J. Romero
“Nada de extraño tiene que los librecambistas sean incapaces de comprender cómo un país puede enriquecerse a costa de otro, pues estos mismos señores tampoco quieren comprender cómo en el interior de un país una clase puede enriquecerse a costa de otra. No creáis, señores, que al criticar la libertad comercial tengamos el propósito de defender el sistema proteccionista. Se puede ser enemigo del régimen constitucional sin ser partidario del viejo régimen… Pero, en general, el sistema proteccionista es en nuestros días conservador, mientras que el sistema del libre cambio es destructor. Corroe las viejas nacionalidades y lleva al extremo el antagonismo entre la burguesía y el proletariado. En una palabra, el sistema de la libertad de comercio acelera la revolución social. Y sólo en este sentido revolucionario, yo voto, señores, a favor del libre cambio”.(K. Marx. Discurso sobre el libre cambio).
Estos días los agricultores toman las carreteras y rodean las ciudades con sus tractores, en pie de guerra. La derecha reaccionaria aprovecha la crisis y la torpe reacción del gobierno de coalición para airear el mito reaccionario de la España de los “valores eternos” frente a la “anti España” y presentarse como adalides del campo español, ocultando las verdaderas razones del conflicto y su propia responsabilidad en él, como representantes políticos que son de latifundistas, terratenientes y especuladores.
En general, España, uno de los países más competitivos en el sector agrícola y ganadero es también uno en los que más ha subido el precio de esos productos, sin que esas subidas repercutan en beneficio para los pequeños y medianos productores. El Estado argumenta la incidencia de factores como el coste de los combustibles y los fertilizantes, la guerra, la sequía, etc., para explicar esta subida, pero tras ella realmente está el control del sector por grandes empresas agropecuarias y de distribución que manipulan los precios para aumentar la rentabilidad de sus inversiones, aprovechando la coyuntura de crisis (la diferencia entre el precio de compra al agricultor y el de venta al consumidor llega en algunos productos al 800%).
Los economistas burgueses defienden la libre competencia, también en el sector agrario, como en el resto; argumentan que de esa forma se abarata la producción y por lo tanto los precios finales que paga el consumidor; pero eso solo es una más de las falacias de los siervos del capital. Cuando el gran capital llega a controlar, como ocurre ahora, el sector de que se trate, cuando está en condiciones de actuar como oligopolio, puede fijar los precios y manipularlos a su antojo. Excusas no faltan (la sequía, el incremento de costes de los transportes, el calentamiento global, etc.) pero, ¿cómo explicar, por ejemplo, que un litro de aceite sea más barato en Francia, Portugal, o Noruega, que en España, el principal productor del mundo de este vital producto alimenticio?
En su día, en lugar de la reforma agraria que reclamaban los trabajadores del campo, en lugar de acabar de una vez con el latifundismo que dominaba el campo andaluz y extremeño; en lugar de fomentar el cooperativismo como exigía el movimiento jornalero, el PSOE de Felipe González, el PSOE que inició la marcha hacia la “liberalización” de la economía española que han seguido sus sucesores, optó por el Plan de Empleo Rural (hoy Profea, o Programa de Empleo Agrario), dejando intacta la estructura de propiedad del campo en nuestro país; hoy: las macro explotaciones agrícolas han aumentando un 6% en la última década, mientras que las más pequeñas han caído un 25%: la misma tierra está cada vez más concentrada (Diario.es, agosto 2022).
Hoy, en España, la gran explotación (entre 70 y 500 hectáreas) representa la mayor parte de la superficie cultivada (46%). Si a ello unimos las grandes empresas de distribución, tenemos una rápida radiografía de quién controla en realidad la producción agropecuaria y fija las condiciones en las que trabajan y venden sus productos los pequeños y medianos propietarios de explotaciones agropecuarias. *(1)
Hoy en España, 181 personas físicas (los latifundistas de siempre) tienen explotaciones de más de 1000 hectáreas… la mayor parte a nombre de sociedades mercantiles…” (datos tomados de “La marea”, septiembre 2019). En definitiva, el gran capital controla la producción y fija los precios; los pequeños, incluso gran parte de los medianos propietarios, actúan como “autónomos” a su servicio, incapacitados en la práctica para tomar sus propias decisiones. La llamada “uberización” del campo español, es una realidad desde hace tiempo.
Esta tendencia de la que hablaba Marx en la cita que encabeza este artículo, implícita en el modo de producción capitalista, es impulsada por la Unión Europea, cuya actividad, más allá de correcciones puntuales para evitar perder el control de los acontecimientos en conflictos como el actual (la Comisión Europea, por ejemplo, acaba de acordar una suavización de sus exigencias en relación con los productos fitosanitarios), refuerza objetivamente la expansión del gran capital también en el ámbito agrario.
Que la especulación, la acumulación de mercancías para aumentar artificialmente los precios y por tanto el margen de beneficio, los acuerdos de importación destinados a romper la “libre concurrencia” tan querida por el capital y sus aduladores en los ensayos económicos, y el chantaje constante de las distribuidoras forma parte de la actividad habitual del capital en el sector agrario, no es nada nuevo.
El papel en la investigación, reducción de los costes y mejora de la producción, que jugaban las cooperativas y granjas estatales y el propio Estado proletario en la economía socialista, lo ocupa en la economía capitalista el capital privado, la gran empresa, que busca obtener el máximo beneficio de sus inversiones y sujeta a este objetivo sus decisiones, garantizando la reducción de los costes y el aumento de los precios finales al consumidor para incrementar su ganancia.
