F. Ramos
El Gobierno PSOE -UP y CCOO y UGT han firmado un nuevo acuerdo que continúa la dirección y objetivos de las anteriores reformas regresivas del sistema público de pensiones, esto es: retraso de la edad de jubilación, reducir la cuantía de la base reguladora y por consiguiente del importe de la pensión, eliminar la actualización y subida de ese importe conforme a la subida real de la carestía de la vida, hacer más difícil el acceso a una pensión contributiva, privatizar el sistema público de pensiones y ponerlo al servicio de las entidades financieras para convertirlo en un negocio sólo rentable para las mismas
Con el referido acuerdo pretenden dejar muy claro que, pese a las promesas electorales y los compromisos adquiridos, no van a ser atendidas las reivindicaciones del movimiento pensionista y de los/as trabajadores/ as en activo para recuperar los derechos perdidos, y que motivaron huelgas generales y numerosas movilizaciones.
Insistiendo una vez más en la falacia de la “sostenibilidad”, quieren que asumamos que el sistema público de pensiones es deficitario y que por ello está sujeto permanente y periódicamente a inevitables recortes; así, el contenido del “debate” y los acuerdos que nos imponen se reducen a cuántos y en qué plazos se aplican esos recortes y sacrificios que soportamos los trabajadores.
Ciertamente ahora han tenido que maniobrar y limitar el alcance de la reforma inicialmente prevista, y ello debido a que en año electoral existe una situación potencialmente peligrosa para la “paz social” que se esfuerzan en mantener: la alta inflación y la ridícula subida salarial donde la ha habido (recordemos que son numerosos los Convenios Colectivos sin negociar y que afectan a centenares de miles de asalariados/as): la movilización que no cesa del movimiento pensionista, una buena parte del cual no se ha dejado engañar por la aparentemente grande subida del 8,5% de las pensiones; la constante lucha del movimiento obrero y popular en Francia precisamente contra el retraso de la edad de jubilación, lo que aconsejó a la UE ser menos exigente en la “vuelta de tuerca” que nos tenían preparada…
Por lo anterior han renunciando a aprobar la ampliación del periodo de cómputo de años cotizados a 30, dejándolo por ahora en 29, que se aplicarán definitivamente en el año 2038, lo que sobre todo afectará negativamente a los futuros jubilados. Así mismo han elevado las cotizaciones de los altos salarios y de las empresas, lo que motiva un rechazo de la CEOE que se nos vende como muestra de lo “progresista” del acuerdo. Pero lo cierto es que esta aportación empresarial simplemente es la mínima contrapartida que el Gobierno y CCOO/UGT les piden por haberles permitido que en una situación de inflación desbocada los salarios apenas hayan subido, cuando sus márgenes de beneficio son muy altos, disfrutan de cuantiosas subvenciones y ayudas públicas, y además de las bonificaciones fiscales previstas por las planes de pensiones de empresa.
En lo que se refiere al aumento del importe de las pensiones hay que hacer notar que era inevitable una subida de las más bajas, especialmente de viudedad y no contributivas, porque su cuantía es simplemente de miseria. Esa subida rápidamente será absorbida por el gasto en consumo en productos y servicios de primera necesidad, como la alimentación y energía, vivienda… y aún así no permitirá salir de los índices de pobreza cuando termine de consolidarse en el año 2027. Por tanto tampoco se avanza de verdad en terminar con la llamada “brecha de género”. La subida de otras pensiones más holgadas también implicará mayor pago de impuestos por acceder al siguiente tramo impositivo. Pero todas estas previsiones de presuntas mejoras están incluso amenazadas por el propio acuerdo, ya que en el mismo se establece que será la AiREF, bajo las directrices de la Comisión Europea, la que determine si hay que realizar posteriores y periódicos ajustes y recortes en materia de gasto de pensiones, “atendiendo a datos macroeconómicos, evolución demográfica etc.”. Toda una advertencia, habida cuenta de que la UE ha acordado el retorno a la llamada “regla de gasto”, a la ya conocida política de austeridad.
Con este acuerdo también se quiere dejar en el olvido el mandato legal de realizar una auditoría sobre el sistema público de pensiones, que tiene superávit de ingresos sin necesidad de aumentar el esfuerzo de cotización de los salarios. Otra cosa es que ese dinero, que en su día constituyó un fondo de reserva que llegó a los 100 mil millones de euros, ha sido y es utilizado para gastos llamados “ impropios”, incluido el “rescate” de la banca privada -y ahora más que nunca a gasto militar-, cuya deuda privada seguimos pagando todos convertida en deuda “soberana”. El déficit en las cuentas del Estado y el saqueo de los ingresos por cotización para pensiones tiene su causa en el permanente “drenaje” de dinero público a las arcas de los grandes bancos y empresas, que apenas tienen cargas impositivas, siendo que la mayor parte de su recaudación proviene de los impuestos directos e indirectos que pagamos los trabajadores en activo y pensionistas. Y este es la cuestión que no interesa que se sitúe en el centro del debate sobre las pensiones: qué clase crea riqueza con su trabajo y qué clase se apropia vorazmente de esa riqueza para aumentar sus grandes beneficios, tanto en el proceso de explotación laboral como por esa apropiación de los recursos que aportamos al estado.
La lucha contra las reformas y recortes de los derechos laborales y sociales, por su defensa y mejora, por salarios y pensiones más altos, por los servicios públicos de calidad y suficientes (especialmente la sanidad), forma parte indisoluble de la cuestión general de la lucha contra la oligarquía y el capital – en nuestro país y a escala europea y mundial- y, por tanto, de la lucha para conquistar los necesarios cambios que hagan valer la fuerza y los intereses de la clase obrera y el pueblo. Sin asumir y poner en práctica esa perspectiva estaremos expuestos siempre a que nos impongan retrocesos y al empobrecimiento, agravado por las crisis cíclicas del capitalismo y por la guerra imperialista. En España es impostergable que acabemos con la monarquía heredera de franquismo. Tenemos una alternativa perfectamente viable que oponerle para que los trabajadores y las nacionalidades podamos por fin respirar y vivir con futuro, frente a tanto engaño, robo y abuso: la República del pueblo.
