Secretariado del PCE(m-l)
Extracto del informe aprobado por el Comité Central de 22 de marzo de 2025
Publicamos aparte este extracto sobre fiscalidad, hasta que vea la luz el Informe completo, para intentar explicar hasta qué punto miente deliberadamente la ministra Montero, como lo han hecho sus antecesores en el cargo.
[…] Empecemos por aclarar que, en contra de lo que dice la ministra Montero, la recaudación fiscal no solo tiene por objeto atender los servicios públicos, sino que también se gasta en apoyar a los empresarios, sostener económicamente las instituciones, pagar los gastos militares, subvencionar a la Iglesia Católica y a otras confesiones religiosas, etc. Con respecto a los servicios públicos sancionados en lo que la burguesía llama “Estado de Bienestar”, el libro del que hablamos señala: “España podría considerarse más frugal que la mayoría de los países comunitarios, ya que en 2020 (ya se había constituido el primer Gobierno de coalición) gastamos casi 16.800 millones de euros menos para mantener el “Estado de Bienestar” que la media de la UE, o 30.200 millones menos que la media de la zona euro. En realidad…nuestro país podría contar con unas cuentas saneadas si hubiese aumentado los ingresos tributarios en 2.020 en más de 43.600 millones, para equipararnos a la presión fiscal media de la zona euro, o en 38.000 millones, para equipararnos a la media europea…Y el aumento recaudatorio, debería ser soportado por los contribuyentes que defraudan -doblamos la tasa de economía sumergida media de los países del euro-, los que cuentan con grandes rentas y patrimonio, y los grandes grupos empresariales”
Respecto a los impuestos, se distinguen dos tipos: Los impuestos indirectos (IVA e Impuestos especiales) que se cargan sobre el consumo, la realización de determinadas actividades (tasas), alcohol, tabaco, energía, etc.) y los pagamos todos en el mismo porcentaje (en el IVA el 21% como tipo general) con independencia de nuestra renta. Y los Impuestos directos (IRPF, Sociedades, Bienes Inmuebles, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones) en los que se tiene en cuentala riqueza, la capacidad económica, etc., de la persona o la empresa que tributa (es decir “paga más” quien más tiene).
El texto del que recogemos los datos, dice: “Los Pactos de la Moncloa, establecieron en 1977 los principios en los que se debería basar la reforma fiscal…el sistema tributario de la democracia siguió siendo regresivo, por el peso de la tributación indirecta (IVA e Impuestos Especiales) y porque la tributación directa siguió recayendo básicamente sobre los asalariados por la sesgada facilidad del fraude fiscal…cuando aún no se había consolidado en nuestro país el sistema tributario ligado al establecimiento del Estado de Bienestar-por aquel entonces ya viejo en Europa-, comenzó a atisbarse la contrarreforma”.. Cabría añadir, por nuestra parte, que la contrarreforma regresiva fue obra de la derecha y del social liberalismo. No en vano, en 2003, JL Rodríguez Zapatero, un año antes de su llegada a la presidencia del Gobierno, manifestaba: “bajar impuestos es de izquierdas”.
Por eso, al final, con 20 años de diferencia “…JM Aznar y Pedro Sánchez coincidieron en destacar que los ricos no pagan Impuesto sobre la Renta” o, al menos, no lo hacen de acuerdo con su capacidad económica, dejando en evidencia el art. 31.1 de nuestra Constitución...”. Añadimos, que tampoco pagan otros impuestos, pues la economía sumergida sigue estando muy por encima de la medida de otros países: según publicaba Gestha, en julio del año pasado, entre 230.000 y 240.000 millones se mueven cada año en este tipo de economía al margen de los controles de Hacienda…España es el país del Sur de Europa donde más ha aumentado la actividad informal tras la pandemia. En 2021, se encaramó hasta el 16,9% del PIB, frente al 14% de media de la UE, y la previsión es que continúe subiendo por el efecto de la inflación y la crisis energética.
–Una parte de alguno de estos impuestos, el de Sucesiones y Donaciones, por ejemplo, está gestionada por las Comunidades Autónomas (la de Madrid y otras, bonifica el 99% de él, por lo que las grandes rentas sólo tienen que pagar el 1% de la cuota tributaria cuando adquieren una herencia o una donación, el mismo porcentaje que el resto de perceptores de rentas muy inferiores).
-El IRPF, es el impuesto que más recauda (44,2%) (le siguen, el IVA -31,5%-, y el de Sociedades (el que pagan las empresas por sus beneficios) que solo recauda el 12,4% y que ampara que las grandes empresas tributen solo un 4%, cuando deberían hacerlo al 25%.
-¿Cómo se paga el IRPF? Los llamados tipos marginales del IRPF, que se utilizan para determinar qué paga cada contribuyente, están determinados por tramos de ingresos. En España, hoy, solo existen seis tramos:
Desde 0 hasta 12.450 euros: retención del 19%.
Desde 12.450 hasta 20.199 euros: retención del 24%.
Desde 20.200 hasta 35.199 euros: retención del 30%.
Desde 35.200 hasta 59.999 euros: retención del 37%.
Desde 60.000 hasta 299.999 euros: retención del 45%.
Más de 300.000 euros: retención del 47%.
