Por Aníbal Bagauda

El gobierno es el Comité Central de la burguesía, decía Marx. Y la burguesía española, que no podía estar más tiempo sin su Comité Central, cerró su crisis de gobernabilidad “cortando la cabeza” a Pedro Sánchez. Ya tiene su Comité Central. Demostró bien a las claras de lo que es capaz cuando sus intereses se ven comprometidos.

Tenemos un “nuevo” gobierno gracias a Ciudadanos y al “NO es abstención”. Un ejecutivo del corrupto PP, con un corrupto Presidente, que adelantaba que va a mantener la misma política económica puesto que las que implementó en la pasada legislatura han dado buenos resultados: debe ser “sustancialmente la anterior” porque ha “funcionado”; es “muy importante” no “liquidar por puros prejuicios ideológicos” las reformas de la pasada legislatura porque fueron “eficaces y buenas para el conjunto del país” (verdad es que han “funcionado” y sido “eficaces y buenas”, pero para una ínfima minoría). Este último mensaje, al no tener mayoría parlamentaria, iba dirigido especialmente al PSOE: hay que actuar con “responsabilidad”, porque “nadie puede impedir el ejercicio razonable de la acción de gobierno”, avisaba el gallego.

Y si el partido del señor X lo intenta, el PP puede apretar el nudo del dogal de unas nuevas elecciones que tiene sobre su cuello. Un “nuevo” Gobierno que nace sin Ministerio de Industria propio, porque del anterior sólo queda lo de “Energía y Turismo”, a lo que se ha añadido algo tan postmoderno como “Agenda Digital” (tengo que confesar mi ignorancia: ni idea de lo que es esto ni cuáles serán sus funciones). Ahora la pobre “Industria”, tan maltratada por unos y otros, se pone como un postizo al Ministerio de Economía. Significativo, porque nos dice por dónde van a ir las cosas. No creo que alguien piense que esto es debido a que el anterior ministro del ramo, el “panameño” Soria, fuera un defraudador y corrupto (cuando muera seguro recibirá sólo panegíricos y parabienes, como la otra). No, obedece a que la política económica del “nuevo” gobierno va por derroteros ajenos al desarrollo industrial. La industria es una carga, les molesta. El señor Carlos Solchaga, Ministro de Industria del primer gobierno del PSOE, a la sazón neoliberal, sentó las bases. Recordemos eso que dijo de que “la mejor política industrial es la que no existe”. Estos lo están llevando a cabo. Si no quieren ni tienen una política industrial, para qué un Ministerio.

Un “nuevo” gobierno que, como perro obediente, ejecutará, moviendo el rabo, las exigencias de la Unión Europea: la piedra angular y urgente es aprobar el techo del gasto y “atender” a los “compromisos europeos” (Rajoy dixit). Tiene que reducir el déficit público. Bruselas permitirá cerrar 2016 con un déficit del 4,6%, pero impone que 2017 se cierre con un 3,1%, es decir, la rebaja de un punto y medio que se traduce en unos 16.000 millones €. 2018 tendrá que cerrar con un 2,2%. Una mejora de la situación económica podría ayudar al aumento de los ingresos, pero los nubarrones que se ciernen sobre la economía española, europea y mundial, de lo que son conscientes los burócratas de Bruselas, no da tregua, por lo que ésta exige un recorte de 5.000 millones para el próximo año y de otros 5.000 para 2018. Pocas dudas hay de que esto quede recogido en los PGE para 2017. Así verán los prebostes de la UE lo bueno y obediente que es el “nuevo” gobierno.

¿Cómo, pues, va a reducir el déficit? Ya ha dicho que incrementarán los ingresos, a través del aumento de ciertos impuestos, y reducirán gastos. Mariano Rajoy, en respuesta a los requerimientos de su socio, Ciudadanos, declaró que “no podemos cumplir el déficit, bajar los impuestos y aumentar el gasto”, que “Las tres cosas a la vez son imposibles, y al menos los que tenemos responsabilidades de gobierno deberíamos ser conscientes de ello”. Pero también afirmó que no tiene “intención de subir los grandes impuestos, el IPRF y el IVA”. Se le echaría encima Ciudadanos, que son como su línea roja, y necesita de esa formación para dar estabilidad a su gobierno. Así las cosas, en lo que toca a los ingresos, aumentará, con el beneplácito de los de Rivera, los impuestos indirectos (combustible, alcohol, tabaco), los más injustos porque gravan por igual a ricos y pobres, al trabajador y al capitalista, al que vive en la miseria y al que nada en el lujo y la abundancia.

