J. Romero
El próximo 28 de octubre la COESPE ha convocado una manifestación en Madrid en defensa de las pensiones públicas con el lema: “Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”. No es una manifestación más, su convocatoria indica una actitud política positiva que debemos impulsar porque es clave para recuperar la capacidad de lucha organizada y unitaria de las clases populares, aparcada conscientemente por la izquierda institucional desde que se comprometió activamente en la defensa del régimen monárquico continuista. Durante todos estos años se ha ido debilitando la organización de los sectores populares, la lucha en la calle y los objetivos verdaderamente transformadores y en su lugar se impuso el cesarismo de líderes de papel que únicamente defendían formalmente las reivindicaciones de las clases populares en el Parlamento de un Estado cuyo “balance de poderes” está claramente desequilibrado desde su constitución en favor de instituciones no electivas copadas por los sectores más reaccionarios y el gran capital. Daba igual que el gobierno fuera del social liberalismo (PSOE), de la derecha reaccionaria (PP) o de una coalición en la que participaran representantes de fuerzas oportunistas como IU y PODEMOS: la orientación final ha sido la misma; han variado los ritmos, el “tono” (y no siempre: conviene repasar la lista de recortes brutales de los gobiernos de Felipe González y la soberbia de este siniestro personaje), pero no el sentido regresivo en los derechos conquistados por el proletariado.
En las grandes movilizaciones en defensa de los servicios públicos que se han desarrollado a lo largo de los últimos meses, gracias a la labor de organizaciones como Trabajadores Pensionistas, nuestro Partido y otras se ha ido imponiendo la consigna: “gobierne quien gobierne, lo público se defiende”. Las fuerzas que apoyaban o formaban parte del Gobierno de coalición han hecho todo lo posible por evitar que esta consigna se extendiera porque ponía en cuestión su papel en la defensa de los servicios públicos y desnudaba la cínica “oposición” contemplativa de las principales fuerzas de la izquierda institucionalizada.
Sirva de ejemplo la Comunidad de Madrid y la principal fuerza de la izquierda institucional en el Parlamento de esa comunidad, Más Madrid cuya nula “resistencia” práctica a la privatización sanitaria impulsada activamente por el gobierno de Ayuso y contestada en la calle por centenares de miles de manifestantes, se explica en parte porque una actitud más ofensiva les hubiera situado en una posición incómoda frente a su aliado social liberal que siempre ha sido un ferviente impulsor de la “colaboración público privada”. Sus principales dirigentes, como los del resto de formaciones reformistas, pasaban de largo ante la evidencia de que las administraciones públicas de la España Monárquica pueden privatizar porque existe una estructura territorial (aceptada por todas las fuerzas institucionales) que niega sistemáticamente el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades históricas pero impide sin embargo que los servicios públicos y su prestación por entidades públicas estén garantizados obligatoriamente por el Estado, por lo que en la práctica cada “autonomía” se ha convertido en el “chiringuito” de castas que han convertido la política sanitaria, educativa, etc., en su feudo particular. Y, finalmente, porque existen leyes que se lo permiten: por ejemplo, la Ley General de Sanidad (artículo 90) y la Ley 15/97 (la primera elaborada por el PSOE y la segunda por el PP, aunque apoyada por el primero) autorizan a las administraciones públicas a ceder la prestación de servicios sanitarios a entidades y consorcios privados; lo mismo cabe decir de la LODE aprobada en 1985 por un gobierno del PSOE respecto a la concertación de servicios educativos con entidades privadas (La LODE, por cierto, se inspira para ello en los artículos 94 y 96 de la franquista Ley General de Educación de 1970).
Cuando habla de los gravísimos problemas de degradación de la prestación de los servicios que acarrea la aplicación práctica de las políticas privatizadoras, la propaganda oficial oculta sus causas últimas y centra el problema en la gestión concreta de tal o cual gobierno autonómico que, a su vez, utiliza para privatizar la excusa de estar “forzado por las circunstancias”. Pero lo cierto es que todos los gobiernos, tanto el central como los autonómicos siguen la misma práctica que está poniendo en manos de entidades, fondos y consorcios financieros privados derechos esenciales para los trabajadores y pagados por ellos.
