Efrén H.
Mientras decenas de miles de personas eran despedidas de sus trabajos y desahuciadas por no poder pagar las hipotecas de sus pisos, o se les cortaba el suministro del gas y la electricidad al no poder hacer frente a las facturas; cuando se producían brutales recortes en la sanidad y la educación y miles de jóvenes tuvieron que marchar al extranjero porque en España no había futuro laboral; cuando la pobreza y la exclusión social se extendían por nuestro país y en millones de hogares solo había miedo y desesperanza; mientras todo esto ocurría en el año 2012, sumidos en una larga crisis del sistema capitalista, Juan Carlos I ordenó que se transfirieran 64,8 millones de euros de una cuenta secreta en Suiza a otra cuenta de la sociedad Solare de Corinna Larssen en el Banco Gonet & Cía, domiciliado en Nassau (Bahamas) El que ahora se denomina rey emérito era entonces el Jefe del Estado y presumía de patriotismo y de ser el abanderado de los intereses de España en el mundo. Pero solo era un ladrón que ocultaba su oscura fortuna en paraísos fiscales para no pagar impuestos en su país. Su único mérito era recompensar con dinero negro a su amiga. En lenguaje coloquial, pagar a su puta. La cuestión no es qué delito ha cometido este individuo, sino otra bien distinta: ¿hay un algún delito del Código Penal que no haya cometido el Borbón? Desde la rebelión, por su implicación directa en el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, hasta el fraude fiscal, toda la escala delictiva ha sido recorrida por el anterior monarca.
Los palmeros y aduladores de la monarquía, los mismos que durante decenios ensalzaron a Juan Carlos I, ahora quieren desviar la atención estableciendo una distinción entre el padre y el hijo. Felipe VI no es culpable de lo que hiciera su progenitor, afirman. Pero esto no es una cuestión de personas. El problema es la monarquía como institución. Hoy, la Casa Real es un presidio suelto, parafraseando al general O´Donnell (“España es un presidio suelto”).
Nuestro partido ha venido denunciando año tras año que la actual monarquía es ilegal e ilegítima en origen, que representa los intereses de la oligarquía y que es el obstáculo fundamental para llevar a cabo las reformas estructurales que nuestro país necesita. Mientras otros preferían callar, mirar para otro lado o hablar de reforma constitucional, el PCE (m-l) siempre manifestó que este sistema no se puede reformar, se diseño para defender los intereses económicos de un bloque de poder encabezado por la oligarquía financiera. Esta monarquía está al servicio de unos intereses económicos que son incompatibles con los del pueblo español y con la soberanía nacional de nuestro país. Y en todo esto hay un punto de gravedad extrema. Los medios de comunicación han callado, cuando conocían todas las andanzas del monarca; sus adulterios pagados con dinero público, el cobro de comisiones ilegales, las cuentas bancarias en paraísos fiscales… Y eso les hace cómplices de los múltiples delitos cometidos por un monarca que había organizado en la Zarzuela una asociación para delinquir. Algún día habrá que pedir responsabilidades a muchas personas por lo que ha sucedido.
En 1898, tras la derrota frente a Estados Unidos y la pérdida de los últimos restos del imperio colonial (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), un grupo de ensayistas a los que se conoció como regeneracionistas se pronunciaron a favor de reformas educativas y económicas para revitalizar España. Por su parte, algunos escritores de la denominada generación del 98 se propusieron analizar las causas últimas de la decadencia española. Pero ni los programas reformistas ni la metafísica de España acertaban en el diagnóstico del problema. Solo algunos intelectuales lúcidos y un sector del movimiento obrero comprendieron que el problema era la monarquía borbónica.
Ahora corremos el peligro de que suceda algo parecido. Aparecerán algunos artículos en la prensa sobre lo lamentable de la situación, pidiendo regeneración democrática, y muchos políticos apelaran a la unión de todos los españoles para salir de esta situación. No podemos permitir esta farsa ni que se orqueste una segunda transición.
La única respuesta posible es la ruptura republicana. Acabar con esta monarquía corrupta y proclamar la III República, popular y federativa. Es la única salida. Todo lo demás será un nuevo engaño, una nueva mentira, para que todo siga igual. La izquierda tiene ante sí una responsabilidad histórica inmensa. Es la hora de forjar la unidad popular sobre un programa mínimo de reformas estructurales.
Disponemos en España de los suficientes recursos humanos y económicos para que toda la población tenga un nivel de vida digno, para asegurar a nuestros jóvenes un futuro sin necesidad de que se marchen a otro país. Estamos en condiciones de asegurar un sistema público de servicios sociales de altísima calidad y de garantizar las pensiones. Todo eso es posible, pero no dentro de este sistema, que esquilma nuestros recursos y nos condena al trabajo precario y la pobreza.
Acabemos con esta monarquía que desprecia a nuestro pueblo. Luchemos unidos contra el fascismo, el capital y la monarquía.