A. Torrecilla
El estado capitalista, ya lo sabemos, no es otra cosa que una gran maquinaria de extracción y distribución de beneficios en favor de la burguesía a costa de la inmensa mayoría de la población de clase trabajadora, sometida a la dictadura de la clase de la oligarquía en el poder. Por eso, es la lucha de clases la que explica las motivaciones y efectos reales de cada decisión del estado.
Allí donde la fuerza social de la clase trabajadora es capaz de contrarrestar el poder económico y político de la burguesía, el estado se verá obligado a atender las necesidades del pueblo de forma colectiva, en contra de los intereses de la minoría capitalista, que ansía convertir todos los aspectos de la vida en negocio para su beneficio.
Este proceso privatizador ha sido constante a lo largo de la historia de la burguesía como clase dominante; desde la llamada «acumulación originaria» de los siglos XVI y XVII, que despojó al campesinado de sus tierras comunales y los convirtió en proletarios desposeídos, hasta hoy, cuando el mismo proletariado se ve obligado a defender con uñas y dientes los últimos servicios «públicos» —aunque atravesados por mil y una privatizaciones parciales—, del ansia mercantilizadora de una burguesía ya firmemente asentada en el poder.
En España se ha dado uno de los ejemplos más claros de este proceso privatizador a lo largo de los últimos 60-70 años. Desde las instituciones completamente públicas que el régimen franquista se vio obligado a constituir durante la etapa «autárquica» de los años 40 y 50 del siglo XX, se pasó a una primera privatización durante los años 60 y 70 como pago al reconocimiento internacional de la dictadura, para después acelerar y profundizar el proceso, ya bajo el régimen parlamentario, primero bajo la dirección del PSOE de Felipe González, y más tarde con el siniestro PP de Aznar; aunque el mecanismo no se ha detenido tampoco con los siguientes gobiernos social-liberales y liberal-conservadores hasta hoy. Todo un desarrollo histórico paralelo al de la pérdida de identidad y conciencia propia del proletariado, desde los años de la lucha antifranquista, de evidente componente obrero, hasta la plena normalización de la «democracia» burguesa y la asimilación de la propaganda antirrevolucionaria —anticomunista en particular—, implantada a la fuerza en las generaciones más jóvenes.
La mercantilización de lo público, lejos de atenuarse a medida que más y más servicios han quedado bajo la dirección empresarial privada, se ha ido acelerando a medida que las condiciones del mercado —cada vez más globalizado, más competitivo y más saturado—, han forzado la búsqueda de más y más espacios comerciales allí donde antes existían servicios públicos. La crisis de sobreproducción producida tras el derrumbe de la gran burbuja especulativa en 2008, el evidente avance del deterioro climático y, sobre todo, las decisiones político-comerciales tomadas por el bloque occidental a raíz de la invasión rusa de Ucrania, han convertido al sector energético en un terreno virgen y atractivo para la expansión del nuevo capitalismo «verde» y «sostenible».
Este nuevo escenario viene a sustituir el históricamente desolador panorama energético español. La inmensa mayoría de la energía que hemos consumido desde el siglo XIX en adelante provenía del exterior; del carbón británico, el gas tunecino, del excedente energético francés de origen nuclear y, sobre todo, del petróleo importado en ingentes cantidades desde Arabia Saudí. Todas ellas importaciones muy rentables para la diminuta oligarquía española —no olvidemos que el primer «pelotazo» del indecente Juan Carlos I, aún bajo la tutela de Franco, fue el cobro de una comisión de un céntimo de peseta por cada barril de petróleo que llegase a España—, por lo que, hasta ahora, esta oligarquía nunca tuvo ningún interés real en desarrollar un modelo energético propio o investigar fuentes alternativas de energía. Desde hace unos años, sin embargo, la burguesía percibe la «ventana de oportunidad» abierta de par en par para conseguir fondos públicos de todas las administraciones —europea, nacional, regional y local— a cambio de su «generosa» y «altruista» inversión en una economía verde y sostenible que atenúe los efectos dañinos del modelo productivo impulsado por ellos mismos previamente.
El problema de este plan es que las infraestructuras eléctricas del país siguen siendo las que se diseñaron para la producción energética tradicional, mediante plantas hidroeléctricas, térmicas y nucleares construidas hace muchas décadas y, por tanto, mucho menos eficientes que las actuales plantas eólicas y solares. La burguesía ha copado ya el negocio de la producción energética —apropiándose, de paso, de inmensas extensiones de terreno en espacios naturales de especial interés y protección, por cierto—, y ahora tiene en el punto de mira el negocio de la distribución y suministro, para lo cual los accidentes y fallos a gran escala, como el del pasado mes de abril —facilitados por la oportuna desidia del Estado en la labor de mantenimiento y modernización de la red—, no son otra cosa que argumentos de peso para acelerar el proceso.
En la actualidad, la energía «sostenible» española es una mercancía propiedad de cuatro grandes grupos empresariales: las españolas ACCIONA e IBERDOLA, la hispano-alemana SIEMENS-GAMESA, y la multinacional ENDESA X, que pugnan entre ellas por hacerse un hueco en el negocio —es decir, en el reparto de subvenciones públicas— que ofrece la modernización de la anticuada infraestructura de distribución y suministro energético.
La degradación de los servicios públicos forma parte de la estrategia a gran escala de la burguesía para tantear la fuerza y el grado de vigilancia del proletariado frente a sus avances; para conocer la capacidad de respuesta de su enemigo de clase, y saber si el momento de lanzarse a la conquista y privatización de lo público. Lo estamos viendo en tiempo real, en estos mismos momentos, con los restos de la sanidad pública —privatizada ya en gran parte a través de la inmensa mayoría de los servicios auxiliares como cocina, lavandería, limpieza, etc.—, y la educación pública, especialmente la universitaria, agonizando entre la asfixia económica y la agresiva competencia privada, haciendo cada vez más habitual el «apoyo» del sector privado a los servicios públicos.
La siguiente fase, una vez conseguida la funesta «colaboración público-privada», como ocurre ya en el sector energético, es abandonar aún más la parte pública para hacerla cada vez más obsoleta, incómoda y precaria frente a la alternativa privada. El capitalismo siempre ofrece «libertad» de elección mientras destruye ante nuestros ojos lo público y adorna lo privado. Otro ejemplo evidente y actual se da estos días en el sector ferroviario, donde la entrada de las compañías «low cost» francesas ha venido acompañada de la degradación del servicio público a través de retrasos, subida de tarifas y reducción de espacio para los viajeros de largas distancias.
No podemos olvidar nunca que la lucha de clases no se limita a las relaciones que se dan entre los muros de las empresas entre trabajador y patrón, sino que se extiende mucho más allá, abarcando todos los aspectos de la vida del proletariado; en el ámbito doméstico, en sus momentos de ocio, en sus relaciones familiares y personales, etc. En las inmortales palabras de Marx y Engels: «Cuando ya la explotación del obrero por el fabricante ha dado su fruto y aquél recibe el salario, caen sobre él los otros representantes de la burguesía: el casero, el tendero, el prestamista, etc.» (Manifiesto comunista, 1848).
Por esto, nuestra lucha de clases va mucho más allá del movimiento obrero como tal, y se extiende por barrios, pueblos y ciudades, tejiendo redes de solidaridad y organización de clase, entre trabajadores y trabajadoras de toda condición; asalariados, paradas, pensionistas, estudiantes, domésticas… Nuestra clase tiene mil y una formas, pero un solo enemigo.