Este acuerdo entre las fuerzas que apoyan al régimen se ve muy claro en relación con las pensiones públicas: la política del Gobierno de coalición y sus apoyos políticos ha sido una repetición del juego de trileros de siempre: no solo no se ha derogado la reforma regresiva de Rajoy (menos aún la de Zapatero que partía con el aval de la dirección de CCOO y UGT) como se comprometieron a hacer en el acuerdo de constitución del Gobierno, sino que en la etapa final del mandato la izquierda reformista con la complicidad de los dirigentes sindicales, ha llevado adelante decisiones de gran transcendencia que son un jalón más en la privatización de las pensiones, entre ellas: la ampliación del periodo de cálculo a 29 años, y el establecimiento del Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional (los “adornos” que matizan temporalmente estas medidas, no evitan que con ellas se abra en la práctica una nueva vía para cargar sobre los trabajadores nuevas aportaciones al sistema).
En el caso de las pensiones, el argumento para recortar derechos y abrir su prestación al capital privado ha sido, como siempre, la insostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. Sin embargo, a pesar de que el movimiento de pensionistas viene reclamando desde hace años medidas absolutamente razonables como, por ejemplo, llevar a cabo una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social que como señalaba la revista digital “Nueva Tribuna” en Diciembre de 2020: “determine los importes del saqueo que durante años han sufrido las cotizaciones sociales, las compensaciones para reponer el daño causado, la anulación de la falsa deuda, el análisis de los gastos, y los cambios artificiales de la naturaleza, contributiva o no, de las prestaciones”, nunca se han dado razones objetivas que expliquen esa insostenibilidad, ni se ha cuantificado ni justificado el dinero que se sacó del fondo de pensiones para el rescate financiero de la banca tras la crisis “del ladrillo” provocada por sus desmanes especulativos, que se calcula en 60.000 millones de euros. *(1)
A falta de inversión productiva en plena crisis capitalista, el capital financiero se ha convertido en una aspiradora de dinero ajeno con el que especular, dinero que absorbe de todos los sectores: deuda pública, ahorro privado (los bancos cobran cada vez más por menos servicios, pero no remuneran el dinero que reciben de sus clientes), vivienda*(2) y, cada vez más, de los servicios públicos que cubren las necesidades perentorias de las clases trabajadoras y sus familias: educación, sanidad, pensiones, etc., que paulatinamente están cayendo bajo el control del capital financiero.
Los poderes públicos ayudan activamente a la trasferencia de las rentas obtenidas del proletariado a través de impuestos, tasas, y aportaciones para asegurar la prestación de los servicios públicos, al capital financiero que está copando estos sectores. Este dinero, al entrar en el circuito de la especulación improductiva, retroalimenta constantemente y añade combustible a la crisis económica.
Una de las decisiones más graves del anterior gobierno en este proceso de privatización de las pensiones y que ha pasado más desapercibida para la opinión pública ha sido la Ley para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, aprobada en Junio de 2022. Poco antes de su tramitación, el Banco de España (cuyo Gobernador Pablo Hernández de Cos es un desvergonzado abanderado de las tesis del gran capital) avalaba el proyecto en términos elogiosos y con el lenguaje propio del departamento de ventas de una aseguradora: “...los privilegiados con plan de pensiones de empresa pueden vivir más tranquilamente que los que no lo tienen…”.
La ley establece beneficios fiscales para las empresas que activen estos planes (deducciones en el impuesto de Sociedades y otras) y ponen en sus manos y las de las entidades financieras encargadas de la gestión de los fondos un importante patrimonio aportado por los trabajadores.
El primer sector en acogerse a la norma fue el de la Construcción, cuyo VII Convenio General, firmado en junio pasado, establece la constitución de un fondo que gestionará 3000 millones de euros en la próxima década. La patronal, que no suele andarse por las ramas, marcaba dos premisas para aprobar el plan; la primera, que no suponga un coste dinerario a las empresas, es decir, que la aportación provenga de una parte de la subida salarial pactada. Dicho y hecho, en el convenio se acuerda con las direcciones de CCOO y UGT del sector que del 10% de subida salarial pactado hasta 2024, el 3,25 % se destinará al Plan de Pensiones de Empleo, mientras que la empresa aportará un magro capital de 650 euros en tres años. VidaCaixa, grupo asegurador del Caixabank (uno de los mayores banco del país) gestionará el plan simplificado. *(3)
Pedro Fernández Alén, presidente de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), entidad paritaria en la que están representados la patronal CNC junto a CC OO y UGT, resumía el papel conciliador, y miserable del revisionismo sindical mejor que cualquier manifiesto: “en la construcción hemos demostrado la importancia de dialogar y tender puentes para buscar el bien común de empresarios y trabajadores, y hacer de nuestro sector un motor para la transformación y el progreso de España”.