Los comunistas consideramos que no es posible poner fin a las contradicciones propias del sistema capitalista que explican en última instancia los problemas del sector agrario, aceptando las reglas de la libre competencia, que irá constriñendo paulatinamente a los pequeños y medianos productores agropecuarios, poniéndoles al servicio del gran capital, como un engranaje más, parte de su fuerza productiva, capitalizando la producción agropecuaria al extremo.
Solo cabe aliviar, en parte, esta tendencia con la intervención de un Estado verdaderamente democrático y popular que podría ayudar al pequeño productor a defenderse de la competencia desleal del gran capital. Pero, volviendo a los datos objetivos, hoy, en España, sólo el 2,61% de la tierra agrícola pertenece a sociedades cooperativas
La política agraria del Estado monárquico y sus sucesivos gobiernos (incluido, claro está, el actual), no es una excepción a esta norma: nunca ha intervenido, por ejemplo, para evitar el chantaje de las grandes distribuidoras en la fijación de los precios de compra ni su inflación desorbitada hasta llegar al consumidor; en lugar de reducir la presión sobre los crecientes costes de producción exige controles que objetivamente actúan como barreras a la producción de la pequeña explotación local, basándose en criterios medioambientales, fiscales, etc. Coherente con su posición de clase, de sostén político del capital financiero, tampoco ha favorecido o incentivado la constitución de cooperativas de producción y distribución agropecuaria que permitan mejorar al menos las sinergias de los pequeños y medianos productores.
No es un secreto que la Unión Europea es el principal director de la política agropecuaria de la Europa del Capital y de la Guerra, a través de la PAC (Política Agraria Común). En lugar de fomentar la creación de estructuras públicas para la producción y distribución de los productos agrícolas, a través de la PAC, se paga a los propietarios de la tierra, la trabajen o no, se incentiva el abandono de la producción y se desampara al pequeño propietario agrícola.
La propaganda oficial afirma que entre 2023 y 2027, gracias a la PAC, el campo español recibirá 47.724 millones de euros de subvención. Se callan, sin embargo, que en realidad, unos 650.000 agricultores y 250.000 ganaderos que perciben ayudas de la PAC (los llamados agricultores de sofá) gracias a ser propietarios de tierras y zonas de pasto que no trabajan, reciben una parte importante de las ayudas comunitarias*(2)
Hoy, es cierto, el campesinado no es una fuerza política tan determinante como lo fue hace décadas, pero los revisionistas en el gobierno confunden sobre las causas identificando los objetivos de quienes ocupan con su tractor las carreteras, con los de latifundistas y especuladores o abriendo debates sobre cuestiones medioambientales, animalistas, o culturales para denunciar el atraso del mundo rural; pero no han afrontado ninguno de los problemas reales del campo y de los trabajadores agrícolas; con esa actitud, no solo han dejado de lado las soluciones, sino que han terminado por enajenarse el apoyo del mundo rural, convirtiendo a una parte de él en sostén de las fuerzas políticas de la derecha más reaccionaria.
Como conclusión, podemos decir que, probablemente, la UE llegue a un arreglo parcial que frene temporalmente un conflicto que puede acarrearle serios problemas (es algo más que simbólico el duro enfrentamiento entre dos gobiernos reaccionarios, el polaco y el ucraniano, aliados incondicionales en la guerra contra el zar Putin, a cuenta de la competencia desleal de Kiev que acapara con sus productos agrícolas los mercados de sus aliados, amenazando a sus agricultores). Pero, el problema real no se va a solucionar con estas medidas.
Los agricultores tienen razón en sus reivindicaciones. Por más que la derecha aproveche la confusión para explotar en su favor la rabia del sector agrario, PP y Vox son los representantes del latifundismo, del gran capital y, por ello mismo, los principales enemigos de los intereses de pequeños y medianos productores. El problema no está única, ni fundamentalmente, en la burocracia europea y las exigencias impuestas al productor agropecuario de la UE frente a la libertad de importación de los productos más baratos de otros países, etc. El problema real está en el dominio abrumador del gran capital, la falta de ayuda del Estado para la creación de cooperativas de producción y distribución que permitan a los pequeños productores ser más competitivos frente a las grandes empresas y latifundistas… en definitiva, en el modelo de producción dominante y en su expresión concreta en nuestro país.
“Pienso en España vendida toda de de río a río, de monte a monte, de mar a mar.” (A. Machado)
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*(1).- José Luis Miguel, de la COAG, pone el ejemplo de la uva de mesa en Murcia: “Era un cultivo con un fuerte carácter social, en el que muchas familias vivían de él, pero se ha llevado a cabo al final una concentración de tal forma que son tres empresas las que dominan este sector. Ahora no hay espacio para que cualquier productor independiente comercialice su uva sin pasar por alguna de estas compañías… Las explotaciones de más de 100 hectáreas de uva de mesa han pasado de controlar el 30% al 50% de la superficie dedicada a este cultivo en Murcia (Diario.es, Agosto 2022)
*(2).- Entre los mayores receptores de subvenciones agrícolas están muchos de los nombres de la oligarquía española como Nicolás Osuna, Mora-Figueroa Domecq, José María Aristrain y la familia Botín. Hay, no obstante, tres nombres en concreto que nunca faltan en las listas de grandes latifundistas: Juan Abelló, que concentra 40.000 hectáreas de tierra; la Casa de Alba, que dispone de 34.000 y obtiene 2,9 millones de euros en subvenciones de la PAC; y Samuel Floresy familia, que en los últimos años han acumulado 23.000 hectáreas y reciben 1,25 millones de euros de la PAC (Tomado de “La Marea”).
Alguno de ellos se permite incluso el lujo de quejarse en entrevistas televisivas de los problemas que afrontan para pagar los sueldos, por la política del gobierno y la burocracia de la UE.