pactos

 

J. Romero

Parecen confirmarse los peores augurios para la economía capitalista. El imperialismo no solo hace frente a una pandemia sino que de manera inminente se aproxima una catástrofe económica; una crisis sin precedentes que puede ir acompañada de un cambio radical en la correlación de fuerzas entre las principales potencias lo que abrirá sin duda una carrera entre las grandes economías nacionales imperialistas para tomar posición en el nuevo orden internacional que vaya surgiendo.

EEUU, el país de Trump quien hace apenas unas semanas aseguraba que el “virus chino” no entraría en su “great América”, enfrenta una crisis sanitaria verdaderamente brutal con cientos de miles de contagiados y decenas de miles de muertos, unas cifras dolorosas que afectan con particular virulencia a la clase trabajadora y a los sectores populares de ese país.

Ahora bien, el problema económico viene de lejos, el covid 19 ha sido el fulminante que ha desatado la mayor crisis al menos desde la II Guerra Mundial. Como hemos señalado en más de una ocasión, desde hace tiempo la burguesía asiste desconcertada al desarrollo de esta crisis económica, cuando aún no se habían superado completamente las consecuencias de la anterior. Por eso los diversos sectores que la componen llevan tiempo activando corrientes políticas contrapuestas para asegurarse de mantener sus privilegios. Una parte apoya a fuerzas reaccionarias, filofascistas que con la coartada de la “defensa de la patria” reclaman la intervención del Estado, al tiempo que defienden con descaro los intereses de su oligarquía nacional cada vez más “internacionalizada”, también en el caso español como luego veremos.

La pequeña burguesía progresista, por su parte, ha venido patrocinando desde el inicio de la última crisis, en 2008, la busca de una nueva versión de la vieja socialdemocracia devenida en socio liberal. Sus principales líderes intelectuales y políticos insisten en reclamar una vuelta al control estatal de la economía, el abandono de las políticas neoliberales y la recuperación de los incentivos públicos para asegurar que las economías estatales no se hundan como está ocurriendo, pero respetando el sistema económico y su expresión política estatal. Dan por descontado que el sistema capitalista es el “menos malo de los sistemas” y por lo tanto no es precisa su superación.

La crisis del 2008 tuvo en España unas consecuencias sociales mucho más graves que en otros países de la Europa del Capital y de la Guerra y afectó no solo a importantes sectores del proletariado sino a parte de la pequeña burguesía que se encontró de la noche a la mañana al borde de la marginación social. Todo ello provocó el surgimiento de una serie de corrientes que buscaban mejorar el sistema sin superarlo. De hecho, el 11M y el surgimiento del ciudadanismo y su máxima expresión orgánica (Podemos) fueron la expresión final de un largo proceso de busca de alternativas de reforma que no afectaran a los fundamentos mismos del modelo social y político que desde la transición ha asegurado un pacto explícito entre las principales fuerzas políticas y la sujeción del movimiento obrero a un protocolo de negociación interclasista que a la postre ha permitido que los cambios intervenidos en el modelo económico se hicieran siempre a costa de los derechos sociales y laborales conquistados por el proletariado en una larga y cruel lucha librada en las peores condiciones.

Es en este contexto de rápidos cambios y crisis en la arena internacional, cuando las últimas previsiones del FMI auguran una caída del 3% de la economía global (el 8%, para España) *(1) en el que el Gobierno español propone unos nuevos “Pactos de la Moncloa” que permitan, asegura, una vez superada la fase aguda de la pandemia, la recuperación de la economía española. Sánchez señalaba al presentar su propuesta que “…necesitaremos una importante reconstrucción social y económica”. Y, para ello: “Necesitamos unidad de acción…” *(2)

Para determinar qué significa esta propuesta desde el punto de vista de la mayoría trabajadora bastaría recordar que, como señalara recientemente la economista Miren Etxezarreta en Público: <<Desde la óptica de las clases populares… los ahora tan alabados Pactos supusieron un duro programa de ajuste económico y  crueles medidas de deterioro de la situación para las clases trabajadoras. Entre ellas una importante disminución de salarios y el despido libre, además de  la garantía que serían aceptadas sin alterar la paz social>>.

Pero las condiciones no son ni de lejos las mismas que cuando se suscribieron aquellos pactos; ese era un tiempo en el que el proletariado se mantenía fuerte y organizado (aunque muchas de sus principales organizaciones estaban dirigidas por elementos claramente comprometidos con la renuncia a la ruptura con el franquismo). Entonces se trataba de determinar los límites políticos del cambio. Hoy, se trata, por el contrario, de evitar que se alteren aquellos límites, evitar la ruptura con el modelo político que afianzaron.

