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Por Agustín Bagauda

El pasado 9 de marzo eran convocados a la huelga, por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública (CEAPA, organizaciones de estudiantes y los sindicatos CCOO, UGT, STEs y CGT), todos los sectores de la comunidad educativa: familias, estudiantes y profesores.

Había razones para dicha convocatoria y para secundar y participar masivamente en la Huelga General de Enseñanza: la privatizadora, antidemocrática, segregadora y competitiva LOMCE y el 3 + 2 universitario continúan su camino, los recortes se mantienen (y se espera otro tijeretazo de 1.000 millones de euros), empeoran las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza, el papel de la religión cobra fuerza, se convierte a los alumnos en cuasi esclavos con la FP dual, etc. Y era importante porque podría ser un hito en la reactivación de la movilización social y política, después de casi tres años de reflujo movilizador a causa del largo ciclo electoral y, muy especialmente, de la errónea y peligrosa idea sostenida y extendida por los “ciudadanistas” de que los problemas del país y del pueblo (para que esté quietecito en casa, sin protestar) se resuelven en la vetusta y angosta institución monárquica.


La Huelga fue un éxito, la enseñanza quedó prácticamente paralizada el día 9, con la inmensa mayoría de los estudiantes secundando la huelga y decenas de miles echados a la calle (más de 100.000 según las asociaciones de estudiantes), participando en las manifestaciones que se desarrollaron por todo lo ancho de la geografía española, exigiendo una Escuela pública, democrática, laica y gratuita. En Madrid, decenas de miles abarrotaron el centro. Según los sindicatos el 85 % de los estudiantes (porcentaje que fue bastante más elevado en Secundaria) y sus familias y cerca del 65 % de los trabajadores de la enseñanza secundaron la huelga. Ha constituido una victoria que, aunque parcial, es importante en estos momentos.
Frente a esta contundente respuesta de la comunidad educativa el Ministro del ramo, Méndez de Vigo, sin vergüenza (impropia de ellos), declaraba que la “huelga ha sido insignificante”. Ese contundente respuesta también iba dirigida al futurible “Pacto de Estado por la Educación” que, promovido por el PP y con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, pensamos será un refrito de la LOMCE eliminando, probablemente, los aspectos más hirientes y retrógrados pero que en lo fundamental constituirá un nuevo ataque a la Escuela pública y mantendrá los recortes, por lo que debemos estar atentos al mismo. Algunos sectores de algunos sindicatos, supuestamente de izquierdas, no lo miran con malos ojos, lo que explica su actitud si no hostil sí huidiza de aquellas reivindicaciones contra los conciertos educativos, que ahogan a la enseñanza pública, reivindicaciones que formaban parte del contenido de las movilizaciones del pasado día 9.
Nuestros jóvenes de la JCE (m-l) han estado en primera línea, alentando la movilización, secundándola y reivindicando “Más educación y menos religión”, “Fuera el capital de la Universidad” y “No a la privatización”, pero también, en la medida de sus posibilidades, agrupando a los sectores más combativos y dotándola de contenido político: “Obreros y estudiantes, unidos y adelante”, “España, mañana, será republicana”,…
¡Camaradas, ese es el camino! Porque sin marcarse objetivos políticos por los que luchar y agrupar en torno a ellos primero a los sectores más combativos de la clase obrera y de los sectores populares y después a vastos sectores de las masas es imposible un cambio revolucionario que siente, entre otras, las bases para una cambio radical en la educación. Ambos aspectos son las debilidades que ha mostrado esta Huelga General y que debemos señalar para superarlas.
La movilización por la movilización bajo la máxima revisionista de que “el movimiento lo es todo, los objetivos, nada” solo conduce a la frustración y al fracaso de cualquier proyecto real de cambio, emancipador. Es necesario dotar a la movilización, en este caso la de la enseñanza, de objetivos políticos. Tengamos en cuenta que la causa de la agresión contra la educación pública es una causa política. Dicha agresión no cae del cielo sino que es pergeñada por órganos políticos, bien los gobiernos central y autonómicos, bien los parlamentos estatal o autonómicos (u otras instituciones), es decir por las instituciones del Estado, de este estado que en nuestro país se ha dotado de forma monárquica para servir a los intereses del capital, de las castas reaccionarias, de la Iglesia,... Es contra él, pues, contra el que hay que dirigir los tiros, hacia el que hay que dirigir la lucha y canalizar el movimiento estudiantil y educativo y, en general, el popular. Solo un nuevo marco político que defienda y garantice servicios públicos gratuitos y de calidad, podrá impulsar y desarrollar una educación como la que estamos hablando. En ese nuevo marco, pues, están objetivamente interesados tanto los estudiantes de familias trabajadoras como los propios trabajadores de la enseñanza, pero su consecución solo es posible con la lucha política. Aquellos que reniegan de dicha pelea, que promueven el apoliticismo entre los estudiantes, las sectorialización de las luchas, lo único que quieren o hacen (consciente o inconscientemente) es mantener el statu quo educativo; no quieren cambio. Esto no quita, sino que lo presupone, que en cada centro educativo los estudiantes deban luchar por reivindicaciones inmediatas, por sus derechos como alumnos. Ambas cuestiones deben estar dialécticamente conectadas y retroalimentarse.
Además, esto está ligado a la segunda deficiencia que encontramos en la pasada huelga y es la falta de una adecuada preparación de la movilización, por ausencia de organización en institutos y universidades, pero sobre todo la falta de un enfoque organizador de todo el trabajo que se realiza, para poder continuar la lucha. Estamos hablando de que es necesario aprovechar el antes, el durante y el después de la movilización para crear, reforzar o desarrollar organizaciones populares, en este caso asociaciones, asambleas,…, de estudiantes y de profesores en cada centro educativo, y tender lazos y coordinaciones entre las de los distintos institutos, ciudades y territorios. Estaremos construyendo una extensa base asociativa que además de resolver sus problemas concretos, sectoriales y llevar a cabo esas reivindicaciones inmediatas, constituirá una parte integrante de una fuerza social y política, de la unidad popular, que está llamada a derrotar a nuestro enemigo de clase y alumbrar una educación pública, verdaderamente gratuita y de calidad, al servicio del pueblo, pero también una sociedad y una vida nuevas.