J. Romero
<<La confusión entre el Estado-clase y la sociedad regulada es propia de las clases medias y de los pequeños burgueses intelectuales, que acogerían con gusto cualquier regulación que impidiese las luchas agudas: es una concepción típicamente reaccionaria y regresiva” (Notas sobre la política y el Estado moderno. A. Gramsci)
El domingo 19 de Noviembre en su sección de Negocios, el diario El País publicaba un artículo sobre las “sagas empresariales familiares” en el que recoge una declaración de Carlos Martín, diputado de la coalición SUMAR; el político decía lo siguiente: “Uno de los avances civilizatorios de la democracia está en que el poder no sea permanente, pero nos encontramos con que el económico es más permanente (sic), y eso genera el problema de la captura de reguladores políticos, de las “puertas giratorias”…creo que el siguiente salto civilizatorio…es plantear que ese poder sea más temporal. Ya lo hemos conseguido en la composición musical en donde se han acortado los tiempos de uso de las patentes. ¿Por qué no hacerlo con la propiedad de los medios de producción?”. (los subrayados son míos)
Esta asombrosa aberración intelectual aparece en la separata de un artículo que trata sobre las sagas familiares empresariales españolas en las que se recogen datos tan abrumadores como estos: “…El índice de empresas familiares que elabora la Universidad suiza de St. Galen, revela que las 500 mayores empresas familiares del mundo crecen más rápido que la economía global, casi el doble que las economías avanzadas y 1,5 veces la tasa de los mercados emergentes. Generan colectivamente 8,02 billones de dólares en ingresos…y emplean a 24,5 millones de personas…casi la mitad son europeas y el 30% están situadas en EEUU…11 de las 120 mayores empresas familiares del ranking mundial son españolas…según el empresario José Elias Navarro, este (España) es uno de los países donde el dinero ha cambiado menos de manos en los últimos cien años”.
Después de repasar el informe de Intermon Oxfam que afirma que en España, 28 de las principales empresas obtuvieron en 2.022 más de 18.000 millones en beneficios extraordinarios, al mismo tiempo que los salarios retrocedían un 5%, (una de las mayores caídas entre los países de la OCDE), resulta obsceno leer el comentario del Sr. diputado, que, con sus palabras, declara abolida de un plumazo la historia de las formaciones sociales; no hay clases con intereses contrarios, no hay actores colectivos de los cambios sociales, no hay explotados y explotadores; todo se reduce a la labor de una élite que consigue suavizar las contradicciones de cada época, para, llegado el momento, dar “saltos civilizatorios”.
Viniendo de quien viene, un economista, diputado, como digo, de la coalición SUMAR y anterior responsable del departamento económico de CCOO, no se trata de una ingenuidad, sino de una concepción idealista del mundo congruente con el programa reformista que el revisionismo ha venido aplicando desde hace décadas…
Frente a esa cínica ingenuidad de los intelectuales burgueses, Marx y Engels señalaban en el Manifiesto Comunista: “el poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra”. Y esta conclusión la vemos cumplirse en la vida real de forma inexorable. Siempre que los intereses de la oligarquía financiera que organiza y controla el Estado burgués entran en contradicción con los de la mayoría social, el Estado ha recortado los derechos que la lucha del proletariado alcanzó cuando dispuso de la fuerza y la organización necesarias. Es decir, los avances y retrocesos en el camino hacia la emancipación del trabajo asalariado y la propiedad común de los medios de producción son fruto de una lucha constante entre la clase explotadora y la explotada; y solo cuando el proletariado logre el poder real (no la administración del Estado burgués) se puede plantear acabar con la propiedad privada de aquellos.(1)
Para confirmar la evidencia del carácter de clase del Estado en nuestro país, basta repasar la sucesión de recortes durante el mandato de Rajoy, pero también del gobierno de coalición: la política sobre vivienda convertida en un medio de inversión para especuladores y un bien cada día menos al alcance de los ciudadanos, la privatización de servicios públicos (educación, sanidad, dependencia, etc) y pensiones, los recortes de derechos laborales y democráticos (ley mordaza), etc; son una constante conforme la crisis capitalista se ha agudizado; las reformas que impulsa el Estado burgués se dan con más o menos intensidad, pero siempre en un mismo sentido regresivo.
Los comunistas defendemos que para acabar con la contradicción de clase, el “salto civilizatorio” necesario es, en palabras de los autores del Manifiesto Comunista; “la elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia para que de esta forma, se valga de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en las manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante”.
Frente a la concepción marxista, la burguesía progre siempre ha defendido una ideología idealista, falsa, en la que todo esta vuelto del revés; para los políticos burgueses, la solución del problema es simple: “si ya se ha conseguido acortar los tiempos de uso de las patentes en la composición musical, ¿por qué no hacerlo con la propiedad de los medios de producción?”.
