Agustín Bagauda
Estos días asistimos a un importante debate en la Unión Europea sobre la cuestión de las migraciones, que para muchos, especialmente fuerzas y gobiernos de derecha, es central para el futuro de lo que llaman la democracia liberal de la UE: “la única pregunta es si va a ser la extrema derecha populista o la democracia liberal la que lo dará [la respuesta a la “crisis” migratoria]” porque está en juego la “supervivencia de la civilización occidental” (D. Tusk, Primer Ministro polaco). Como se ve, la cuestión no es qué respuesta se da, sino quién la da, porque la respuesta viene prefigurada, en consonancia con las posiciones del fascismo 2.0 de la UE.
Su política migratoria ha tenido cuatro patas: 1) Externalización de las fronteras; 2) fortalecimiento del control de las fronteras propias mediante el Frontex; 3) sistema común de asilo (procedimientos de asilo, condiciones de acogida,…); y 4) reubicación corresponsable de los refugiados entre los distintos países.
La primera son acuerdos de cooperación con terceros países, sobre todo países de tránsito o de origen de los migrantes, que, en general, no se caracterizan por tener regímenes democráticos y respetuosos con los derechos humanos, y tienen que contener las migraciones a cambio de miles de millones de €. Consecuencias: a) abusos, secuestros, torturas, violaciones de mujeres, detenciones arbitrarias, tráfico de seres humanos,…; b) dificultad de acceso a la protección internacional, empujando a los migrantes a utilizar rutas peligrosas y recurrir a mafias organizadas de traficantes de personas para buscar destinos más seguros; c) devolución de los inmigrantes a países donde su vida corre peligro (violación del principio de no devolución); d) obstaculización del acceso a la condición de refugiado (Daniel Barrios, lisanews.org, 14/05/2024). La CEAR abunda en estas razones: “(…) la externalización de fronteras genera situaciones de vulnerabilidad, desprotección y vulneración de derechos. Conduce además a las personas migrantes y refugiadas a emplear rutas migratorias cada vez más largas y peligrosas y dificulta el acceso a la protección internacional” (“¿En qué consiste la externalización de fronteras”, www.cear.es, 20/10/20). La democratísima UE es la responsable de todo esto. Migración “irregular”, “ilegal”, la llaman, al objeto de dotarse de una justificación para cometer todo tipo de desafueros y violaciones de los más elementales derechos humanos.
A nuestro juicio esta pata es la clave de bóveda de esa política, especialmente de la de España, que “desde 2006 ha firmado acuerdos con Mauritania, Senegal, Camerún, Costa de Marfil, Cabo Verde, Guinea-Conakri, Ghana, Mali y Gambia” (D. Barrios). Pero, por su situación geográfica y relación histórica, los que tienen mayor relevancia son los acuerdos con Marruecos que ha aumentado la presencia del ejército y la policía en la frontera con Ceuta y Melilla (y, dicho sea de paso, utiliza a los migrantes, incluidos a sus propios súbditos, para presionar a España sobre el litigio del Sáhara Occidental), ejerciendo todo tipo de represión contra los que intentan salvar la valla, desmantelando campamentos a golpe de porra, entrando en suelo español para, ilegalmente, hacer devoluciones en caliente y deportaciones. Recordemos el salto a la valla de Melilla del 24 de junio de 2022, el asesinato, con la connivencia del Estado español (y sigue siendo ministro el ínclito Marlaska), de 40 personas, cerca de 80 desapariciones y de 500 devoluciones ilegales.
¿Qué decir del Frontex, creada en 2004? Esta es la entradilla del artículo “El encubrimiento de Crotone” (www.lighthousereports.com, 02/06/23), sobre el naufragio (26/02/23) frente a la costa de Cutro, Italia: “Italia mintió sobre su papel en un naufragio en el que murieron 94 personas, incluidos 35 niños, y la agencia de fronteras de la UE, Frontex, ayudó a encubrirlo”. Y más adelante: “tanto las autoridades italianas como los líderes de Frontex eran conscientes de que el barco mostraba signos de peligro cuando el barco fue avistado (…), pero decidieron no intervenir, y luego trataron de ocultar cuánto sabían”. En “Frontex: 20 años de crecimiento imparable y vulneraciones de derechos humanos” podemos leer: “(…) se ha denunciado repetidas veces que las misiones llevadas a cabo por Frontex ejercen expulsiones colectivas prohibidas por el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”; ““Se está dando una vulneración sistemática de derechos con la colaboración necesaria de la Comisión Europea y de los gobiernos de los Estados miembro, sin que ninguno de ellos levante la voz ante lo flagrante de la situación”” (centredelas.org, 08/02/24). Sobran los comentarios.
¿Cuál es la esencia, pues, de la política migratoria europea? Contención, control, desprotección, abandono y represión de los inmigrantes. Su máxima: prohibición de la libertad de movimiento de los migrantes (mientras, eso sí, se garantiza la total libertad de movimiento del capital).
