Andrés Gómez

La privatización de la FP en España (y sus consecuencias nefastas para la enseñanza pública y la clase trabajadora)

La crisis financiera que arranca en 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el ladrillo y su repercusión directa en disparar las listas del paro provocaron una oleada de solicitudes por parte de la clase trabajadora para volver a estudiar, sobre todo en FP.
Empresas privadas de enseñanza tomaron nota y solicitaron a la ministra Alegría un cheque escolar para estudios de FP y ayudas aprovechando la coyuntura del impacto económico de la Covid-19 en 2021, donde la crisis se convirtió en depresión económica e inflación de precios. Los titulares de los periódicos decían: “La Asociación Española de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) solicitó a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, la creación de un cheque escolar para los estudios de Formación Profesional (FP) en centros privados y ayudas para paliar el impacto de la Covid-19 en el sector”.
Por otro lado, la nueva reforma de la FP en el estado español “la pide la Unión Europea y la demandaba el mercado laboral”, defendían desde Moncloa.

En el informe prospectivo sobre el futuro de España que presentó el Gobierno en mayo del año pasado, se destacaba la anomalía española respecto a lo poco popular que resulta la FP –solo uno de cada tres graduados en ESO elige esta etapa frente al 50% europeo– y la necesidad de engordar sus estadísticas: subir el número de titulados en la FP media y Bachillerato del 23% actual al 30% y en la superior del 11% al 17% “para converger con nuestros vecinos de la UE”.


