En estos momentos, el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas están inmersos en un debate sobre cómo encauzar el actual curso académico. El pasado 7 de abril tenía lugar una reunión del Consejo Escolar del Estado, órgano consultivo, no ejecutivo, para debatir sobre la cuestión. Su propuesta fue avanzar en el temario y evaluar esos contenidos. La CEAPA, agrupación de las asociaciones de madres y padres de alumnos que forma parte de dicho Consejo, se manifestó en contra de este acuerdo y traslado la propuesta, que no fue aceptada, de que no se avance en el temario y que el trabajo telemático no sea evaluable.
El PCE (m-l) considera:
Primero, que estamos viviendo una situación excepcional que, por tanto, requiere medidas excepcionales, también en el ámbito educativo.
Segundo, que dicha situación obliga a mirar no solamente la cuestión académica sino también la propia situación vital y de bienestar de los alumnos y sus familias. Ambas cuestiones están entrelazadas y a ambas los gobiernos central y autonómicos deben dar una solución.
Son las familias trabajadoras, con padres con salarios de hambre, en ERTEs, despedidos, desempleados de corta y larga duración, que han tenido que cerrar sus pequeños negocios, con todas las consecuencias familiares y sociales derivadas de ello; son estas familias, decimos, las que realmente están siendo golpeadas por la crisis sanitaria y económica.
Tercero, que bajo ningún concepto esos alumnos (al menos el 10 %), hijos de trabajadores, de centros públicos de barrios populares, que están “desconectados” de sus centros escolares (también universitarios), porque carecen de medios tecnológicos (internet, ordenadores, tablets,…), se pueden ver perjudicados por la medidas que tome la administración educativa.
Cuarto, que para garantizar esto, las CC.AA., con la ayuda que precisen del Gobierno, deben elaborar con urgencia un censo completo de todos y cada uno de estos alumnos y hacerles llegar de forma directa e inmediata el material y medios que precisen para que puedan seguir el resto del curso con normalidad, dentro de las limitaciones a que nos obliga el confinamiento.
Las Consejerías de Educación deben priorizar sus esfuerzos, redoblarlos, en atender las necesidades de los niños y jóvenes con problemas socioeconómicos.
Quinto, que si el punto anterior no se cumple, una evaluación de los contenidos impartidos telemáticamente supone un castigo (otro más) para esos alumnos y sus familias, una injusticia intolerable. Pagarían, como siempre, los hijos de los obreros, que son los que fundamentalmente están pagando esta crisis.
Sexto, que solo si se garantiza lo referido, la evaluación de final de curso podrá realizarse, pero en todo caso de forma muy flexible, y en la cual debe tener un mayor peso lo realizado por el alumnado desde el principio del curso académico y hasta que se decretó el Estado de Alarma, es decir, las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación; así como tener en cuenta, a la hora de promocionar, las dificultades de todo tipo que atraviesan los estudiantes arriba mencionados.
Séptimo, que el confinamiento y la obligada impartición telemática de la enseñanza no puede suponer una carga extra ni para los profesores (que ya ponen sus casas, electricidad, ordenadores, teléfonos,..), ni para los alumnos y sus familias. También se debe ser flexible en este punto. Esto podrá suponer no avanzar, o avanzar muy poco, en contenidos.
9 de abril de 2020
Comité Ejecutivo del PCE (m-l)
