Secretariado del Comité Central del PCE (marxista-leninista)
A medida que se acumulan los indicios, las sospechas y —cada vez más— las pruebas de corrupción contra el PSOE y, por extensión, contra el gobierno de coalición «progresista», los rumores de un final abrupto de la legislatura, en forma de adelanto electoral o moción de censura, ganan terreno y disparan los nervios de los partidos que aspiran a gestionar los engranajes del Estado, mientras los corruptores —los grandes empresarios que compiten entre ellos por comprar favores políticos—, guardan silencio esperando a que amaine el ruido mediático para continuar con sus negocios legales e ilegales a costa de los fondos públicos.
Porque la corrupción política y empresarial no es ni un fenómeno puntual ni una anomalía en España. Aquí, a diferencia de los países donde la burguesía pudo organizar verdaderos movimientos revolucionarios con los que desplazar al absolutismo del poder de forma rápida y contundente, ésta se vio obligada a unir fuerzas con la monarquía borbónica para hacer frente común contra las amenazas conjuntas de la rama carlista, con su modelo económico y político feudalista, y contra los movimientos obreros y populares con aspiraciones democratizadoras, que las amenazan.
Aunque la burguesía ha demostrado ya sobradamente a lo largo de la historia que es muy capaz de desatar la más brutal y sanguinaria represión para mantener a salvo esa alianza monarco-capitalista, como quedó de manifiesto en la conspiración y colaboración de los principales empresarios del país con los militares fascistas contra la II República y durante la dictadura franquista, lo cierto es que la forma democrático-parlamentaria es mucho más eficaz para mantener sus privilegios de clase sin necesidad de una gran inversión constante en medios represivos. Por eso, el llamado Régimen del 78 no es otra cosa que una aparente democracia representativa en forma de monarquía parlamentaria que, en la práctica, resulta ser un modelo político, económico y social de dos niveles; el de los «ciudadanos» de pie, sujetos a leyes y obligaciones de todo tipo a cambio del reconocimiento de un puñado de derechos —que muchas veces no pasan del papel a la realidad—, y el nivel de la oligarquía, donde las limitaciones legales, las obligaciones y los cauces democráticos son, en el mejor de los casos, opcionales, hasta llegar a la cúspide donde la mafiosa familia Borbón y la élite capitalista del más alto nivel se sitúan completamente al margen de la ley, como certifica la propia Constitución de 1978 en el caso de la monarquía.
Este sistema de dos niveles el que engendra y normaliza la corrupción política y empresarial a gran escala, pues los cauces institucionales, democráticos o burocráticos son fácilmente salvables para las ACCIONA, SACYR, FERROVIAL, AENA, OHL, SANTANDER, INDITEX, y demás empresas «punteras» del país, quienes sistemáticamente compran voluntades políticas para obtener contratos públicos, recibir sobresueldos o inflar presupuestos oficiales. Todo ello bajo la apariencia de la más estricta legalidad y normalidad democrática.
Porque, en realidad, esta es nuestra normalidad democrática sin maquillajes. Una normalidad dominada entre bambalinas por la competencia entre facciones de la burguesía, agrupadas en dos grandes bloques: la liberal-progresista, que entiende el capitalismo como una forma de desarrollar la sociedad y reducir las desigualdades más angustiosas de las clases populares —sin llegar nunca a erradicarlas—, y la reaccionaria/conservadora, que no ve en el capitalismo más que la más eficaz forma de conquistar y ampliar privilegios individuales. Ambas facciones mueven sus peones políticos dentro y fuera de las instituciones tratando desalojar del gobierno de turno a sus adversarios, asegurar sus propias posiciones y, sobre todo, bombear constantemente todo el dinero público posible hacia sus cuentas bancarias.
El actual gobierno de coalición es fruto de un largo proceso de reorganización interno de fuerzas políticas que se puede dividir en dos partes. Un primer movimiento se produjo entre 2017 y 2018, cuando diversos grupos políticos, en representación de sus respectivas facciones burguesas, vieron necesario cerrar abruptamente la etapa de contrarreformas y recortes emprendida por el PP en el año 2011, y abrir una nueva etapa mediante la moción de censura del PSOE, para dar una imagen política mucho más conciliadora y abierta, en un escenario de inestabilidad en el que el desgaste del bipartidismo se complementaba con el auge de partidos «alternativos» a izquierda y derecha de PP y PSOE. Una etapa que, además, permitiese asentar pacíficamente los proyectos del gobierno derechista más dañinos para los trabajadores: Ley Mordaza, privatizaciones, reforma laboral, etc.
Logrados esos objetivos, y en un escenario completamente distinto; con el bipartidismo ganando algo de espacio a costa del desgaste de los partidos alternativos de izquierda y derecha, con una crisis de sobreproducción cronificada, y con la creciente posibilidad de una guerra a escala mundial, la facción más reaccionaria y neoliberal de la burguesía comienza a tener prisa por controlar los resortes del poder político en España, como ya han logrado en otros países, con los EEUU a la cabeza, y pone en marcha toda su maquinaria jurídica, periodística y política de destape y difusión de corruptelas ajenas y ocultación de las propias para acelerar la desestabilización y posible caída del gobierno, con la esperanza de gestionar más pronto que tarde los resortes del gobierno, pese a carecer un verdadero proyecto alternativo más allá de revertir los aspectos más avanzados de la actual legislatura, y aprovechar la coyuntura geopolítica internacional para ampliar las ganancias económicas personales.
Pero, como venimos diciendo, la estructura y el funcionamiento «normal» de este modelo político hace imposible que cualquier cambio de siglas en el gobierno, resultado del adelanto electoral, o posible moción de censura, ni mucho menos ningún «reseteo de la legislatura», como piden los socios revisionistas del PSOE, vayan a significar solución alguna al problema estructural de la corrupción en España, pues ninguna de las facciones burguesas que aspiran a tomar el control político el Estado tiene entre sus objetivos una ruptura democrática y económica con las correas de transmisión del poder económico capitalista oculto tras el telón democrático, dado que su estrecha vinculación con las mismas implicaría su propia caída y rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Sin embargo, romper esa correa de transmisión es vital para las clases trabajadoras, con el proletariado a la cabeza —aunque también para cada vez mayores capas de las «clases medias» de la pequeña burguesía—, que ya no pueden ni quieren seguir soportando la hipocresía de este sistema de dos niveles, en el que unos pocos lo tienen todo a costa de que la mayoría apenas tenga nada. Un sistema formalmente «democrático y social» que, en la práctica, no es más que la dictadura de una oligarquía cada vez más poderosa aunque más reducida —y, por ello, menos democrática—, sobre unas masas cada vez más amplias pero más igualadas en sus condiciones de explotación y miseria.
La corrupción política y empresarial es inseparable del capitalismo como modelo productivo ya que éste necesita la desigualdad económica y social que obliga a las clases trabajadoras a aceptar las miserables condiciones de vida y trabajo impuestas por la burguesía. Por tanto, sin una ruptura de las mil y una cadenas que vinculan los mecanismos del Estado a los intereses de la burguesía, es decir, sin superar el capitalismo como modelo productivo y sustituirlo por un régimen de participación colectiva en la producción y distribución de bienes, servicios y riquezas, podremos presenciar una y otra vez las más variadas ceremonias de la hipocresía por parte de los implicados en las estafas, de los medios de comunicación colaboradores y de las instituciones políticas «salpicadas» por la corrupción, pero lo que no podemos esperar nunca es ver una solución a un problema que solo lo es para una parte de la población —la mayoritaria, en todo caso—, mientras que para la oligarquía es la forma natural de ejercer su poder sobre la sociedad.