Editorial Octubre nº103
La proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 fue un acontecimiento trascendental en la historia contemporánea española. La inmensa alegría popular manifestada eses día en las calles y plazas de toda España reflejaba el anhelo de profundos cambios políticos, económicos y sociales por parte de los sectores populares.
El triunfo electoral en las elecciones municipales del 12 de abril fue la expresión política de una alianza de clases sociales que englobaba a sectores amplios del proletariado, clases medias, pequeña y mediana burguesía, configurándose un nuevo bloque de poder frente al tradicional bloque oligárquico agrario y financiero que había ostentado la hegemonía política desde 1833.
La II República será siempre un referente histórico fundamental para las clases populares, pero forma parte de la Historia, es pasado, y necesitamos centrarnos en el presente y mirar hacia el futuro. La situación actual en nuestro país se caracteriza por el incremento de las desigualdades sociales, el aumento de la pobreza, la generalización del trabajo precario, una corrupción galopante, la privatización de los servicios públicos y un poder judicial mediatizado por el Partido Popular. Quienes pretenden que es posible construir una alternativa económica manteniendo la monarquía y la Constitución de 1978 comenten una gravísima equivocación, porque el modelo económico y político español está dialécticamente unido, ambos elementos son inseparables y no es posible disociarlos. El sistema político de nuestro país, surgido de la mal llamada transición democrática, es la superestructura política que representa los intereses económicos de un bloque social hegemonizado por la oligarquía financiera. La solución a los graves problemas estructurales de nuestro país no pasa por el independentismo de Cataluña. El PCE (m-l) defiende el derecho a la autodeterminación, pero los trabajadores catalanes no obtendrán ningún beneficio de la independencia, encabezada por una burguesía corrupta que históricamente traicionó a las clases populares en los momentos decisivos. Tampoco es una alternativa el ciudadanismo de PODEMOS, que con su ambigüedad ideológica y sus recetas reformistas solo llevan a la frustración de las clases populares. Plantear a la población que es posible un cambio político eliminando a la “casta” es engañar a quienes se dice defender o desconocer la realidad. Lo que abusivamente se denomina la casta no es más que la expresión parlamentaria de un sistema dirigido por la oligarquía, al igual que lo es la monarquía. Para acabar con la casta es necesario destruir el sistema político que la alimenta y sustituirlo por un régimen que represente otros intereses de clase. Lo demás, son juegos dialécticos, fuegos artificiales que iluminan la noche e ilusionan, pero, finalizado el espectáculo, vuelve la oscuridad.
Para cambiar el modelo económico, para alcanzar una verdadera democracia y restablecer nuestra soberanía nacional, es indispensable la ruptura política con la monarquía y la implantación en España de una REPUBLICA POPULAR Y FEDERAL. Esa República, en cuanto será la expresión de los intereses de las clases populares, tendrá la capacidad de abordar las reformas estructurales que necesita nuestro país. La lucha por la III República es la tarea ineludible que deben afrontar las fuerzas que se denominan de izquierda. Apostar por una segunda transición o defender la reforma constitucional es hundirse cada vez más en la charca del parlamentarismo estéril y corrupto.
El Partido Comunista de España (marxista-leninista) seguirá luchando por construir la unidad popular, herramienta indispensable para alcanzar la ruptura republicana. Esa unidad debe comenzar por unificar las movilizaciones populares y dotarlas de un contenido político. Volver a las mareas y a la dispersión de la protesta social conducirá de nuevo al hastío y la derrota. El objetivo es acabar con la monarquía y todo su tinglado institucional y económico al servicio de una oligarquía criminal que empobrece a la inmensa mayoría de la población.
