Comité de Madrid del PCE(M-L)
Ayer, miles de personas (30.000 según la delegación de gobierno, 200.000 según los organizadores) recorrieron las calles del centro de Madrid para exigir la protección de la sanidad pública frente al avance de la privatización. Dividida en cuatro columnas, que partieron simultáneamente desde Callao, Atocha, Plaza del Doctor Marañón y el Hospital de La Princesa a las 12:00, hasta llegar la cola de estas columnas a la Plaza de Cibeles alrededor de las 13:30.
La cuestión de la sanidad pública en particular, y de los servicios públicos en general, es entendida por el régimen del 78 como un espacio de mercantilización. Los servicios públicos, antes incluidos dentro de la mal llamada política del «estado del bienestar», han sido vendidos al sector privado tras la paulatina desaparición de esta. El capital ya no tiene la necesidad de justificar una «apariencia amable» ante nuestra clase (facilitando unos servicios mínimos que garanticen un cierto nivel de vida entre la mayoría de la población), pues no existe ninguna contrapartida a su dominio. Esto, unido al clima de inestabilidad internacional, hace que los recortes en servicios públicos, les sean necesarios para mantener otros mecanismos (esto se hace y hará patente con el aumento del gasto militar, pese a que el propio Sánchez asevere que «no habrá merma en el Estado del bienestar» con este aumento, que está previsto que sea revisado a la alza en los próximos meses).
Desde el PCE(M-L), nos parece importante que, pese a la temática de la manifestación (muy centrada en la nefasta gestión de la sanidad pública en la CAM), quede claro que el problema no es (solo) Ayuso, ni el problema es (solo) los socios de gobierno de la ejecutiva estatal. El problema de los servicios públicos, es un problema inherente al régimen del 78, donde los intereses de la oligarquía financiera, que buscan el máximo beneficio posible mediante la fagocitación de los servicios públicos, se imponen a los intereses de nuestra clase, y los de las clases populares en general, que buscan en los servicios públicos una forma en la que poder disfrutar de unas mejores condiciones de vida.
La solución a este conflicto (como ya hemos indicado en otras ocasiones), no pasa por la «alternativa» que propone esta «nueva izquierda», que ha dejado más que claro con el paso de los años su incapacidad para resolverlo (siendo el ejemplo perfecto, aunque no el único, el caso de Mónica García, ministra de sanidad, que semanas antes de convertirse en ministra, aseveraba la imperiosa necesidad de derogar la Ley 15/97, para una vez en el gobierno, relegar esta cuestión a la hemeroteca).
Pese a esto, valoramos positivamente la movilización respecto a la defensa de los servicios públicos, pues estos son imprescindibles para garantizar la calidad de vida de las clases populares de nuestro país. Solo mediante la movilización y organización popular podremos concurrir en una defensa efectiva de estos.
