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El inicio de curso 2020-2021, el próximo mes de septiembre, está lleno de incertidumbre y falta de garantías de seguridad. Grosso modo, las administraciones educativas de las CCAA se han limitado a elaborar un protocolo de prevención y actuación, con lo que se lavan las manos y descargan toda la responsabilidad a los centros, en particular a los equipos directivos. Estamos en una emergencia sanitaria que, ahora, lo es también educativa.

En este contexto hemos querido recabar la opinión de un trabajador de la enseñanza, David del Pozo, profesor de Secundaria.

La pandemia del COVID ha afectado especialmente a nuestro país. Desde el fin del confinamiento se ha dado, a lo largo del todo el verano, un aumento del número de brotes. ¿Cómo se presenta el inicio del curso académico?

Si tuviera que definir en una sola palabra el inicio del próximo curso académico, la primera palabra que se me viene a la mente sería la “incertidumbre”. Ello es debido a que más allá de las recomendaciones generales realizadas por las autoridades sanitarias, especialmente las dirigidas a medidas de distanciamiento social e higiénicas, los protocolos de inicio de curso elaborados por las distintas Administraciones Educativas no suponen más que un conjunto genérico de medidas encaminadas en este sentido.

Gran parte de la comunidad educativa tiene serias dudas de que el curso pueda desarrollarse sin que se produzca una fuerte expansión de la pandemia y de las graves consecuencias que de ello se derivan para la vida de las personas.

La inmensa mayoría (por no decir todas) de las autoridades educativas autonómicas se han limitado a elaborar y enviar a los centros educativos un protocolo de prevención y actuación de cara al regreso de la actividad lectiva. ¿Qué opinión te merece?

Estos protocolos de actuación no ponen encima de la mesa ninguna medida para implementar en los centros educativos las actuaciones necesarias para asegurar, en la medida de lo posible, la salud de los miembros de la comunidad educativa. Estos protocolos descargan, en los Equipos Directivos, todas las actuaciones y las responsabilidades para llevarlo a cabo. Y aquí es donde se pone de relieve la escasez de recursos con los que cuenta la educación pública.

Cualquier tipo de planificación, para que pueda tener posibilidades de éxito, debe contar con unos objetivos realistas, una estrategia adecuada y un conjunto de actuaciones para llevarlo a cabo, así como la dotación de los medios necesarios. En este sentido, entiendo que el objetivo es que se pueda asegurar el derecho a la educación de los alumnos en unas condiciones sanitarias suficientes que permitan limitar los contagios y la expansión del virus. Toda la estrategia se basa en asegurar el mantenimiento de la distancia social, el uso de la mascarilla en los casos donde no sea posible su mantenimiento y la higiene. En cuanto a las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo, pienso que son insuficientes, pues se limitan a reducir los contactos entre los miembros de la comunidad educativa que no pertenezcan al mismo grupo de convivencia, al uso de la mascarilla cuando no se pueda asegurar la distancia social y al uso de geles hidroalcohólicos.

En resumen, tenemos unos objetivos y estrategias que en principio parecen adecuadas, con un conjunto de actuaciones y recursos insuficientes.

Si todas las autoridades sanitarias de nuestro país insisten en que el distanciamiento físico entre personas debe ser de 2 metros, por qué, a tu juicio, en dichos protocolos se habla de 1,5 metros.

Tal y como comentaba hace un momento, las actuaciones propuestas son insuficientes, y una de las razones de esa insuficiencia es la falta de medios. Aunque las recomendaciones sanitarias indiquen una distancia de al menos dos metros, la falta de recursos materiales (por ejemplo, la falta de espacios y el tamaño de los mismos) y humanos (falta de profesorado y ratios de alumnos demasiado elevadas) hacen que actuaciones de este tipo se echen en falta.

Si alguien pensaba que el desmantelamiento del sector público y su importante papel en la actividad económica nos iba a salir gratis, se equivocaba. La situación actual nos hace evidente que las políticas liberales que se han llevado en las últimas décadas, han dejado a los Estados demasiado débiles y con muy poco margen de maniobra. En esta tesitura queda una gran distancia entre lo que deberíamos hacer, y lo que podemos hacer con los medios actuales.

¿Es posible garantizar en todo momento esa distancia de seguridad solo con esos protocolos?

