayor(1) . Es este oligopolio el que manipula y determina los precios de compras y alquileres.
¿Compra o alquiler?
Dado el brutal encarecimiento de la vivienda libre y teniendo en cuenta que, incluso la denominada Vivienda de Protección Oficial dista mucho de ser una alternativa al alcance de los trabajadores(2), como señala el informe de CCOO: el alquiler a precios de mercado se ha convertido en la única opción para amplios sectores de población expulsados del acceso a la propiedad, generando un cambio en el modelo residencial español. En 1985, el denominado Decreto Boyer(3) liberalizó el alquiler en España, eliminando la prórrroga automática de los contratos, lo que dió comienzo a una escalada en los precios del mercado libre de alquiler. Hoy, el alquiler libre privado, a pesar de su coste desorbitado, es la única alternativa de alojamiento para gran parte de la población, sobre todo los jóvenes.
Los datos hablan por sí solos: el precio de los alquileres ha subido más del 51% en los últimos diez años (esta es la cifra publicada por El País, otros medios la elevan al 66%), mientras que los sueldos sólo han aumentado un 3,4% en todo este tiempo, lo que hace que los trabajadores se enfrenten a dificultades insalvables para acceder a una vivienda que les permita emanciparse en condiciones adecuadas. En definitiva, la vivienda está enriqueciendo a un pequeño sector de espeuladores sin escrúpulos y condicionando la vida de millones de personas.
¿Cómo afrontar el problema?
En la manifestación del 13 de Octubre prendió rápido una consigna que resume el carácter político que tiene el problema de la vivienda y cómo tratar su solución: sin expropiación, no hay solución.
Efectivamente, las diferentes fuerzas políticas que expresan los intereses de la pequeña burguesía han afrontado o afrontan el problema desde una perspectiva reformista, o de solidaridad emocional (limitándose, por ejemplo, a defender en aquellos casos particularmente dolorosos a las familias deshauciadas). Pero eso, en un país como España, en el que se producen 80 deshaucios cada día, es como intentar detener una corriente de agua, abrazándola.
Lo más urgente, lo primero, es organizarse: combatir sin unir esfuerzos debilita la fuerza de la respuesta. Pero es imprescindible también tener un objetivo claro para orientar la lucha colectiva: sin objetivos claros, se dan palos de ciego.
Es necesario exponer claramente la única alternativa que puede permitir una solución: el desarrollo de un parque público de alquiler social: en España, únicamente el 2,5% de las viviendas son de alquiler social público, frente al 30% de Paises Bajos, el 24% de Austria o el 20,9% de Dinamarca, por ejemplo; es una cifra vergonzosa que debería sonrojar a quienes siguen insistiendo en sus monsergas de diálogo social y reforma tranquila.
No es posible enfocar el lamentable estado actual de la vivienda en el Estado español si no se tiene en cuenta la perspectiva política del problema. Con el paso de los años hemos llegado a una situación en la que cualquier medida racional, encaminada a garantizar el acceso a la vivienda como derecho social, se antoja revolucionaria. Y en cierto sentido lo es, por cuanto ataca necesariamente los fundamentos de un régimen (el monárquico) que tiene en el poder de la oligarquía y el caciquismo la base de sostén de su estructura política y en la especulación el centro de su actividad económica:
¿Como garantizar que el Estado conforma un parque de viviendas capaz de hacer frente a las necesidades de la mayoría? El Estado cuenta con las viviendas vacias, cuenta también con las viviendas de la SAREB, pagadas con dinero público que deben pasar de inmediato a formar parte de ese parque de vivienda social; y cuenta con las decenas de miles de viviendas de grandes especuladores y fondos buitres, a los que, en lugar de cederles la gestión del patrimonio inmobiliario de la Sareb, como hizo en 2022, debería expropiar.
El informe de CCOO, señala: “España dispone de 3,8 millones de viviendas vacías (1,1 millones en capitales y grandes ciudades) que sumadas a las viviendas turísticas, podrían destinarse al alquiler residencial y cubrir la demanda de vivienda habitual de la próxima década…Las viviendas vacías constituyen un activo indispensable a movilizar para garantizar el derecho a la vivienda de la población y facilitar la conformación de nuevos hogares…movilizar hacia un uso residencial la vivienda vacía y turística existente permitiría ampliar la oferta de alquiler residencial un 66% en las grandes ciudades y cubrir con creces la creación prevista de nuevos hogares de aquí a 5 años…”. Informe CCOO
Pero la primera de las medidas que la situación exige tomar es, simple y llanamente, la expopiación inmediata de los grandes tenedores y de los fondos buitres. No solo para poner al alcance de las personas los cientos de miles de pisos que controlan; también, y sobre todo, para evitar que sean sus manejos los que determinen el coste para acceder a un bien imprescindible para que las personas desarrollen una vida en libertad.
El capital nos habla de mercado libre; pero el término “libre” para los capitalistas, significa solo libre del control social, en interés de los especuladores sin principios.
SIN EXPROPIACIÓN, NO HAY SOLUCIÓN
NOTAS
*(1).- Todo ello sin contar con el ingente patrimonio de la Iglesia católica. Esta confesión religiosa que, según Europa Laica, recibe del Estado, entre exenciones e ingresos directos, cerca de 12.000 millones de euros anuales, posee también según diversos expertos cerca de 100.000 inmuebles (solo entre 1998 y 2021 la Iglesia había inmatriculado, aplicando una ley franquista recuperada por JM Aznar, 34.961 propiedades).
*(2).- Sirva un ejemplo: hace unos meses, la Comunidad de Madrid, gobernada por el reaccionario PP, subió el precio del metro cuadrado de la Vivienda de Protección Oficial, entre el 26% y el 56%, dependiendo de la zona, por lo que, según el sindicato UGT, una vivienda VPO de 80 metros cuadrados en algunos municipios del norte de Madrid ( Alcobendas, S S de los Reyes) costará 225.000 euros, un precio inalcanzable para la mayoría de los trabajadores.
*(3).- Miguel Boyer era entonces Ministro de Economía y Hacienda del Gobierno de Felipe González.
- Cuatro décadas fallidas de política de vivienda. CCOO-Gabinete Estudios. 9 octubre de 2024
