Editorial del semanario En Marcha, órgano del PCMLE, nº 1698
Los trabajadores y el pueblo no deben ser tomados como víctimas que lleven sobre sus espaldas los efectos de la crisis.
Son varias las ocasiones en las que el presidente Rafael Correa ha debido retractarse de sus declaraciones, su irrefrenable demagogia le lleva a decir tanta cosa que al poco tiempo quedan evidenciadas como burdas mentiras. Hace algunas semanas, a propósito de la caída del precio del petróleo en el mercado internacional, aseguró que la economía ecuatoriana podía resistir hasta con un barril de 20 dólares; sin embargo, ahora, desesperado dice que el costo de producción de cada barril de petróleo es superior a su precio en el mercado e inmediatamente ha anunciado medidas para enfrentar la grave situación económica del país.
Una de ellas es un nuevo recorte en el presupuesto, esta vez de 800 millones de dólares, que sumados a los dos anteriores da una reducción total de 2.220 millones de dólares. Casi de manera simultánea se dio a conocer también que entrará en curso un proceso de «reducción del tamaño del Estado», frase muy usual en la época de los gobiernos neoliberales.
Entramos, pues, a la ejecución de políticas de ajuste, típicas de los gobiernos burgueses para enfrentar momentos de crisis. Reducir el tamaño del Estado implica poner en la calle a empleados públicos que «sobran» en la burocracia alimentada febrilmente en estos años de correísmo.
El famoso milagro ecuatoriano, del que ya no se habla desde hace meses, ha quedado totalmente desenmascarado. El crecimiento de la economía ecuatoriana no era más que resultado de los precios de las exportaciones petroleras y otras materias primas que ahora se encuentran también a la baja, pero de ninguna manera fue el resultado del desarrollo, crecimiento y fortalecimiento del aparato productivo. El Ecuador no ha dejado de ser el mismo país de hace décadas, dependiente de los precios de sus materias primas en el mercado internacional.
Los trabajadores y el pueblo no deben ser tomados como víctimas que lleven sobre sus espaldas los efectos de la crisis. El Gobierno debe abandonar sus gastos dispendiosos en propaganda, en viajes de delegaciones inútiles al extranjero o en sabatinas costosas para acanallar a los opositores, debe eliminar los gastos superfluos de la jerarquía de alto nivel y de «asesores» y «consultores» parásitos que pululan en ministerios o secretarías con rango ministerial, creadas para pagar favores políticos.
Fuente: En Marcha
Martes, 1 de septiembre de 2015