Aníbal Delgado
Frente al oportunismo ante el problema catalán, autodeterminación y República
La lucha del pueblo catalán por su legítimo derecho a la autodeterminación está provocando la mayor crisis del régimen español desde que aprobó la Constitución de 1978, y no es para menos: la organización territorial en forma de Estado de las Autonomías es uno de los pilares de este régimen, y sin embargo lleva obsoleto desde que nació porque no permite la resolución verdaderamente democrática de la cuestión nacional en España.
Ahora que esas costuras se están abriendo de forma evidente, y más desde la vergonzosa sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes del Procés, el Estado está arremetiendo brutalmente contra el movimiento popular y solidario con el pueblo catalán, de forma que está generalizando la represión al conjunto de las masas de forma totalmente arbitraria, tanto por la violencia física de la policía, como por los detenidos y enviados a prisión preventiva sin causa que lo justifique.
Ante este panorama, la defensa del derecho democrático de las nacionalidades de España frente al Estado monárquico es más importante que nunca, pero igualmente es fundamental desenmascarar a su oposición domesticada: el reformismo, el revisionismo y el oportunismo; que actúan como verdaderos apagafuegos del régimen cada vez que este se tambalea. Igual que un organismo necesita sus propios anticuerpos para defenderse, el Estado necesita a oportunistas de todo tipo de formas y pelajes para que engendren confusión, desorganización, o directamente la calumnia contra el movimiento antifascista y popular.
Un ejemplo muy representativo de esto lo tenemos en el comunicado de la dirección del PCE respecto a la situación en Cataluña, emitido el 20 de octubre de 2019. No es una novedad que este tipo de organizaciones no tengan una línea ideológica que verdaderamente defienda los intereses de la clase obrera, pero ante esta situación de emergencia para el Estado al que dicen combatir, se pliegan aún más a sus planteamientos inocuos para el régimen y contrarios a la lucha popular.
Basta un análisis breve para comprobar todo esto: en dicho comunicado no se hace ni una sola mención al derecho de autodeterminación. Por contra, lo que sí que aparecen son sucesivas peticiones de «calmar las calles», de que cesen los disturbios derivados de la sentencia del Procés; bajo el absurdo argumento del impulso que esas movilizaciones dan a la derecha de cara a las próxima elecciones del 10-N. En lugar de plantear una alternativa a la actual dirección burguesa del conflicto catalán, que conecte el derecho de autodeterminación con el resto de reivindicaciones de la clase obrera en España (derechos políticos, sindicales, de expresión, derecho a la vivienda, sanidad, educación…), prefiere aislar esa reivindicación de las demás, e incluso enfrentarlas, planteando que el Procés no es más que una “cortina de humo” de la burguesía catalana, como si eso excluyera la legitimidad de la lucha por la autodeterminación. Esa aparente oposición al “procesismo” a lo que realmente lleva es a dejar ese conflicto nacional en manos de dicha burguesía catalana, dejando a las masas o bien a su merced, o bien a merced del españolismo más recalcitrante, que es presentada por las fuerzas políticas del régimen como una especie de respuesta a esa dirección catalanista burguesa.
Todo ello viene aderezado con la crítica de la “violencia” de los manifestantes independentistas, que si bien “no justifica la represión”, debe cesar inmediatamente para poder abrir la vía de las negociaciones con el régimen monárquico, como si este realmente estuviera dispuesto a negociar el derecho de autodeterminación. No solo constituye esto un “deseo piadoso” de que cese la violencia en las calles, es que de nuevo es una crítica manipuladora: el problema no está en si los manifestantes son pacíficos o violentos, el problema está en la dirección de esa lucha, en los objetivos que deben perseguir las masas, en la organización de su práctica política ligada a la superación de este régimen monárquico heredero del franquismo y de todas las lacras que le impone a la clase obrera de los pueblos de España.
Es justo eso de lo que carecen las movilizaciones en Cataluña, pero para el PCE el problema no es la organización y dirección del movimiento popular sino el movimiento en sí, porque su política, su “lucha”, es otra: la del parlamentarismo burgués, la del reformismo y la claudicación ante el régimen, la del “deseo piadoso” de negociar lo que para el Estado es innegociable: la indisoluble unidad territorial como pilar fundamental del régimen.
La lucha por la libertad y la autodeterminación en Cataluña, con sus virtudes y sus defectos, no es sino una expresión más de la lucha que la clase obrera y las clases populares necesitan desarrollar en todo el Estado: la lucha por la democracia, por todos los derechos que el régimen nos ha arrancado y por los que nunca nos ha dado. Y para ello deben ser esos sectores populares, siguiendo la dirección de la clase obrera más avanzada, los que hagan suya la reivindicación de todos los derechos democráticos, incluida la autodeterminación de las nacionalidades en España. Esa es la verdadera cuestión que solucionar: la necesaria participación de la clase obrera en la lucha contra este régimen. Y la máxima expresión de esa lucha por la democracia no es otra que la lucha por la República Popular y Federativa, un nuevo régimen que destruya la monarquía y se constituya como un poder político genuinamente popular, que ofrezca una solución verdaderamente democrática al problema territorial en España, que proponga la unidad de todos sus pueblos al mismo tiempo que defienda su derecho de autodeterminación hasta las últimas consecuencias.
Este es el verdadero camino que hay que seguir ante el problema catalán: el de la defensa del derecho de autodeterminación y la República Popular y Federativa; así como la denuncia del oportunismo que pretende desorganizar a las masas deslegitimando su lucha.