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Santiago Baranga

Se cumplen cuarenta y cuatro años de los ignominiosos y mal llamados “Acuerdos de Madrid”: un trapicheo ilegal en el que nuestros “democráticos” gobernantes siguen escudándose para hacer oídos sordos al sufrimiento y a las justas demandas del pueblo hermano saharaui. Cuatro décadas y media en las que el cinismo y la inhumanidad han presidido la actitud de todos los gobiernos monárquicos hacia el Sáhara Occidental, incluyendo las mentiras de Borrell sobre la posición de la ONU al respecto (¡atentos los pueblos, con este desvergonzado embustero como jefe de la diplomacia europea!), hasta llegar a la desaparición de toda mención al conflicto en el programa del PSOE (aquel que firmaba comunicados conjuntos con el Polisario en los setenta, para crearse una imagen izquierdista) para el 10 de noviembre; pasando, claro está, por la hipocresía de politicastros como el pepero González Pons, que después de haber posado en la manifestación anual por los derechos de los saharauis no tuvo empacho en votar a favor del infame acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos.

Obvio es que el cinismo no se circunscribe a las fronteras españolas, como bien saben nuestros camaradas franceses y marroquíes. Hasta ahora, Francia no ha abandonado su histórico papel de guardián de los intereses de Marruecos en el Consejo de Seguridad, pese al breve paréntesis impuesto por Horst Köhler, enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, y el halcón John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Trump hasta el pasado septiembre. Con ellos, Mohamed VI vio incrementarse la presión para retomar las conversaciones en Ginebra con el Frente Polisario, Argelia y Mauritania. A ello se sumó un recorte del mandato de la MINURSO, de un año a seis meses, lo que implicaba que el Consejo de Seguridad revisara la situación del conflicto con mayor asiduidad y, sobre todo, poner en tela de juicio una misión que, lejos de garantizar la seguridad de los saharauis en los territorios ocupados, actúa al dictado de Marruecos y sirve de pantalla y legitimación, a fin de cuentas, de la ocupación ilegal del Sáhara, al respaldar la farsa de una paz inexistente.

Con la forzada dimisión de Köhler en mayo y la destitución de Bolton, la situación diplomática del conflicto del Sáhara Occidental vuelve a un punto muerto, mientras Marruecos no deja de “engrasar” convenientemente a responsables políticos de España, Francia, EEUU y América Latina, fundamentalmente, gracias a los cuantiosos recursos que obtiene del expolio de las riquezas saharauis (pesca, fosfatos, hortalizas, arena…), para intentar bloquear toda acción de solidaridad. La vergonzosa resolución 2494 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental, aprobada el pasado 30 de octubre, prorrogando la MINURSO por un año, ha sancionado ese regreso a la parálisis. Así lo ha entendido el Frente Polisario, para quien «la incapacidad del Consejo de Seguridad de intervenir con firmeza ante los descarados intentos de Marruecos de transformar a la MINURSO en una herramienta para normalizar su ocupación ilegal de nuestro territorio nacional ha socavado la integridad y la credibilidad del proceso de paz de la ONU para nuestro pueblo».

Las continuas agresiones de Marruecos contra los derechos humanos en los territorios ocupados, las provocaciones y violaciones del alto el fuego, como en El Guerguerat (la estrecha franja de tierra que separa los territorios ocupados de la frontera mauritana), y la inacción por parte de la ONU han llevado a los saharauis, y en especial a las generaciones más jóvenes, a la desesperación y la impaciencia. Como señalan los propios dirigentes del Polisario, no es fácil contener el descontento y las voces, cada vez más numerosas, que reclaman tomar de nuevo las armas. Por eso, advierten en su comunicado, «ante el fracaso reiterado de la Secretaría de la ONU y el Consejo de Seguridad para evitar que Marruecos imponga los términos del proceso de paz y el papel de la ONU en el Sáhara Occidental, al Frente Polisario no le queda otra opción que reconsiderar su participación en el proceso de paz en su conjunto. […] El derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación y a la independencia es inalienable e innegociable, y utilizaremos todos los medios legítimos para defenderlo». De esta manera, el Frente Polisario encara su inminente Congreso General en un contexto en el que, como señala su responsable de Relaciones Exteriores, Mhamed Uld Jadad, se abre el debate sobre la posibilidad de tomar las armas, para «dejar claro y seriamente a la ONU que todo escenario es posible que se dé y que el pueblo saharaui tiene la última palabra en elegir su destino».

Rusia, China y Sudáfrica (aliado fundamental de la RASD en la Unión Africana) han rechazado en el Consejo de Seguridad los términos en que EEUU y Francia redactaron la resolución 2494, por su insistencia en el «compromiso» y el «realismo», que claramente benefician a Marruecos: de hecho, así lo ha entendido el embajador marroquí ante la ONU, satisfecho por lo que ha interpretado como un apoyo a su apuesta por la «autonomía» del Sáhara Occidental dentro de Marruecos. Sin embargo, está por ver si el rechazo chino y ruso va a tener algún tipo de consecuencia práctica, en términos de presión sobre Marruecos, como sí ha hecho Sudáfrica en relación con cargamentos procedentes del Sáhara Occidental.

Por lo que respecta a nuestro país, resulta sangrante el muro de silencio que los poderes económicos y el Estado han levantado en torno al conflicto saharaui, que no existe para los medios de comunicación, salvo honrosas y muy localizadas excepciones. Ni la violenta represión contra los manifestantes y militantes saharauis en los territorios ocupados, ni la expulsión de observadores internacionales por las autoridades ocupantes, ni por supuesto el destino de cárcel y tortura que espera a los saharauis deportados desde España por su gobierno cómplice de Rabat, merecen una sola línea en la prensa “seria”. Es evidente la ligazón que existe entre los intereses económicos de empresarios y políticos del régimen y el sátrapa marroquí que favorece sus negocios; pero no hay que olvidar tampoco las graves implicaciones que tiene el conflicto saharaui en relación con el papel de la Corona en la traición y abandono de 1975, así como sobre la naturaleza y consecuencias de nuestra «transición democrática». Y, por supuesto, no debemos olvidar lo importante que es para la oligarquía española mantener y justificar al sátrapa Mohamed VI como gendarme del Estrecho, supuesto guardián frente a una inmigración que es cada vez más utilizada como espantajo para fomentar la división entre los trabajadores y el ascenso del fascismo en España. Desde esta perspectiva, el sufrimiento de los saharauis es la otra cara de la moneda de la división y la opresión de los trabajadores españoles.

En definitiva, la causa saharaui es, también para España, un problema político: es decir, un problema de quién tiene en sus manos el poder político. Mientras este siga siendo patrimonio de oligarcas, explotadores y sus politicastros, el Estado español no moverá un dedo por el pueblo hermano saharaui. Es obligación de todos los que simpatizamos con la causa saharaui, por tanto, acabar con este orden de cosas, enfrentándonos al imperialismo y a su expresión política, la monarquía del 78. Y, por supuesto, sea cual sea la decisión del Polisario y de su pueblo respecto a la vía para alcanzar la independencia, es nuestro deber apoyarla sin fisuras, porque al pueblo saharaui le asisten el Derecho Internacional y, sobre todo, la razón.

¡¡¡ SÁHARA LIBRE!!!