Pero el diputado omite cómo lograrlo, “como acortar los tiempos de uso de la propiedad sobre los medios de producción”, sin arrebatar a la clase dominante, sin destruir, el Estado del que se sirve. Únicamente propone incorporar a los representantes de los trabajadores en los Consejos de Administración de las empresas, lo que ignora olímpicamente las contradicciones que están detrás de esa distribución absolutamente desigual del producto social, y la misma existencia de explotación. Para los intelectuales burgueses, el problema no es quién controla los medios de producción, ni si quienes los poseen actúan coherentemente como una clase con intereses comunes entre sí y contrarios a los de la mayoría social. En su cabeza el problema reside en que en democracia (“su democracia”) el poder económico es “más permanente” que el poder formal que representan las instituciones del Estado (incluido el gobierno del que su formación forma parte); es decir, la sociedad hace frente únicamente a disfunciones que se pueden superar con una buena administración del Estado.
Marx rebatía esta concepción idealista en estos términos: “…el Estado (burgués) se basa en la contradicción entre la vida pública y privada, entre los intereses generales y especiales. Por tanto la Administración tiene que limitarse a una actividad formal y negativa, pues su acción termina allí donde comienza la vida civil y su labor. Más aún, frente a las consecuencias que se derivan del carácter antisocial de esta vida civil, de esta propiedad privada, de este comercio y de esta industria, de este mutuo saqueo de los diversos círculos civiles, es la impotencia la ley natural de la administración. En efecto, este desgarramiento, esta vileza, esta esclavitud de la sociedad civil, constituye el fundamento natural en que se basa el Estado moderno…” K. Marx (Glosas críticas al artículo: “El Rey de Prusia y la reforma social por un Prusiano, Vorkwarts, 63).
Por eso es común que tras el contraste con la realidad que coloca los sueños reformistas en su sitio, la burguesía bienpensante se queje de los obstáculos que hacen imposible la adopción de sus alternativas ideales y, cuando las masas les dan la espalda, traslade la responsabilidad de su fracaso a la falta de apoyo de quienes habían venido a salvar.
El mesianismo político es propio de la pequeña burguesía que se ve a sí misma como el demiurgo de los cambios sociales (o de los saltos civilizatorios en palabras del diputado Carlos Martín). Y no es flor de un día; en nuestro país viene siendo parte sustancial de la ideología de las distintas corrientes revisionistas u oportunistas que se han sucedido desde que el carrillismo rindió la autonomía del movimiento popular para sacar adelante la transición monárquica.
El problema es que esa ideología domina la actividad política y conforma los programas de sindicatos como CCOO, y de SUMAR, una fuerza que se ha comprometido de nuevo a participar con el socialiberalismo en un gobierno de coalición que inicia su mandato en medio de una lucha política descarnada entre las diversas corrientes de la burguesía y a las puertas de un año en el que la Europa del Capital y de la Guerra de la que nuestro país forma parte ya ha anunciado su intención de acabar con la “indisciplina fiscal” de los estados que la forman.
Esa misma ideología está detrás del contínuo llamamiento de la dirigente de SUMAR, Yolanda Díaz, “a evitar el ruido” en la política, defender la empatía con la oligarquía empresarial y financiera o condicionar todo al “diálogo social” entre dos actores, gran patronal y sindicatos, cuya fuerza institucional y política está absolutamente desequilibrada en favor del capital, quedando el Estado al margen, como mero testigo “neutral” de los acuerdos.
En definitiva, ese idealismo reformista está detrás de la incapacidad demostrada por el anterior gobierno de coalición para alterar en lo sustancial, en favor de la mayoría social, la correlación de fuerzas en la cada día más aguda lucha de clases.
El diputado da el salto en el vacío impulsado por una ideología que concibe el mundo con las anteojeras de una visión anquilosada en la que el movimiento no depende de la confrontación entre dos concepciones opuestas, expresión a su vez de intereses opuestos entre el proletariado y el capital. Es con esa ideología con la que el proletariado debe romper para asegurar su autonomía como clase en la defensa de un programa propio que necesita urgentemente para avanzar.
“Las buenas palabras y los buenos sentimientos son baratos, pero el discernimiento y las acciones eficaces son caros; y en nuestro caso, son más que caros, están todavía por llegar” Karl Marx. (Ibidem)
(1)- “Los obreros no tienen ninguna utopía lista para implantar per decret du peuple (por decreto del pueblo). Saben que para conseguir su propia emancipación, y con ella esa forma superior de vida hacia la que tiende irresistiblenente la sociedad actual por su propio desarrollo económico, tendrán que pasar por largas luchas, por toda una serie de procesos históricos. que transformarán las circunstancias y los hombres.” K. Marx. La Comuna de París