Resolución del Pleno Ampliado del Comité Central
«Es de temer que los nuevos gobiernos «progresistas» no vayan a tener un recorrido muy largo. Y ello porque, como hemos venido insistiendo repetidamente, el régimen monárquico representa un corsé jurídico e institucional, que impide hacer realidad el bienestar de las clases trabajadoras y la democracia, para salvaguardar los intereses de una ínfima minoría.
Y, sin embargo, la conclusión que extraerá buena parte de la izquierda –ya lo está haciendo– es justo la contraria: más “ciudadanismo”, más indefinición, más confusionismo en torno a «rupturas» y «unidades populares» vaciadas de contenido y, por tanto, despojadas de su potencial revolucionario.»
Unas horas después de la constitución de los ayuntamientos, buena parte de la izquierda del país se encuentra en plena euforia por la conquista del gobierno de algunas de las principales capitales del país, como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza… En varias de ellas, han sido «plataformas ciudadanas», avaladas por Podemos y, en algunos casos, por IU, las que han desalojado del poder al PP con programas que, a grandes rasgos, resumen las reivindicaciones compartidas por el común de las organizaciones de la izquierda social y política: recuperación de lo público, democracia, lucha contra la corrupción…
Es evidente que el desplazamiento de la derecha franquista era una medida necesaria, de higiene básica, y que todas las fuerzas de izquierda debemos congratularnos por ello. Y es evidente, también, que el general de las reivindicaciones planteadas por los nuevos consistorios, en muchos casos multipartidistas, son positivas y un requisito para mejorar la situación de las clases populares.
Sin embargo, no se ha derrumbado el bipartidismo oligárquico, el objetivo al que las corrientes “ciudadanistas” habían sacrificado lo que califican como «cosmovisiones» (ideología) o «divisiones caducas» (izquierda y derecha): el PP conserva todavía 19 capitales de provincia, mientras que el PSOE reúne otras 17, a las que se suman las 3 del PNV, 1 de CC y otra en manos de CiU. Además, PP y PSOE seguirán presidiendo la inmensa mayoría de gobiernos autonómicos.
Por otra parte, está por ver en qué medida puede cumplirse el conjunto de objetivos acordados antes de las investiduras, cuando el entramado jurídico acordado por PP y PSOE ha restringido notoriamente la capacidad de las entidades locales y autonómicas de dar un giro a las políticas económicas y sociales: especialmente la aprobación del artículo 135 de la Constitución, pero también la LRSAL, la catarata de privatizaciones llevada a cabo en los años precedentes, la cesión de servicios públicos a empresas privadas, el blindaje de los contratos con indemnizaciones millonarias en aras de la «seguridad jurídica»… Por no hablar de la enorme deuda pública propiciada por los rescates a la banca y un sistema fiscal cada vez más regresivo, del control de los medios de comunicación por un puñado de oligarcas, o de la servidumbre que supone la política neoliberal de la Europa del capital y la guerra.
Las elecciones andaluzas ya habían demostrado de manera fehaciente los límites del “ciudadanismo” y de su capacidad transformadora: así, la «ventana de oportunidad» a la que había que sacrificar todo principio se reduce a menos de un 15% del voto, a todas luces insuficiente para llevar a cabo «el cambio» prometido cuando todo se cifra en unas elecciones trucadas de origen. Pero, además, las «líneas rojas» marcadas por el ciudadanismo se han quedado en una simple cosmética «regeneradora» que, además de contribuir en bien poco al bienestar de los trabajadores, ha abierto la puerta a sus imitadores de derechas, Ciudadanos.
Por todo ello, es de temer que los nuevos gobiernos «progresistas» no vayan a tener un recorrido muy largo. Y ello porque, como hemos venido insistiendo repetidamente, el régimen monárquico representa un corsé jurídico e institucional, que impide hacer realidad el bienestar de las clases trabajadoras y la democracia, para salvaguardar los intereses de una ínfima minoría.
Y, sin embargo, la conclusión que extraerá buena parte de la izquierda –ya lo está haciendo– es justo la contraria: más “ciudadanismo”, más indefinición, más confusionismo en torno a «rupturas» y «unidades populares» vaciadas de contenido y, por tanto, despojadas de su potencial revolucionario.
Los comunistas, por el contrario, debemos insistir en la necesidad de promover la clarificación de los objetivos y una perspectiva de clase, lejos del idealismo castrador que, en el mejor de los casos, promueven estas corrientes, cuando no se trata de simple y puro arribismo. De ahí que, de cara a las próximas citas electorales catalanas y generales, debamos seguir apostando por la unidad de las fuerzas de izquierda en torno a un programa de ruptura con el régimen monárquico y de respuesta a las calamidades que sufren las clases populares, que no puede tener otro objetivo que una República de carácter democrático, popular y federativo. Una unidad que debe aglutinar a fuerzas políticas y sociales, pero no disolviéndolas en la masa informe tan querida por los “ciudadanistas” sino, muy al contrario, promoviendo y reforzando el valor de la organización y de lo colectivo.
Obviamente, no podemos determinar ya cuál será la forma concreta de esta unidad. Pero seguiremos defendiendo la necesidad de apostar por dar coherencia a la acción política en un sentido realmente transformador, de cambio: por la ruptura con el régimen y por la República como expresión de ella. Allí donde sea posible, trabajaremos en esta perspectiva, compartida por miles de hombres y mujeres de la izquierda honestos y que están dispuestos a pelear por una transformación profunda de las relaciones de clase en nuestro país, convencidos de que más tarde o más temprano la experiencia de estos meses llevará a la mayoría de la izquierda a este objetivo.
Madrid, 14 de junio de 2015