Pero según el sindicato CCOO la FP se está convirtiendo en un foco de inversión y especulación. Durante los últimos diez años, y en particular desde la puesta en marcha de la LOMCE, hemos sido testigos de una corriente privatizadora. Habiéndose volcado durante muchos años en el crecimiento a través de la concertación de las enseñanzas obligatorias (de los 6 a los 16 años), centran su atención ahora, y en la última década, en buscar nuevas fórmulas privatizadoras en nichos diferentes como es la Formación Profesional y otras enseñanzas no obligatorias como es la Educación Especial y la Educación Infantil de cero a tres años. Unido a esto, inolvidable sigue siendo lo ocurrido el pasado verano de 2021, publicado por diario El País, cuando decenas de miles de jóvenes se quedaron sin plaza en la FP pública en Madrid y Catalunya y se vieron obligados a matricularse en la enseñanza privada concertada y en la enseñanza privada gastándose miles de euros en la matrícula.
Para el sindicato CGT, el IBEX 35 tenía motivos de sobra para estar contento con la nueva reforma de la FP. El Gobierno que algunos tachaban de “bolivariano” y “socialcomunista” aprobó la nueva ley de FP el 16 de diciembre de 2021 en el Congreso. A medida que se acercaba esa fecha, llovían los anuncios y promesas de un futuro luminoso para la juventud gracias a la FP dual. “Los alumnos de la nueva FP harán prácticas remuneradas desde el primer año. Recibirán el salario mínimo que se establezca en la reforma laboral” (CincoDías, 10-12-2021). “A partir de ahora el INE contará a todo el alumnado de FP como empleado en prácticas… Eso bajará el paro juvenil milagrosamente”.
La Formación Profesional en el estado borbónico español se privatiza a un ritmo constante. La gran demanda de plazas de ciclos formativos de grado medio y superior por parte los jóvenes de la clase trabajadora e incluso de los trabajadores adultos que buscan prosperar en la vida, la cual se hace cada vez más cuesta arriba, junto a la insuficiente respuesta pública – hecho planificado a conciencia por las políticas neoliberales- de los gobiernos de las comunidades autónomas del régimen de Felipe VI ha incrementado el alumnado que acude a centros privados que imparten ciclos de FP, tengan concierto o no, en una vía formativa que empieza a atraer la atención de los fondos privados de inversión. Con la nueva ley de la Formación Profesional y su apuesta por la FP Dual el problema se agravará.
La situación varía mucho entre comunidades. Las plazas privadas rozan o superan el 40% en Madrid, Euskadi y Catalunya, mientras se quedan en el entorno del 15% en Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia. En Andalucía la tendencia privatizadora de la FP va creciendo.
La demanda existe y lo saben los fondos de inversión, que están entrando en uno de los grandes sectores educativos aún por explotar por su fuerte expansión. Uno de los últimos ejemplos se ha dado en Málaga, donde el fondo estadounidense KKR compró la empresa Medac –que tenía una red de 30 centros de FP en seis provincias– en la que participaba el recientemente fallecido exconsejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, por 200 millones de euros, y que los tres años anteriores a su venta venía ganando entre 400.000 y casi 600.000 euros anuales, según las cuentas reflejadas por infocif.es.
Para la burguesía española la Formación Profesional es un veta de oro en el yacimiento de la Educación Pública donde han puesto su atención las multinacionales y la patronal de la enseñanza privada. Señales de todo tipo han sido denunciadas por sindicatos en el sector de la enseñanza: el desmantelamiento del IEDA (Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía), la expansión sin límites del MEDAC (instituto oficial de Formación Profesional fundado en 2010 en un barrio de Málaga, La Trinidad, y adquirido en 2021 por el fondo estadounidense KKR, con sede en Nueva York, por 200 millones de euros. La compañía se convertía así en la joya de la corona del holding educativo de KKR en Europa), la extensión del sistema dual en FP, la escasísima oferta de plazas públicas —a pesar de ser muy demandadas— la privatización de estas enseñanzas, los intereses de la Fundación Bertelsmann y los fondos buitre. La reforma del Ministerio de Educación y Formación Profesional es su constatación.
Lo que faltaba por ver era que Andalucía autorizase por primera vez a una universidad pública a impartir estudios de FP. Este es otro ataque en el núcleo de la FP pública. Tremendo el bloque privatizador de la FP. Lo llaman colaboración público - privada en la jerga del lenguaje de los políticos al servicio del régimen monárquico y el neoliberalismo.
Andalucía arrancó la última pared que separaba el sistema universitario de la Formación Profesional, dos vías de estudios superiores que durante décadas se han ignorado y que en los últimos años han competido entre sí. La Junta de Andalucía acaba de autorizar a la Universidad de Málaga (UMA) a impartir el próximo curso un primer ciclo de FP, convirtiéndose en la primera universidad pública de España en ofertar estudios superiores no universitarios, según sus responsables.
Se abre un escenario nuevo, un híbrido entre lo público y lo privado, en el que el profesorado de FP que impartirá clases en las instalaciones de una universidad pública no accede al sistema escolar a través de un concurso oposición -como ocurre con la FP en institutos públicos de la Consejería de Educación- sino que son seleccionados por dicha universidad, eso sí, acorde a unos criterios fijados por Educación. Es una fórmula innovadora, explican los políticos de turno al servicio de los intereses del neoliberalismo y la patronal del régimen de Felipe VI , que abrirá pasarelas entre una y otra ruta formativa, “necesariamente interdependientes entre sí”.
El departamento de Educación actúa aquí como lo haría con una empresa privada especializada en FP, esto es, aplicar el procedimiento administrativo reglado para este tipo de entidades, que consiste en verificar y constatar que cumple con los requisitos (titulación de los docentes, estudios y programas homologados, instalaciones...), y si es así, dicen, solo cabe la autorización administrativa. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no tiene capacidad de decisión, solo de verificación.
Por otra parte en relación a la FP Dual el sindicato CGT recuerda que los profesores “prospectores” de FP Dual se encargan de buscar empresas interesadas en admitir alumnado de FP para hacer las prácticas. Con la modalidad de FP Dual vuelve a surgir en el alumnado la figura de “aprendiz” y en el profesorado la de prospector cuya tarea es peinar mercados y buscar la estrecha colaboración colaboración público-privada. El alumnado pasará mucho más tiempo en la empresa privada explotado – que impondrá el currículo es estudiar- que en su centro formativo de estudios sin recibir una educación integral.
Por todo lo expuesto, se hace necesario organizar a nuestra clase en los centros educativos – profesorado, alumnado e incluso padres y madres- con la finalidad de organizarlos junto con los trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajo para romper el régimen monárquico del 78 que surgió de un reciclaje del franquismo con la participación de potencias extranjeras al servicio de la OTAN y otros organismos supranacionales neoliberales como EE.UU. , Reino Unido y Alemania para dar paso a una III República Popular y Federativa que defienda una FP 100 % pública porque la educación es un derecho y no un negocio.