En los últimos tiempos esta política se ha endurecido. En diciembre del pasado año la UE aprobaba el Pacto de Migración y Asilo: mayor control de las fronteras, “Solidaridad [sic] a la carta” y ruptura de la igualdad en la atención a los solicitantes de asilo, de manera que habrá un trato preferente para los que vengan de Ucrania, Afganistán o Siria.
Así también, el Frontex ha experimentado un fortalecimiento para ejercer un mayor control y vigilancia. “El presupuesto de Frontex se ha multiplicado por ocho entre 2012 y 2022, pasando de 89,58 millones a 754 millones de euros”; “Frontex no solo aumenta en presupuesto, también aumenta en efectivos. Ha pasado de tener una serie de efectivos menores a, entre los años 2020 y 2025, poder contar con 5.000 efectivos. Y en solo dos años más, en 2027, se prevé que llegue a tener 10.000 efectivos, con capacidad de hacer uso de la fuerza, y de tener y hacer uso de armas de fuego” (ibid).
Desde hace años, si hay un tema en el que se han endurecido los discursos y posiciones del espectro político e institucional europeo ha sido éste, dándose un viraje hacia la extrema derecha, asumiendo sus postulados e iniciativas. Pero es ahora cuando el viraje es generalizado y afecta, prácticamente, al conjunto de la UE (pone, incluso, en peligro el citado retrógrado Pacto, que debiera empezarse a aplicar en dos años): La mayoría de los gobiernos “socialistas” (social-liberales) han virado a estribor; 15 países reclaman que se explore la implantación del “modelo Ruanda”; Francia relaciona inmigración con delincuencia y apuesta por un endurecimiento de su “arsenal legislativo”; los estados miembros conculcan sus propias normas y así, por ejemplo, algunos, como Alemania, violan el acuerdo/espacio Schengen introduciendo controles fronterizos, Holanda quiere quedar fuera de la legislación de asilo y Polonia y Hungría, que no aceptará el reparto de cuotas de refugiados, van a suspender el derecho de asilo; etc.
En esa misma línea, un grupo de 11 países se han alineado con la filofascista Meloni y tuvieron una reunión ad hoc el día anterior al cónclave del Consejo de Europa que debatió el tema. Pero, quizás, lo más significativo es que la Presidenta de la Comisión Europea, la cara visible de la UE, la prusiana Von der Leyen, haya abierto el debate sobre los centros de retorno fuera de la UE, a raíz de la iniciativa de Meloni en Albania, con lo que tácitamente está dando el visto bueno a ese proyecto italiano y a la generalización del mismo. Y aún más relevante es que asistiera a la citada reunión, convocada por Italia, Dinamarca (“socialdemócrata”) y Países Bajos, quedando clara la posición de la Presidenta, que se alinea con y refuerza las posturas de la extrema derecha europea. El que, en esos días, el Tribunal de Roma ordenara que las 12 personas migrantes retenidas en Albania fuesen a Italia, tiene una importancia menor porque aquí, lo relevante, en tanto que de ello dependen los destinos y vidas de decenas de miles de inmigrantes, es la voluntad política de la UE de asumir posiciones, que derivarán en leyes, medidas e iniciativas, que hasta ahora eran más o menos exclusivas de las fuerzas neofascistas; y no solo los destinos y vidas de los migrantes, sino del conjunto de los ciudadanos europeos dado que la asunción de esos postulados significa la fascistización de las instituciones europeas (y de los distintos gobiernos de los estados miembros).
Representantes de la burguesía europea y conscientes de los destrozos que ocasiona el capitalismo imperialista que encarnan y defienden, de las migraciones masivas y en aumento que provocan y están alimentado se disponen prestos a parapetarse, a reforzar sus fronteras, el Frontex, a fascistizar su política migratoria, sus directivas y reglamentos y dar una patada en el culo a los inmigrantes mandándoles fuera de la europea tierra prometida, a Albania (¡lo que fue y para lo que ha quedado!) u otros futuros terceros países.
Se les llena su inmunda boca de democracia, de derechos humanos, y los manosean repugnantemente para adornar su retórica barata cuando los pisotean a diario con sus políticas migratorias basadas en la prohibición de la libertad de movimiento, en los muros, en los centros de internamiento (¡cárceles!), en la desprotección y el abandono en el mar, en las concertinas, en la represión policial y militar, en leyes y decisiones que hacen de los trabajadores migrantes y refugiados políticos, delincuentes, en la devolución en caliente, en el asesinato a golpes en la frontera,… Y si es necesario echan mano de la OTAN, porque “es una organización plenamente comprometida con los retos a la seguridad y defensa internacionales” y, en consonancia con su naturaleza humanitaria, “para hacer frente a la trata de personas y las redes criminales que alimentan esta crisis [migratoria]” (Jens Stoltenberg), “apoyara los esfuerzos internacionales para cortar el tráfico y la inmigración ilegal en el mar Egeo” (www.dsn.gob.es) o donde sea menester.
