Comité de Madrid del Partido Comunista de España (marxista-leninista)
Que la monarquía en cualquiera de sus variantes es una forma de estado completamente incompatible con la democracia es ya indiscutible. La idea de igualdad de derechos, igualdad de obligaciones e igualdad de oportunidades salta por los aires en el momento en que se considera que una familia reúne, “por la gracia de dios”, condición es superiores a las de cualquier otro individuo. El caso de España es, si cabe, aún más indignante pues España volvió a ser designada Reino por decisión personal del dictador fascista Franco (Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947) y más tarde (julio de 1969) otra orden del dictador designó a Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco como jefe del estado, bajo el título de rey, una vez jurase defender los principios del “Movimiento Nacional” y el espíritu del 18 de julio de 1936.
A esta nulidad de origen se une la ilegitimidad de una jefatura de estado convertida en excepción a la norma debido a la impunidad reconocida al cargo por la Constitución, auténtica prueba de fuego contra la falsa idea de que, bajo el Régimen del 78, todos somos iguales ante la ley como ha demostrado Juan Carlos I, ejerciendo de verdadero delincuente intocable.
Sin embargo, ni siquiera la abrumadora cantidad de presuntos delitos imputados a la monarquía es suficiente para que quienes llevan décadas protegiendo a la institución más antidemocrática de España cambien de postura al respecto.
Al contrario, partidos políticos y medios de comunicación lacayos pretenden cargar sobre las espaldas de Juan Carlos toda la basura que no quieren que alcance a Felipe, poniendo en marcha toda una campaña en defensa de la corona, precisamente cuando más a la vista queda su podredumbre inherente, presentando al Borbón hijo como una figura inmaculada e independiente de su padre y mentor.
La España del siglo XXI no puede seguir cargando lastres de su peor pasado. La única opción pasa, inevitablemente, por la instauración de la IIIª República, el saneamiento de las instituciones públicas y la rendición de cuentas de quienes, como la familia Borbón, han abusado del patrimonio popular durante generaciones. No basta con cambiar una jefatura del estado por otra, sino que es necesario que la República nazca dotada de una orientación social, una vocación de servicio hacia la clase trabajadora, y decidida a imponer la auténtica igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades para todos sus ciudadanos, que hoy siguen siendo súbditos. En ese sentido, la renacionalización plena de los suministros básicos (agua, gas, electricidad), la educación, la sanidad, los sectores estratégicos de la economía, las telecomunicaciones y el transporte público, son cuestiones irrenunciables a la hora de constituir una verdadera democracia.
Pero nadie nos va a regalar esa democracia verdadera. Si queremos alcanzarla, el único camino posible es el de la lucha, constante, firme y amplia, contra las raíces que sostienen la infinidad de injusticias que nos dividen para vencernos. Cada reivindicación y cada lucha que refuerzan a la clase obrera contra sus explotadores es un paso que nos acerca a la República Popular y Federativa que garantice una autentica igualdad de todos ante la ley.
POR LA IGUALDAD DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y OPORTUNIDADES
POR LA REPÚBLICA POPULAR Y FEDERATIVA
