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Por Sofía Ruiz

A partir de los años 80 en amplias zonas del litoral español se implanto una agricultura intensiva y especializada en la producción de productos hortofrutícolas para la exportación, que reforzó la posición periférica de la agricultura española en la división territorial e internacional del trabajo. Las economías centrales, a través de las grandes multinacionales ejercen el control de las fases estratégicas de la cadena agroalimentaria, es decir, la investigación (biogenética, biotecnología para conseguir semillas cada vez más resistentes y productivas…), la comercialización y la distribución del producto.

Los grandes beneficios y por tanto la acumulación de capital se han concentrado en las fases de investigación y, comercialización-distribución del producto mientras que la fase de producción ha ido progresivamente reduciendo beneficios como consecuencia de sus altos costos (la compra a las economías centrales de semillas, productos químicos para regenerar la tierra, fitosanitarios para acabar con las enfermedades producidas por el adelanto de la cosecha, nuevas tecnologías, etc.), y el precio de la venta del producto acabado, en manos de las grandes corporaciones multinacionales de las “Metrópolis”, que además de fijar los pedidos imponen los precios de venta .


Los productores, en esta situación, ahorran costos en el único eslabón de la cadena que controlan: la mano de obra, y buscan el perfil de trabajador/a que esté dispuesto a vender su fuerza de trabajo por menos precio: la población inmigrante.
Las políticas migratorias de la Unión Europea y, por tanto de España, tienen, como pilares fundamentales, el control de la migración “ilegal “y el no asentamiento de la población inmigrante en suelo europeo, a este fin, se ha puesto en marcha la cooperación entre países, firmando acuerdos bilaterales para lograr una adecuada canalización de los flujos de trabajadores hacia sectores productivos desprovistos de mano de obra en momentos determinados de la producción, con la obligatoriedad del retorno de tos trabajadores a su país de origen una vez terminada la temporada.
Este modelo de migración legal de temporada, conocido como “migraciones circulares”, permite proveer de mano de obra a determinados sectores económicos al tiempo que evita que las personas lleguen a asentarse en el territorio europeo.
Las migraciones circulares se realizan mediante el contrato en origen que da lugar a permisos de residencia y trabajo temporales, vinculados a una zona geográfica, a una actividad y a un empleador concreto. Se produce, pues, una transacción en la que, a cambio de trabajar legalmente en el país, los/as temporeros/as ceden parte de sus derechos asociados a un mercado de mano de obra libre. No tienen poder para negociar sus condiciones de trabajo, ni libertad para desplazarse en el mercado laboral o para elegir empleador...son por tanto trabajadores/as de status cautivo “Campos agrícolas, campos de poder: el Estado mexicano, los granjeros canadienses y los trabajadores temporales mexicanos” Leigh Binford.
Las actuales tendencias globales de flexibilización y precarización del mercado laboral se han visto acompañadas por una feminización de la fuerza de trabajo en las economías de regiones y países periféricos Al mismo tiempo que se introducen formas flexibles de producción, se produce un proceso de feminización del trabajo en esta fase de globalización agroalimentaria. Según Lara Flores este hecho se explica por las ventajas que la mano de obra femenina ofrece a la flexibilidad de los mercados, en relación a los salarios, horarios, adaptación a los ritmos y al volumen de trabajo.
En nuestro país los contratos en origen se localizan en el litoral catalán y en la provincia de Huelva, destacando la feminización, en este último enclave, dedicado a la producción de la fresa para la exportación. En las últimas campañas, la contratación en origen afecta solamente a Marruecos. La elección de Marruecos por parte del empresariado agrícola se vio acompañada por la acción de las administraciones públicas españolas y marroquíes, así como por el apoyo financiero y técnico de la Unión Europea. De hecho, este programa de contrataciones en origen para la agricultura se ha visto erigido en modelo de gestión legal, ordenada y ética de los flujos migratorios a ambos lados del estrecho. “Feminización de la inmigración y el trabajo en la agricultura de exportación: el caso del monocultivo de la fresa en Andalucía” Alicia Reigada
El primer paso para la contratación en origen es la selección de candidatas por parte del empresario a través de la Fundación de Trabajadores Extranjeros en Huelva (FUTEH) o de organizaciones empresariales como ASAJA. Los requisitos exigidos son, ser mujer de origen rural, con experiencia en trabajos agrícolas, tener menos de 45 años y con hijos menores a cargo, requisitos clasistas ya que no quieren cualquier mujer, sino mujeres trabajadoras del campo y de género puesto que quieren mujeres y sexistas porque prefieren mujeres con hijos a cargo; realmente estos criterios de selección ponen al descubierto que lo que buscan los empresarios de la fresa es una mano de obra adaptable y poco conflictiva, con un alto rendimiento y que garantice el regreso al país de origen.