Pero creemos que la parte del león de los recortes, en esta legislatura (y esperemos que no en posteriores), se la van a llevar las pensiones. Los grandes medios de comunicación llevan tiempo allanando el terreno, preparando a la “opinión pública”. La llamada hucha de las pensiones (Fondo de Reserva de la Seguridad Social) podría agotarse el próximo año (en 2011 el capital era de 67.000 millones de euros). Se han acumulado déficits anuales provocados, en buena medida, por las “tarifas planas de cotización”, es decir, la reducción de cuotas a empresas que se valoran en unos 1.900 millones de euros anuales, pero también porque el Gobierno del PP ha retirado desde 2012 hasta la fecha unos 55.000 millones, parte para pagos “extraordinarios” pero otra, la principal (se estima que más del 90 % del fondo), destinada a especular: comprar deuda del propio Estado. Es decir, se compra a sí mismo. Este latrocinio es lo que, fundamentalmente, ha dejado a la S. Social con una penosa salud financiera. Ahora tienen la excusa perfecta para acometer el recorte de las pensiones porque… no hay dinero. Lo han dilapidado. Ya se ha puesto en marcha la Comisión del Pacto de Toledo, que será quien active la revisión y reforma del sistema y las medidas precisas para la reducción de las pensiones (nos dirán que lo hacen para dar “viabilidad y sostenibilidad” al sistema). Los expertos apuntan que la pensión media se reducirá de los 1000 euros mensuales a los 600 en unos diez años. Nos podemos imaginar cómo quedarán las pensiones más bajas. Banca y aseguradoras se estarán frotando las manos.

Tampoco podemos olvidar que la deuda pública, que sobrepasa ya el 100 % del PIB, supondrá una losa para inversiones e inyección de dinero público allí donde se requiera y una presión extra para que disminuyan los gastos (determinados gastos) y aumenten sin discreción los impuestos. Hay que pagar dicha deuda y sus intereses y lo primero es atender a los acreedores, como recoge el famoso artículo 135 de la Carta Magna.

Estas medidas “per se” serán un duro golpe para el proletariado y las clases populares. Pero en este momento su efecto será aún mayor dado que llueve sobre mojado, dado que quien lo recibe lleva años siendo atropellado y su estado es frágil, dada la extensión creciente de la pobreza y la miseria en nuestro país. Por otro lado, tengamos en cuenta que un sector importante de los jubilados soporta la carga del mantenimiento de hijos y familiares que son desempleados o asalariados empobrecidos.

El capital, como vemos y venimos diciendo desde el inicio de la crisis, va a por todas. Tiene engrasada la maquinaria para ello. Tiene todos los órganos de poder en sus manos; el estado a su servicio. Lamentablemente no hay fuerzas que se le opongan eficaz y resueltamente. La izquierda institucional ha claudicado y la izquierda revolucionaria se halla débil, aunque hay intentos de reorganización de destacamentos comunistas, lo que es una buena noticia. Las principales fuerzas sindicales, que tienen un importante potencial interior, están paralizadas, sin rumbo, han sido vendidas por unas cúpulas traidoras y sin escrúpulos, aunque teniendo en cuenta un tema tan sensible para la clase obrera y para los sindicatos como son las pensiones, no podrán dejar de movilizar si no quieren quedarse completamente desnudas ante los trabajadores.

Con independencia de lo que hagan las organizaciones de clase, no tenemos duda que la reactivación de la lucha de clases está servida. La cuestión clave es que a día de hoy nuestra clase no dispone del instrumento político que la dirija en un sentido revolucionario, de ruptura con todo el andamiaje político de la oligarquía especuladora, parasitaria y reaccionaria, y haga avanzar sus posiciones.

Construir ese instrumento es la tarea actual y urgente de los comunistas.