Todo parece indicar que no, de ahí que aparezcan la incertidumbre y los miedos de todos nosotros. Es muy posible que todo este plan se pueda ir al traste al poco de comenzar a andar, y es porque parece que ya estaba diseñado para su fracaso. Además, se deja demasiado peso a la responsabilidad de cada uno, pero en la sociedad hay personas responsables y también los hay muy irresponsables, especialmente cuando hablamos de adolescentes.

Esta situación necesita de una gran planificación por parte de los trabajadores de los centros educativos al inicio de curso, algo bastante difícil de conseguir con las plantillas tan inestables y la elevada tasa de interinidad que tenemos actualmente.

Deberíamos estar preparándonos para el peor de los escenarios posible, y lo que estamos haciendo es fiarlo todo a la responsabilidad individual y a que la suerte nos sonría.

En este sentido, ¿qué importancia tienen para la seguridad sanitaria de alumnos, docentes y resto de trabajadores de los centros las medidas estructurales que reclaman sindicatos y asociaciones de padres y madres: disminución de ratios, aumento del número de profesores y personal de limpieza y la ampliación y dotación de nuevos espacios?

Pienso que son medidas fundamentales para que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda desarrollarse en unas condiciones de seguridad mínimas.

Algunos protocolos hablan de la necesidad de limpiar las aulas comunes después de cada uso, que por otro lado es una medida fundamental. Sin embargo, no sabemos nada de los refuerzos en el personal de limpieza ni de ninguna dotación presupuestaria para sufragarlo. Todo parece indicar que las aulas específicas (de informática, de medios audiovisuales,…) van a tener un uso bastante modesto.

Este ejemplo nos devuelve al problema fundamental de la falta de medios y, por tanto, a unas medidas insuficientes ajustadas a medios insuficientes.

En tu opinión, ¿por qué las autoridades educativas obvian estas medidas si van encaminadas a garantizar el bienestar y la salud de los ciudadanos?

Principalmente porque en unos meses es imposible cambiar un sistema que en las últimas décadas ha tendido a la reducción del peso de la educación en los Presupuestos Generales del Estado, la subvención de los negocios privados a través de los conciertos educativos, al deterioro de lo público, y a la excelencia para las élites y el sucedáneo para sus admiradores.

El dotar a la enseñanza pública de los medios materiales y humanos necesarios para asegurar una educación de calidad para todos y para todas no es una tarea alcanzable en unos pocos meses. Esto forma parte de un problema más general que afecta al conjunto de los servicios públicos. Desde los años 80, los ricos se han querido independizar de las clases populares, y una de las maneras ha sido a través de las rebajas fiscales que se han ido realizando. El último caso es la supresión, en muchas CCAA, del Impuesto sobre el Patrimonio, que solo ha supuesto una reducción fiscal a los grandes patrimonios y que ha reducido los recursos y el margen de actuación de las mismas CCAA.

Suponiendo que, por ejemplo, la Administración contara con recursos nuevos, por ejemplo, los procedentes del Fondo de Reconstrucción de la UE, se necesitaría tiempo para la construcción y habilitación de espacios que aseguren una distancia de 2 metros de distancia de las aulas.

Las CCAA tienen competencias en materia de educación, pero, en tu opinión, a tenor de su actitud, ¿qué papel está desempeñando el gobierno central?

El gobierno central puede desarrollar una normativa básica que sean más ambiciosa a este respecto y obligue más a las CCAA. Sin embargo, la necesidad de buscar apoyos para sacar adelante las iniciativas parlamentarias hace que se esté apostando por la vía de alcanzar amplios consensos, lo que no tiene por qué ser malo. Pese a lo comentado, sí echo en falta un mayor protagonismo por parte del Ministerio.

Como, al parecer, no se van a llevar a cabo estas medidas estructurales, ¿no se podrían convertir los centros educativos, en un momento donde la apertura de curso puede coincidir con una segunda oleada del virus, en importantes focos de transmisión de la enfermedad?

Desde luego que sí, de ahí la importancia de prepararnos para el peor de los escenarios. La educación es un de los pilares en los que debe sustentarse nuestra sociedad y asegurar su funcionamiento es de vital importancia. Dudo mucho que esta pandemia sea la última a la que nos vamos a enfrentar, y solo espero que el COVID-19 sea una oportunidad para prepararnos mejor para el futuro y seamos capaces de aprender y mejorar como sociedad.