El Gobierno argumenta que los Planes estarán adecuadamente controlados para evitar un uso inadecuado de los fondos aportados por los trabajadores. Pero, el desarrollo del capitalismo especulativo que se está acelerando, no augura nada bueno, menos aún cuando es el zorro el que cuida del gallinero. No sería la primera vez que las entidades financieras y las grandes empresas hacen un uso “creativo” de los fondos de otros: A finales de 2001, por ejemplo, el hundimiento de la gran empresa de energía estadounidense, ENRON, se llevó por delante las pensiones de sus trabajadores (luego se supo que entre otras actividades irregulares, se habían comprado masivamente acciones de la empresa con el dinero del fondo) *(4)
El Plan de Pensiones de la Construcción permite hacernos una idea de lo que está en marcha: por un lado un pingüe negocio para empresas y entidades financieras y por otro un caballo de Troya para la clase obrera que amplía la dispersión entre los distintos sectores del proletariado: entre los de la gran empresa y el sector público y los más precarios de pymes y microempresas, y consolida un modelo de actividad sindical rastrera y traidora. Para los trabajadores se trataría de una magra compensación en su pensión, a cambio de futuros recortes de las pensiones públicas de todos.
Es decir, el Gobierno de coalición, entre falsas sonrisas y promesas incumplidas, ha seguido aplicando la política de privatización de los derechos públlicos de los trabajadores. Terminado su mandato y con un resultado tan abierto como el de las pasadas elecciones del 23 de julio cualquiera que sea el gobierno que finalmente se constituya y por encima de discrepancias puntuales en cuanto al ritmo, parece evidente que existe un acuerdo político entre todas las fuerza que sostienen el régimen para seguir desarrollando estas medidas, muchas de las cuales, por otra parte, son exigidas por la Unión Europea, el centro de dirección de la política ultra liberal en la Europa imperialista
A pesar de las promesas de revisionistas y oportunistas, de nuevo queda claro que para enfrentar al capital únicamente sirve la respuesta firme y organizada de la mayoría social. En definitiva, lo determinante no es el nombre de la fuerza que finalmente forme gobierno, sino que la clase obrera se ponga en orden de combate contra el capital en defensa de sus derechos sociales amenazados, como dice la consigna: Gobierne quien gobierne.
(1) Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) la Presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano declaró que entre los años1989 y 2018 la Seguridad Social asumió 103.690 millones de euros en gastos no contributivos (gastos impropios) que deberían haber sido financiados por el Estado en lugar de ser sacados de las arcas del sistema de pensiones. Tomado del diario 65ymás.com.
(2).- En plena crisis de la vivienda que aleja este bien primordial de las familias trabajadoras de la mayoría, el Estado en lugar de utilizar los activos de la SAREB para atajar la escalada de precios, creando un parque público de vivienda social en alquiler, ha consentido que se vendan los activos de esa sociedad a fondos financieros: Entre 2015 y 2019, solo los tres mayores Fondos de Capital Riesgo: Blackstone, Cerbeus y Lone Star han acaparado la mitad de los 142.400 millones de euros en activos que se han traspasado.
(3).- El diario económico digital Cinco Días, señalaba en un artículo de abril de este año: Las gestoras de activos empiezan a movilizar su oferta comercial hacia los planes de pensiones colectivos…La primera en mover ficha y adaptarse a la nueva regulación fue VidaCaixa, que ya en junio del año pasado lanzó el primer plan de pensiones simplificado orientado a los autónomos, en colaboración con ATA, la patronal de este colectivo.
(4).- La historia de la economía imperialista es una sucesión de fraudes empresariales y financieros que jalonan los periodos de normalidad y anticipan bruscas crisis: en España aún se recuerda el caso Bankia; a nivel internacional acabamos de vivir recientemente el hundimiento del Sillicon Valley Bank, pero han sido muchas las crisis fraudulentas de grandes empresas financieras; una de las más sonadas fue la de Lemhan Brothers, de la que Luis de Guindos, era Director General y apoderado mancomunado para Europa. Ello no impidió a este personaje prototipo del tiburón financiero, ser unos años después, como Ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno Rajoy, el responsable de la aplicación de muchos de los más duros recortes de aquella etapa. Hoy es Vicepresidente del Banco Central Europeo.