Las mujeres seleccionadas firman un compromiso de contratación en origen lo que da lugar al el permiso de trabajo y residencia en España, con las limitaciones de acceso al libre mercado de trabajo que restringe sus derechos laborales y limita las posibilidades de movilidad social y las sitúa en el llamado status de cautivas, que queda fortalecido, por el hecho de que muchas de las temporeras se alojan en las explotaciones donde trabajan, alejadas de los núcleos urbanos, a los que el empleador se compromete a trasladarlas una vez por semana….las mujeres marroquíes, por voluntad propia, emprenden este proyecto migratorio, pero tuteladas por la organización que las contrato y por el empleador para el que van a trabajar en España, no solo en la jornada laboral, sino también en su tiempo libre. De hecho los empresarios destacan de las marroquíes que no beben, ni salen de fiesta, ni fuman y esto lo valoran como positivo para su rendimiento en el trabajo. Su comportamiento como trabajadoras y como personas, en estas condiciones, crea una enorme dependencia respecto del empleador para la permanencia legal en el país y el retorno en sucesivas campañas y al empleador, este control fuera del trabajo, le produce más rendimiento sin mayor contraprestación monetaria.
Y aunque desde las instituciones de la UE y las organizaciones empresariales digan que con este tipo de migraciones circulares no pierde nadie, y que presentan tres ventajas, para la satisfacción de todos los implicados: el país receptor recibe el número de migrantes que necesita, donde y cuando lo desea, sin tener que preocuparse por su integración a largo plazo. El país de origen saca partido de las posibilidades de empleo ofrecidas a sus ciudadanos, así como de las remesas. El migrante goza de un empleo, un sueldo y una situación legal en el país que lo emplea. Más allá de las ventajas evidentes para las empresas y los Estados receptores que organizan el fenómeno migratorio en función de su utilidad económica, ¿qué garantías ofrece este modelo para las trabajadoras temporeras?
Las condiciones de trabajo de las temporeras marroquís son “flexibles”: no se especifica la duración delo contrato, ni se contempla un salario mínimo durante la duración del mismo. Las jornadas no trabajadas, a causa de la empresa, no se retribuyen y no dan derecho al subsidio por desempleo, que solo es posible obtenerlo a partir de los 270 días trabajados. Teniendo en cuenta los días de lluvia (que no se trabaja) y que los empresarios tienden a solicitar un número de trabajadoras superior a las necesidades reales, las jornadas sin trabajo son frecuentes. La media de días trabajados al mes suele ser de entre 20 y 23.
Los empresarios, pueden rescindir el contrato, que no tiene fecha de finalización, cuando quieran, argumentando la disminución de la producción.
Aunque el Convenio Colectivo prevé que se remunere a las trabajadoras por tiempo trabajado y en ningún caso por cantidades recolectadas, lo cierto es que se impone una cantidad de recolección por día. Uno de los empleados se dedica a controlar la producción de cada recolectora: en caso de ser insuficiente, puede sancionarse a la trabajadora con una jornada de desempleo forzoso que evidentemente no se le abona.
Muchas mujeres marroquíes no poseen la copia de su contrato porque, al parecer, numerosos empresarios prefieren conservarla hasta que las mujeres regresen. Asimismo, algunos empresarios confiscan los pasaportes durante su estancia afirmando que lo hacen para evitar que los pierdan…. (Informe cultivo fresas Huelva. FIDH)
El movimiento feminista, hegemónico, no da cuenta de esta situación en la que están inmersas miles de mujeres que trabajan como inmigrantes en las tareas agrícolas de temporada, no denuncian la explotación y opresión a que están sometidas, las sanciones económicas de que son objeto si no recolectan la cantidad adecuada, el aislamiento a que están sometidas en barracones al pie del tajo, separadas de sus hijos durante meses para ganar unos pocos euros que permitan la subsistencia de sus familias. No interesa sacar a la luz, ni visualizar a estas mujeres trabajadoras e inmigrantes que son la fuerza de trabajo del modelo de agricultura orientada a la exportación porque sería enfrentarse a la división internacional del trabajo del capitalismo globalizado que se sustenta en las desigualdades de clase, de género y de nacionalidad, y eso no es adecuado, ni políticamente correcto para un feminismo que ha olvidado sus orígenes, sus luchas y sus victorias, que ha olvidado, que la lucha fundamental y prioritaria para la mujer, en el momento actual, es la lucha por la subsistencia y no por reivindicaciones culturales e identitarias, que lo alejan de la gran masa de mujeres explotadas, oprimidas y empobrecidas por las políticas neoliberales.