A. Torrecilla
Hace apenas unas semanas decíamos que el gobierno social-revisionista pretendía aumentar el presupuesto militar desde los 17.500 millones (1,28% del PIB) hasta los 36.500 millones (2%) en 2029, pero el pasado 6 de marzo Pedro Sánchez nos sorprendía anunciando el objetivo de alcanzar esa cifra mucho antes de lo previsto —recordemos que la legislatura termina en 2027. Esto implicaría «hacer aparecer» más de 10.000 millones anuales en los próximos dos años y medio, presuntamente, sin recortar la inversión social, ni aumentar la deuda pública.
El anuncio de Sánchez ha caído como una bomba, precisamente, en la órbita socialdemócrata, y especialmente en los campos revisionista/oportunista y nacionalista «de izquierdas», cuyos partidos se han visto forzados a responder de inmediato al anuncio, maniobrando con especial dificultad entre sus discursos y sus actos.
El máximo exponente de estos nervios es SUMAR, la coalición electoral que aglutina partidos políticos que van desde el P«C»E de Yolanda Díaz, hasta Más Madrid pasando por Izquierda Unida —la coalición que nació como coordinadora anti OTAN—, donde las discrepancias saltan a la vista. Así, mientras P«C»E e IU se oponen de palabra al aumento de los presupuestos militares, su máxima representante, la Vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, colabora activamente en las oscuras maniobras del gobierno para desviar fondos presupuestarios desde las más diversas partidas hacia el ministerio de Defensa, como veremos después. Más Madrid, por su parte, comparte abiertamente los deseos de la burguesía de aprovechar la escalada bélica para construir una «autonomía estratégica» europea, que incluya tanto el rearme militar como la inversión en energías renovables y una reindustrialización tecnológica y digital para hacer de la UE «una potencia global autónoma y soberana en un mundo multilateral».
Por parte de PODEMOS, aislado incluso dentro de la órbita revisionista-oportunista, se intenta aprovechar las circunstancias para paliar su imparable sangría electoral, adoptando una presunta radicalidad desde la que se cuestiona no solo el aumento de los presupuestos militares —aunque durante su turno de gobierno los morados también colaboraron con la subida del gasto militar en varios miles de millones— sino incluso la permanencia de España de la OTAN, y el mantenimiento de sus bases militares en nuestro país en un nuevo quiebro de su zigzagueante política a merced de los vientos electorales.
El resto de partidos del campo «progresista» parlamentario no es menos indignante. Nacionalistas como ERC o Bildu se muestran tan prudentes como tibios ante la propuesta de rearme, jugando a una cuidadosa ambigüedad sobre su posible apoyo al gasto militar, pero manteniéndose receptivos a darlo si se los convence convenientemente.
Y es que todo es oscuro en las cuentas «públicas» del Régimen del 78, y ni siquiera está claro cuánto dinero invierte realmente el Estado en Defensa. Dependiendo de lo que se considere como parte del entramado militar del Estado, el coste puede variar desde el 1,5% del PIB (según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo) hasta superar incluso la famosa cifra del 2% (según el Centre Delàs de estudios por la paz de Barcelona). Esta flexibilidad de criterios ha permitido al gobierno de coalición «justificar» en 2024 una subida presupuestaria de más de 2.600 millones en defensa sin gastar ni un céntimo extra. El truco fue incorporar a la cuenta de Defensa distintos gastos desperdigados por los presupuestos generales, pero que pueden entenderse como parte de la estructura defensiva del Estado. Por ejemplo, 1.600 millones consignados en el ministerio de Industria, destinados a programas militares, o los 3.762 millones de presupuesto anual de la Guardia Civil —que corresponden al ministerio de Interior, no a Defensa— y los 1.000 millones «donados» a Ucrania el año pasado, entre otros.
Pero hay más. En los primeros tres meses de este 2025, el presupuesto militar español ha crecido 1.193 millones sin pasar por el Congreso, ni aumentar —oficialmente— la deuda pública. Este nuevo truco se esconde en el Consejo de ministros (y ministras, por supuesto), desde donde el gobierno puede disponer de fondos extraordinarios para hacer frente a «necesidades inaplazables para las que no se hiciera en todo o en parte, la adecuada dotación de crédito» (art. 50 de la Ley General Presupuestaria de 2003), a través del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria de los presupuestos generales del Estado. De ese fondo han salido ya 125,7 millones en enero, para una compra extraordinaria de munición, y 567 millones en febrero para aumentar las reservas económicas del Ministerio de Defensa. El 4 de marzo, el gobierno volvió a aprobar otra transferencia a Defensa —esta vez por valor de 343.860.000€— desde el Ministerio de Hacienda «con la finalidad de atender necesidades de funcionamiento existentes», según consta en el escueto resumen del acta de la reunión, disponible en la web de la Moncloa.
Pero estos trucos son limitados, como demuestra el hecho de que en estos tres meses de malabarismo financiero «solo» ha aparecido una décima parte de lo necesario para cumplir lo previsto para 2025. El resto dependerá de las «ayudas al rearme europeo» anunciadas por la Comisión Europea para los Estados miembros: 800.000 millones —50.000 millones menos que los movilizados en su momento para la recuperación post-COVID— en forma de créditos, así como de las posibles transferencias «a fondo perdido» que ha solicitado también Pedro Sánchez en Bruselas, además de los futuros y cuestionados presupuestos generales del Estado, donde PP y PSOE jugarán sus propias batallas por el reparto del botín.
Sin embargo, detrás de toda esta representación parlamentaria, «democrática y popular», no hay ni una sola voz que defienda honesta y contundentemente los intereses de la clase social llamada a poner la carne de cañón en la próxima guerra: el proletariado. A nuestra clase solo le queda la opción —urgente— de organizarse por sí y para sí misma en defensa de sus propios derechos y necesidades más básicas, convirtiéndose en la oposición frontal no solo a la guerra en sí, sino también al Gobierno de la guerra y a los partidos de la guerra, haciendo valer nuestra fuerza colectiva como base de toda la estructura social y económica del Estado.
Emprender con urgencia la tarea de la organización y concienciación del proletariado a gran escala es el único camino que puede alejarnos del matadero de la guerra imperialista al que nos conducen hoy los parlamentarios y periodistas al servicio de la burguesía; la aristocracia obrera y las clases medias acomodadas, junto a todos aquellos que consideran económicamente rentables los horrores de la guerra. Esta es una tarea inmensa, costosa y difícil de emprender, pero no podríamos llamarnos comunistas, marxistas-leninistas, si no la asumiéramos de inmediato como nuestra máxima prioridad. No es ninguna utopía; la historia nos demuestra que no solo es posible, sino que es necesario.