El mismísimo Casado, presidente del reaccionario PP ha venido a dejar las cosas meridianamente claras desde el principio: “Los Pactos de La Moncloa fueron un cambio de régimen hacia una democracia europea. Pero nosotros ya estamos en una democracia, ya estamos en la Unión Europea. Lo peligroso sería que esos pactos conllevaran un cambio de régimen encubierto

Lo mismo dice el principal responsable de muchas de las decisiones que vinieron a consolidar el régimen actual, Felipe González, entonces Secretario General del PSOE, quien a mediados de abril, en pleno debate sobre la propuesta de Sánchez, advertía: “Si durante el diálogo, alguno de los socios o no socios del Gobierno creen que es el momento para cambiar el modelo constitucional o romper las reglas de juego con la UE, estos se están autoexcluyendo y el Gobierno no puede ni debe tolerarlo.” Una idea que comparten muchos de los “barones” del social liberalismo.

Otro de quienes entonces empujaron la transición sin ruptura, Ramón Tamames, conocido y reconocido dirigente del PCE de Carrillo, hoy también “alejado de la política”, señalaba por las mismas fechas: “Ahora mismo no veo posible reeditar un gran acuerdo con esos mimbres, pero sí considero importante que los dos grandes partidos logren un pacto de mínimos para trazar la hoja de ruta con la que España debe salir de esta crisis inesperada y voraz”.

En la reunión que abría la negociación del Presidente de Gobierno con el PP, finalmente se llegaba a establecer el verdadero alcance de semejante “Pacto de Estado”. En lugar de la Mesa de Partidos que proponía Pedro Sánchez, la tarea de parir el “gran pacto” la llevará a cabo una Comisión Parlamentaria. El gran acuerdo queda limitado a las cuatro paredes del Congreso, dejando claro que cualquiera que sea su alcance, no cambiará nada esencial.

¿Es posible en estas condiciones un Pacto para la reconstrucción económica? Parece evidente que no. Por supuesto, a un plazo más o menos largo comenzará a superarse el brusco parón económico en el que está inmersa la economía española. Pero que a nadie le quepa duda de que, si no hay un cambio real que suponga la ruptura con el modelo político pactado precisamente en la transición y se avanza hacia la unidad popular frente al fascismo, el precio de los acuerdos que se alcancen terminará pagándolo las clases populares y muy en particular, el proletariado.

Si a alguien le cabe alguna duda, sirvan dos simples datos para ilustrar, siquiera de forma somera, quién tiene la llave para imponer su posición en estos acuerdos. Según el Informe Sobre Posición Internacional de la Empresa Cotizada Española, de 2015, las empresas del Ibex 35 representan únicamente el 0,1% del número total de Sociedades Anónimas españolas, pero su capitalización equivalía ya entonces a cerca del 70% del PIB nacional. Estas empresas, además facturaban el 63% de su negocio fuera de España, y su capital estaba participado, además, mayoritariamente por inversores extranjeros que disponían del 43% de la propiedad conjunta, frente a un 23% en el resto de empresas no cotizadas. A la vista de estos datos, no parece tan extraño que uno de los pocos centros que ha permanecido abierto durante la etapa más dura de confinamiento haya sido la Bolsa de Valores. *(3)

Esos datos, que no han hecho más que crecer desde entonces, prueban para quien no quiera cerrar sus ojos a la evidencia, que el interés de la clase que controla la economía nacional y las instituciones del Estado a través de sus representantes políticos, es directamente contrario al de la mayoría social.

Los acuerdos para la reconstrucción económica y social le interesan únicamente en la medida en la que puedan evitar una revuelta social y, sobre todo, en la medida en la que le permitan aprovechar las ayudas públicas para sanear sus propios negocios.

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*(1).- El FMI incluye entre sus previsiones que en España la deuda pública se dispare por encima del 110% del PBI a finales de este año (conviene recordar que hace once años, al inicio de la crisis era del 40%) y el paro supere el 20%

*(2).- Sánchez, al llamar al proyecto de reconstrucción nacionalafirmaba: No hay fuerza mayor para una nación que la unidad”.

*(3).- Ya en 2009, al inicio de la crisis precedente, el director de análisis de un grupo de inversión, afirmaba: Se llama Bolsa española porque hay que llamarla así, pero los valores que más peso tienen son grupos con una vocación no ya internacional, sino de liderazgo internacional. Esto provoca que la evolución del índice sea todo menos un fiel reflejo de la economía"