Secretariado del CC del PCE(m-l)
En un ejercicio de verdadera manipulación masiva, los grandes medios de comunicación han decidido iniciar, al unísono, un debate público sobre la edad de jubilación a cuenta de un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que apunta a la «necesidad» de que los trabajadores que actualmente cuentan entre 19 y 30 años se jubilen, como mínimo, a los 71 años.
Tertulianos de todo color político, prensa y cadenas de televisión y radio adscritas a todo el abanico ideológico del Régimen se han lanzado a desmenuzar la «propuesta» del BBVA desde diversos puntos de vista, destacando aquellos que suelen presentarse como defensores —con moderación— de las clases trabajadoras, quienes se han mostrado perplejos, sorprendidos y, en muchos casos, indignados en una vergonzosa demostración de cinismo y manipulación pocas veces vista a tan alta escala.
Y es que la «propuesta» del BBVA y el IVIE llega, nada más y nada menos, que 8 meses después de que el Gobierno de coalición «progresista» —PSOE y SUMAR— aprobase el Real Decreto -Ley 11/2024 de 23 de diciembre «Para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo» en el que se legaliza, pura y llanamente, la jubilación a los 72 años para los trabajadores más precarios si quieren tener derecho a una pensión de jubilación del 100%.
El ruido mediático que se ha desplegado todos a una en todos los medios este mes de julio contrasta enormemente con el silencio cómplice de todos los medios de comunicación en el momento de aprobarse esa misma medida antisocial en diciembre de 2024. Entonces la noticia fue el rechazo del primer «decreto ómnibus» a causa de la negativa de los partidos de derechas que, sin embargo, dieron un amplio respaldo a esta reforma de la normativa de jubilación, en vista del evidente beneficio que reporta a los grandes capitalistas.
El Real Decreto-Ley del 23 de diciembre de 2024 se presentó por parte del Gobierno como una generosa concesión a los trabajadores con menos años de trabajo cotizados, a los que se les ofrece la posibilidad de cobrar una parte de su jubilación mientras siguen trabajando, aumentando el ingreso de jubilación a medida que pasan más y más años en activo, hasta llegar al 100% después de 5 años o más. Esto, unido al aumento de la edad mínima de jubilación —actualmente situada en los 67 años—, hace que, por un lado, los trabajadores más precarios se vean forzados a seguir trabajando hasta los 72 años para poder cobrar una pensión «digna», mientras que, por el otro lado, anima a los empresarios a pagar salarios aún más bajos, dejando en manos de los trabajadores el «buscarse la vida» por su cuenta para lograr una jubilación mínimamente decente.
Estas son las costuras del entramado político, empresarial y mediático que conforma el Régimen del 78; un entramado en el que el proletariado y las clases populares no tienen representación propia, sino todo lo contrario; falsos amigos que despliegan sus «encantos» a través de discursos formalmente progresistas, mientras diseñan y legalizan las formas más retorcidas de explotación y represión para nuestra clase. Estos traidores de clase, encaramados a las cúpulas dirigentes de partidos y sindicatos «progresistas» y «de clase», encabezados en este momento por el conglomerado SUMAR y sus sucedáneos revisionistas y oportunistas.
No en vano, el Real Decreto-Ley del 23 de diciembre de 2024 fue aprobado con los votos unidos de PSOE, SUMAR y ERC por la «izquierda» y por PP, PNV, Coalición Canaria y UPN por la derecha, además de llegar con el visto bueno de la aristocracia obrera dirigente de CCOO y UGT, y de su contrapartida empresarial, CEOE y CEPYME, y aprobado previamente en el Consejo de ministros del Gobierno de coalición. Tras su aprobación parlamentaria apenas levantó revuelo mediático, más allá de las denuncias públicas que se lanzaron desde organizaciones realmente implicadas en la defensa de los derechos de las clases trabajadoras, como Trabajadores Pensionistas o nuestro propio partido.
