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J. Romero

Vivimos una situación excepcional. Estamos sufriendo los primeros coletazos de una profundísima crisis capitalista que va a poner en tensión todos los resortes políticos del Estado y a exacerbar la lucha de clases. Se suma además la constatación de que la distribución del trabajo puesta en marcha por la globalización imperialista ha contribuido a “especializar” a las economías nacionales desindustrializando muchas y concentrando la producción industrial en otras, ha hecho crecer exponencialmente el proceso de internacionalización del capital obstaculizando los de control de los Estados nacionales y, por no ser exhaustivos, ha puesto en marcha un proceso de reconfiguración de las alianzas entre las potencias para establecer nuevas jerarquías y redefinir las áreas de influencia de cada una de ellas.

Como venimos diciendo desde hace tiempo esta crisis va a llevar (lo está haciendo ya) las cifras de paro y degradación social a límites intolerables que provocarán a buen seguro convulsiones y luchas políticas en las que se van a expresar los intereses de cada clase y sector, enfrentando a unos con otros y poniendo en evidencia también los puntos de posible acuerdo entre ellos.

En estas circunstancias, parece evidente que no sirve la marcha al tran-tran de los años de “paz social” y es imprescindible aplicar medidas extraordinarias para proteger a los sectores más indefensos, lo que lleva de suyo a la necesidad al menos de limitar el poder de la clase que domina absolutamente los resortes de control económico y político de los Estados, especialmente si, como es el caso de España, sus instituciones son el fruto de un acuerdo con un poder dictatorial que ha dejado sin desarrollar los adecuados controles democráticos.

Que el Estado asumiera el coste de un proceso extraordinario de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) fue necesario para proteger a los trabajadores de las pymes y muchos autónomos que de otra forma hubieran quedado absolutamente desprotegidos con el parón productivo que ha provocado la pandemia[1].

Sin embargo, en el nuevo acuerdo firmado el 11 de mayo, se suavizaba la inicial prohibición de despedir a los trabajadores acogidos a ERTE por un periodo de seis meses desde el fin de su vigencia. Esto señalaba el diario conservador ABC al día siguiente del acuerdo: «La regulación de mediados de marzo vinculaba las exoneraciones de cuotas de los ERTE por fuerza mayor a que las empresas mantuvieran el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Ahora, el Gobierno ha flexibilizado esta cláusula, aunque no desaparece, y dice que los despidos «se valorarán según las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable». Y, seguidamente, añadía: «Según la Airef, el 30% de los trabajadores en esta situación de despido temporal terminará el año en situación de paro. Porcentaje que el economista Daniel Lacalle eleva hasta el 40%».

¿Cuál puede ser la consecuencia de este cambio aparentemente menor? Salta a la vista: que el Estado termine ayudando a las grandes empresas a superar la primera fase, la más dura, de la crisis, haciéndose cargo del pago principal de las prestaciones del ERTE y permita una vez pasado este trance nuevos ajustes de plantillas para reacondicionarlas en función de las nuevas necesidades estratégicas de cada empresa, como ya apuntan en NISSAN, FORD, etc.

Unos días después, al tiempo que el Pleno del Congreso aprobaba una nueva prórroga del Estado de Alarma, se hacía público un sorpresivo acuerdo entre PSOE, UP y Bildu, en el que estas fuerzas se comprometían a derogar la reforma laboral del PP (un compromiso que, conviene recordar, figuraba entre los expresados por el nuevo gobierno de coalición al comienzo de su mandato). La buena noticia duró poco más de una hora, el tiempo suficiente para que sectores del propio partido socio liberal impusiesen un cambio unilateral en el acuerdo: donde se hablaba de derogación figuraba ahora, reforma de los aspectos más lesivos de la norma.

¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ha quedado del compromiso de desmontar la durísima legislación laboral que en la práctica permite el despido libre y barato? ¿Qué del compromiso de derogar la reforma laboral y la ley mordaza? Paso a paso, vamos viendo como el gobierno de coalición se agota en un continuo intento de alcanzar acuerdos sustentados en la unidad entre intereses económicos y políticos, no solo diferentes, sino abiertamente contradictorios, que termina por no cambiar nada sustancial.

