«¿Qué esperamos?» Nueva campaña de rechazo a la política de austeridad de la coalición en el poder 

El anuncio de la aplicación de medidas previstas por la ley de Finanzas, que acaba de ser aprobada por la mayoría reaccionaria del Parlamento, ha provocado una oleada de protestas por todo el país.

Ya antes de la presentación de dicha ley en el Parlamento, mientras se discutía a puerta cerrada por comisiones especializadas, el Frente Popular (FP), al que correspondía constitucionalmente la presidencia de la Comisión de Finanzas, advirtió públicamente contra las medidas antipopulares que contenía dicha ley, cuyo objetivo era descargar el peso de la crisis sobre las clases populares. Desde el mes de noviembre, los dirigentes del FP, mediante la masiva distribución de octavillas, y a través de reuniones y mítines en todo el país, alertaron a los trabajadores y a los más desfavorecidos sobre los días difíciles que se avecinaban.

A largo del mes de diciembre, con motivo de los debates sobre los nuevos presupuestos del Estado, el bloque parlamentario del FP, muy activo, multiplicó las intervenciones tanto dentro como fuera del Parlamento para denunciar lo que se fraguaba contra el pueblo. Empero, ello no pudo impedir que la alianza reaccionaria en el poder, con una amplia mayoría, aprobara el 17 de diciembre los nuevos presupuestos y la nueva ley de Finanzas.

Al día siguiente se anunciaron los primeros aumentos de los precios. El Partido de los Trabajadores publicó su primera toma de posición, al considerar que el gobierno acababa de declarar la guerra al pueblo. Y luego se sucedieron otras más, rechazando las nuevas medidas gubernamentales. Esas rechazo no provenía únicamente del FP y sus diferentes componentes, sino también de cierto número de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

El pasado 3 de enero, las paredes de la capital y de las grandes ciudades amanecieron cubiertas con una misma consigna: «¿Qué esperamos?», consigna escrita durante la noche por centenares de jóvenes, que anunciaba el inicio de una campaña de protesta bajo ese lema. A lo largo del día tuvieron lugar las primeras concentraciones de jóvenes, a la misma hora en varias ciudades, para explicar el objetivo de la campaña. Aclaraban que esa campaña había sido decidida por la juventud revolucionaria, que había perdido su confianza en las instituciones del poder y en las pomposas promesas hechas durante las campañas electorales; y que, si bien esa campaña se daba a raíz del aumento de los precios de productos básicos, se organizaba también con reivindicaciones más amplias:

  • Reducción de los precios de los productos básicos.
  • Cobertura social y sanitaria para los desempleados.
  • Aumento de las prestaciones a las familias numerosas.
  • Empleo inmediato para un miembro, por lo menos, de cada una de esas familias, y facilitar alojamientos sociales a los más desfavorecidos.
  • Elaboración de un plan nacional de lucha contra la corrupción.
  • Acabar con la privatización de las instituciones públicas.
  • Elaboración de una política fiscal más justa.

Y, con carácter inmediato, la suspensión de la nueva ley de Finanzas, hasta que se elabore una alternativa que tenga en cuenta los intereses de las clases populares.

La campaña fue rápida y favorablemente acogida por amplias capas de jóvenes y menos jóvenes, y tomó amplitud atrayendo a nuevos segmentos sociales, que se sienten perjudicados no sólo por las últimas disposiciones gubernamentales, sino también por la política antipopular llevada a cabo desde hace siete años por los sucesivos gobiernos, que benefician a la burguesía compradora cuyo único objetivo es acabar con el proceso revolucionario iniciado en 2011.

Lo que va a atizar aún más las protestas es la reacción de las autoridades, que responden únicamente, desde el principio, mediante la violencia policial para tratar de liquidar este movimiento. En los suburbios de la capital, se han organizado ataques nocturnos contra los puestos policiales, contra las patrullas antidisturbios y también contra los grandes almacenes y agencias bancarias. Los enfrentamientos han causado la muerte de un joven, atropellado por un vehículo de la policía en Teburba (suburbio al oeste de la capital). Más de un millar de jóvenes han sido interrogados y toda una serie de procesos están en marcha.

Ni el Partido de los Trabajadores ni el Frente Popular ocultan su apoyo a este movimiento de protesta; al contrario, los dirigentes multiplican los llamamientos al pueblo para que se lance a la calle y se manifieste contra la política ultraliberal que lleva a cabo la coalición en el poder, que trata de descargar sobre el pueblo las consecuencias de una caótica gestión de los asuntos del país.

La manifestación organizada por el Frente Popular, el 14 de enero, en pleno centro de la capital, agrupó varios miles de ciudadanos; tomaron parte en ella otras fuerzas, además de los activistas de la campaña «¿Qué esperamos?». Parecidas movilizaciones fueron organizadas en las principales ciudades del país (Susa, Gafsa, Sidi Buzid, Kasserin, Bizerta…). En total, dieciséis ciudades, tanto del Norte como del Sur.

Una campaña de criminalización del Frente y sus dirigentes ha sido organizada a través de los medios de comunicación (como en los viejos tiempos). En la oración del viernes 12 de enero, en las cinco mil mezquitas a lo largo y ancho del país, se dio a los imanes la orden de denunciar al Frente Popular y señalarlo como el autor de los disturbios; algunas de esas oraciones bordeaban la incitación al crimen. La respuesta no se hizo esperar: el local del Partido de los Trabajadores en el pueblo de Arussa (al noroeste del país), cuna natal de Hamma Hammami, fue incendiado esa misma tarde.

En contrapartida, una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales se unió al Frente Popular fijándose un objetivo inmediato: la suspensión de la aplicación de la ley de Finanzas para ser revisada. Si tal cosa se logra, marcará el fin de este gobierno y el principio de una nueva etapa en la lucha.