Ahora, con la cortina de humo del informe del BBVA y el IVIE, la burguesía sondea la recepción de una «propuesta» de normativa que realmente está vigente desde hace 8 meses. Así, además de ir haciendo que suene entre los trabajadores —con la precaución de hacerse en pleno periodo veraniego y vacacional—, se normaliza una cruda realidad: la de una esclavitud vitalicia legalizada y mínimamente edulcorada a través de unos salarios de miseria, constantemente rapiñados por los capitalistas que sangran a nuestra clase dentro y fuera del mercado de trabajo.
El proletariado no puede seguir engañándose a sí mismo con esperanzas reformistas de la mano de partidos y sindicatos entregados en cuerpo y alma a mantener y ampliar los privilegios de una minoría cada vez más pequeña pero más influyente —y, por tanto, menos democrática—, que no duda en puentear los cauces institucionales a través de la corrupción, las mordidas y los sobresueldos cada vez que lo considera necesario para ampliar su margen de beneficios.
Cuanto antes asumamos colectivamente que la única salida a esta insufrible situación solo puede surgir de nuestro trabajo de organización, análisis y acción alrededor de nuestros propios intereses de clase, antes veremos aparecer verdaderas soluciones. Soluciones contra las que, llegado el momento, no dudarán en movilizarse nuestros enemigos, lanzando su represión policial, legal, mediática y judicial, pero también haciendo aparecer «alternativas» reformistas disfrazadas de radicales e incluso revolucionarias, que volverán a prometer el asalto de los cielos con tal de volver a desviarnos de la senda de la ruptura democrática con este Régimen de desigualdad y miseria para la mayoría.
La burguesía de nuestro país actúa con una impunidad y un descaro cada vez mayores. No dudan en implantar medidas propias de una economía de guerra al mismo tiempo que celebran datos económicos positivos nunca vistos antes, tanto en el ámbito estatal como en el privado, donde las grandes empresas publican ganancias crecientes cada mes. Por dar una visión completa del escenario, tengamos en cuenta que el PIB de España en el año 2004 fue de 860.059 millones, en 2014 —en plena recesión— fue de 1 billón 38.949 millones, y el año pasado llegó al billón 591.627 millones; es decir, más de 5, 6 o 7 veces el PIB de hace 35 o 40 años, cuando los servicios públicos aún no habían sufrido los recortes y privatizaciones actuales y las condiciones de trabajo eran —comparativamente— más favorables a la clase obrera. Ante esta perspectiva, ¿cómo se puede justificar el descomunal retroceso actual en la calidad de los servicios públicos, el reiterado argumento de la necesidad de privatizarlos para ahorrar, y los constantes recortes en derechos laborales que se imponen a la clase trabajadora?
La respuesta es sencilla: el modelo económico y político del país está diseñado para garantizar la mayor extracción posible de dinero a la mayoría trabajadora y trasvasarlo a los bolsillos de la minoría ultramillonaria que controla los resortes del poder. Por eso, uno tras otro, caen sectores económicos del ámbito público al privado; por eso, la edad de jubilación se amplía hasta que los trabajadores mueren en su puesto de trabajo; por eso la vivienda es cada vez más cara y de peor calidad, etc. El sistema no está funcionando mal, sino todo lo contrario; cada vez es más eficaz en su tarea de extraer más y más ganancia del trabajo del proletariado y las clases populares.
Por eso, la única salida real a esta encrucijada es la ruptura democrática con el régimen económico, político y social vigente y su sustitución por otro en el que todo lo producido colectivamente esté disponible para cubrir las necesidades colectivas e individuales de todos. En otras palabras; abandonar la dictadura encubierta de la minoría burguesa y desarrollar la verdadera democracia, en el sentido más clásico de la palabra: el poder de la mayoría en beneficio de la mayoría; es decir, el poder de los trabajadores ejercido en favor exclusivo de los trabajadores. No podemos olvidar que en la lucha de clases no existe el empate, y cada paso que retrocedemos, es un avance del enemigo.