El Gobierno lo forman tres fuerzas, una de las cuales ha estado firmemente comprometida hasta el momento con el proceso político español que ha mantenido intactas las estructuras de poder fundamentales desde el tardofranquismo; y en no pocos casos ha encabezado desde el gobierno los procesos que han venido a limitar hasta el extremo las posibilidades de control social de la economía, han iniciado la privatización de los servicios públicos y el recorte de los derechos laborales. Sectores de la dirección de esta fuerza insisten en buscar la unidad para superar la prueba a la que está sometida la economía nacional; la unidad con la oligarquía y sus representantes políticos, la unidad entre clases y fuerzas políticas con intereses, insistimos, no solo distintos sino cada vez más claramente contrapuestos.

Que el gobierno de coalición PSOE-UP, debido al extremos grado de debilidad de los instrumentos de organización y lucha del proletariado, es hoy más adecuado a los intereses de la mayoría trabajadora frente a la derecha reaccionaria cada vez más escorada hacia el fascismo rampante no está en discusión. Los últimos Gobiernos del PP violaron flagrantemente todas las normas democráticas para imponer su brutal política de recortes y negación de derechos vigente en la actualidad, y ese Partido se afana en imitar cuando no supera a los representantes del fascismo, Vox.

Ahora bien, caminamos a una velocidad uniformemente acelerada a un enfrentamiento mucho más profundo, en el que se van a dirimir los intereses de las distintas clases; los intereses del proletariado y de la burguesía a la hora de afrontar la concatenación de crisis a la que asistimos son contrapuestos. Pero una parte de la pequeña y media burguesía que busca su propio espacio en el convulso periodo que vivimos, comparte con el proletariado la necesidad de controlar a la minoría empresarial y financiera que monopoliza el poder en España y que necesita que el Gobierno como representante temporal del Estado le ayude a superar la crisis sin menoscabo sustancial de sus intereses; una oligarquía que no va a tolerar cambios en la estructura económica y política actual que es objetivamente la garantía presente y futura de su dominio.

Lo que nos lleva a constatar que con decisiones técnicas, con la busca de la unidad entre intereses antagónicos, no se van a parar los golpes por venir. Con medida técnicas no se va a paliar el drama en el que estamos, ni, menos aún, el drama por venir. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Es urgente que las distintas fuerzas sindicales, sociales y políticas avancemos en un proceso de movilización que no se limite a acompañar al gobierno frente a la brutalidad irracional del fascismo, sino que le marque claramente el camino para superar las consecuencias económicas que la pandemia ha agravado hasta el extremo. Si no lo hacemos, el proletariado constatará la inutilidad de la política de unidad con los poderes económicos que propugna la izquierda reformista, lo que puede terminar dejando el campo libre al fascismo.

Hace unos meses, la revista de la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) publicaba un debate entre diversas figuras del ciudadanismo (por España intervenía JC Monedero). Conviene no olvidar la reflexión en ese debate del Secretario General de la organización italiana Rifondazione Comunista (autoproclamada heredera del euro comunista PCI de Berlinguer), que analizaba así el papel de la “izquierda alternativa” italiana en los años de crisis política que ha vivido aquel país: «...El error de PRC y de todas las fuerzas de la izquierda alternativa ha sido el de aliarse con el centro izquierda y entrar en el gobierno Prodi entre el año 2006 y el año 2008. Pensamos que teníamos la fuerza suficiente […], que la unión entre las fuerzas parlamentarias, movimientos sociales y el acuerdo programático habría servido para llevar a cabo un cambio político de tal magnitud que pudiera llevar al gobierno italiano a hacer políticas netamente distintas de las neoliberales. Esto no se produjo, y en el curso de los dos años de gobierno Prodi -del 2006 al 2008- la izquierda alternativa perdió su credibilidad y mucha gente comenzó a pensar que también nosotros nos habíamos acomodado al régimen. La derrota de la Sinistra Arcobaleno en las elecciones del 2008 fue la prueba». La consecuencia final de aquel error fue el acceso al gobierno de la filofascista Liga Norte.

No se trata, lo decimos una vez más, de responder al fascismo en su mismo terreno, se trata de avanzar hacia la unidad de la mayoría trabajadora, reforzando sus organizaciones sindicales, ciudadanas, juveniles, etc. y hacia la unidad popular en torno a un programa con objetivos concretos y aplicarlo por encima de los intereses de la minoría que controla el poder. Se trata de romper con el statu quo impuesto en la transición. No hay otra alternativa.


[1] A su aplicación se apuntaron de inmediato la mayoría de las grandes empresas (Seat, PSA, Ford, Renault, Iveco, Mercedes-Benz, El Corte Inglés, Coca Cola, Ryanair, Decathlon, Mango y un larguísimo etcétera), y algunas ya van dejando ver sus intenciones de proceder después al “ajuste de plantillas” que conviene a sus planes.