Es decir, si cobras 1 euro más de 12.450 euros, tu retención pasa automáticamente del 19% al 24%. Y, a partir de 300.000 euros, sin embargo, cualquiera que sea tu renta, Hacienda te retendrá el 47% (lo mismo si tu renta anual es de 300.001 euros, por ejemplo, que si llega a 800.000 o más).
Por eso, cuantos más tramos hay, más se ajusta la tributación (más progresiva es). Pues bien: “…En la primera década desde el nacimiento del impuesto…los tipos marginales máximos se situaron cerca del 70% para reducirse en la siguiente en 10 puntos, situándose en torno al 55%, y seguir descendiendo a partir del año 2.000 hasta el actual 47%. Sin embargo, en lo referente a los tipos mínimos, la tendencia ha sido la contraria: mantenerlos en torno al 20% tras la primera década en la que llegaron a situarse por debajo del 10%.La conclusión es que, el porcentaje a pagar de las rentas más altas, ha bajado más de un 20%.
En cuanto al número de tramos del IRPF, en la primera década, la escala llegó a tener más de 30, para descender en la siguiente a 15 y, por último, situarse hacia el 2000 en 5 y, actualmente, en 6… Como señalan los autores: “Nuestro país tiene un amplio margen para subir los márgenes a los perceptores de las mayores rentas”.
Qué consecuencias tiene esto: la retención de las rentas más bajas es proporcionalmente mucho mayor (y, por lo tanto, más injusta) que la de las más altas, dando lugar a un doble saqueo del proletariado y las clases trabajadoras en el ámbito productivo; primero en forma de plusvalía apropiada por la burguesía sin compensación alguna para el trabajador, y después, en forma de cotizaciones extraordinarias que pesan sobre el proletariado pero no sobre la burguesía.
La actuación de los distintos gobiernos frente a la crisis del 2008, que en España se tradujo en un crac inmobiliario enorme, nos muestra en qué se ha gastado una parte sustancial de la recaudación fiscal.
Por otra parte, según el propio Banco de España, la cifra actualizada a 31 de diciembre de 2017, de ayudas financieras para la reestructuración del sector financiero después del crac de 2008 han supuesto 64.349 millones, por lo que es fácil suponer que, en realidad, es mucho mayor (algunas fuentes hablan de 100.000 M€). Ese enorme agujero, “escapó” al control del Estado.
Gestha se pregunta: ¿Cual fue la actuación de la AEAT (Agencia Tributaria), para controlar la evasión fiscal tras el crac inmobiliario?: dejó de investigar de forma preferente la evasión fisca en el sector inmobiliario y tampoco autorizó a investigar las operaciones opacas de las compañías inmobiliarias con billetes de 500 euros utilizadas para zanjar las ventas escrituradas a un precio menor del real. De ahí la necesidad de insistir en la consigna del movimiento de pensionistas de realizar una auditoria independiente de las cuentas de la Seguridad Social, para conocer cuánto de este dinero que se utilizó para salvar a la banca se sacó del fondo de las pensiones públicas.
No debemos olvidar aquí, como adelantábamos más arriba, el capítulo de gasto de los gobiernos de la monarquía: el enorme e in crescendo gasto militar, la enorme financiación estatal a las grandes corporaciones, los miles de millones de euros que dan o eximen a la Iglesia Católica, las enormes subvenciones a las grandes empresas de “economía verde”, el gasto de la institución monárquica, etc.
Vemos pues, cómo la verdadera “pedagogía fiscal” de la que habla la Sra. ministra de Hacienda, no interesa en absoluto a quienes controlan el Estado, porque permitiría ver con claridad hasta donde alcanza el robo permanente a las clases populares, quien paga los servicios públicos y quien, por el contrario goza del trato más amigable del Estado y como, en la medida en que ha ido decayendo la movilización popular y el revisionismo ha hecho perder los objetivos de la lucha y ha desarmado la política del proletariado convirtiéndola en política impotente, la oligarquía ha forzado la aplicación de recortes y reformas regresivas. Frente a esta cruda realidad, la “negociación colectiva” que predica la ministra de Trabajo es la manera más directa de ser derrotados.
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Notas:
*(1) Si, en lugar de aplicar la medida propuesta por Hacienda, se mantuviera el mínimo exento del IRPF, como propusieron a María Jesús Montero los técnicos de Hacienda, para evitar que los perceptores del SMI paguen el impuesto de la Renta, el coste para las arcas públicas sería solo de 300 millones, cuando, sirva esto de referencia, uno solo de los más de 35.000 defraudadores acogidos a la amnistía fiscal de 2012, los dueños de Cartonajes Santorromán, una empresa riojana, regularizaron más de medio millón de euros (de los de entonces). Estos personajes que sí han practicado su propia “pedagogía fiscal”, incluían en su último informe de gestión, perlas como estas: “Toda la legislación laboral va encaminada a proclamar derechos absurdos, fomentar la vagancia y a defender a los malos trabajadores, dejando a las empresas indefensas ante este tipo de abusos…el nivel de absentismo se ha duplicado, estamos en el 10% y “las empresas no podemos hacer nada…Lo que no parece darse cuenta este legislador socialista-comunista es que eso produce aumento de costes, que a su vez produce inflación y, finalmente, más pobres. Quizás es el objetivo del legislador…” (Tomado de ElDiario.es).
