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Durante todo el período de confinamiento, la política del Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) se ha caracterizado por su carácter errático, la improvisación y la propaganda, con el objetivo puesto fundamentalmente en erosionar la ya escasa credibilidad del Gobierno central, con el apoyo del potente conglomerado de medios de comunicación reaccionarios. El equipo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha identificado abiertamente con los intereses de la patronal regional, que en pleno confinamiento presionó a favor de una desescalada rápida que reactivara el sector servicios (en torno al 92% del empleo y el 86% del PIB de la CAM). Asimismo, durante todo este tiempo ha proseguido la política de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos de sanidad y educación, con la que Madrid lleva años siendo laboratorio de la política neoliberal del PP y, ahora, Ciudadanos. Incluso han dado pasos para reiniciar un nuevo ciclo de especulación inmobiliaria con el proyecto de nueva Ley del Suelo: una política que, como bien sabe la clase obrera madrileña, ha estado directamente vinculada a gigantescas tramas de corrupción desde su implantación por Aznar.

Durante los meses de desescalada, lejos de reconocer con mejoras materiales el papel de los trabajadores sanitarios (en primera línea frente a la pandemia, como los empleados/as de la limpieza, supermercados y transportes, entre otros), el gobierno de Díaz Ayuso ha seguido debilitando el sistema de salud regional, hasta el punto de provocar el colapso e incluso el cierre de diversos centros de atención primaria en las localidades y barrios obreros durante el verano.

La saturación de esta primera barrera sanitaria es un aspecto ya común a otras regiones; pero en Madrid, con más de 600 contagiados por cada 100.000 habitantes en la actualidad (y más de 1.000 en algunas de las zonas afectadas por el nuevo confinamiento), es especialmente sangrante, entre otras cosas por los años de inauguraciones de fastuosos hospitales pertenecientes al capital privado, mientras se dejaba languidecer el sector público, al que acude la población obrera. Así, en los tres últimos años, la población asignada a atención primaria en la CAM ha aumentado en 150.000 personas, pero apenas se han contratado 19 nuevos médicos. Madrid tiene una de las peores ratio de media de médicos de España (uno por cada 7.894 pacientes), y se estima que faltan 600 médicos de familia y 150 pediatras de atención primaria en la región. La segunda ola se inició con solo 166 rastreadores para siete millones de habitantes; su labor, por supuesto, también se ha privatizado para poder seguir drenando fondos hacia el capital privado. No es de extrañar, por todo ello, que la Comunidad lleve ya más de 15.000 muertes (más de 8.000 de ellas en residencias, un 11% de sus usuarios), y que ya haya más de 160.000 contagiados (4.188 solamente el día 4 de septiembre). Unos 5.000 profesionales sanitarios se encuentran de baja por contagio, pero Díaz Ayuso ha sido diligente a la hora asegurar la presencia de sacerdotes en los hospitales con un millón de euros al año.

A esta grave situación se añade la enorme caída del empleo, con unos 270.000 trabajadores afectados por ERTE y 80.000 despidos, según datos oficiales. Además, en agosto se suspendió el pago de la Renta Mínima de Inserción a cientos de familias; y hay que tener en cuenta que también los colapsados servicios de la Seguridad Social se han visto incapaces de hacer efectiva, para una mayoría de demandantes, la promesa del “ingreso mínimo vital” (IMV), con el que la propaganda del Gobierno central lleva bombardeándonos desde abril. A esto se suma la ausencia de cobertura para las familias obligadas a guardar cuarentena en caso de esperar el resultado de una prueba, o a custodiar a un hijo por posible contagio. Por si esto fuera poco, todos hemos podido ver las lamentables imágenes de vagones del metro atestados en las líneas que comunican el cinturón obrero con la capital y otras áreas de su periferia.

Todos estos hechos han ido haciendo cada vez más evidente para miles de trabajadores el carácter de clase de las consecuencias de la COVID y de las medidas tomadas por los gobiernos. Ya en abril se pudo observar esto claramente, cuando la burguesía de los barrios ricos de Madrid se manifestó en sus descapotables de lujo y con sus sirvientas contra el confinamiento y por la «libertad». También lo dejó claro la respuesta de la policía, mucho más comprensible con esas demandas que con las de los vecinos que, a principios de verano, empezaron a protestar por el colapso de sus centros de salud en diversos barrios y poblaciones.

Recordemos, por si esto no fuera suficiente, que una diputada del partido fascista Vox calificó a los barrios obreros de «estercoleros multiculturales», intentando azuzar a la población autóctona contra los migrantes. Desde luego, no ha sido la única, dentro de una derecha crecientemente fascistizada, que ha culpado a los jornaleros y demás trabajadores de origen extranjero por los contagios durante las últimas semanas. Pero lo que sí saben en estos barrios es que muchos de sus niños sin recursos han sido obligados a “alimentarse” con pizza y demás comida basura de multinacionales; y también saben que los problemas de vivienda, la falta de equipamientos en sus barrios, los autobuses atestados y la precariedad laboral son los responsables del mayor incremento de los contagios en estos distritos. No por casualidad, en algunas de las concentraciones del domingo se coreaba masivamente lemas como “¡No es confinamiento, es lucha de clases!” o “¡Aquí estamos los antifascistas!”.

Hasta ahora, solo el miedo de la población a la pandemia y el afán de las direcciones sindicales oportunistas por actuar como bomberos del sistema habían impedido que estallara el conflicto, abortando el incipiente movimiento huelguístico en la sanidad pública y en la educación. Sin embargo, el precipitado anuncio de confinamiento (¡excepto para ir a asegurar la ganancia del patrón, desde luego!) en 37 zonas de salud, llevado a cabo en medio de la descoordinación, el caos y la arbitrariedad imperantes en el gobierno regional, ha hecho estallar a la población del cinturón obrero. En su impulso ha tenido un papel fundamental el potente y activo movimiento vecinal madrileño, bregado durante años en la lucha contra la especulación urbanística y la privatización de los servicios públicos. Incluso la banda de oportunistas que durante este tiempo han estado bloqueando huelgas, posando en la Asamblea madrileña, o simplemente agazapados, como la dirección del PSOE regional, se han visto obligados a tomar posición junto a los vecinos con un comunicado en el que llaman a una manifestación unitaria.

Mientras tanto, los fascistas de Vox, que pretenden representar a «la España que madruga», pasaron el domingo acusando al presidente Sánchez (PSOE) y dando vivas a la Legión, dejando bien claras sus prioridades. Díaz Ayuso, que durante todo este tiempo ha tenido como única preocupación no verse obligada a pedir la ayuda del Gobierno, dejando al descubierto su incompetencia, ha mostrado este lunes, una vez más, su carácter ultrarreaccionario solicitando a Sánchez el apoyo del Ejército, que es el único método que conoce la burguesía para “resolver” los problemas sociales.

Nuestro partido está teniendo un papel muy activo en esta lucha, a través de numerosos militantes que se hallan integrados desde hace mucho tiempo en el movimiento popular de los barrios y localidades obreras. Como venimos insistiendo, es vital mantener y fortalecer la organización y la capacidad de respuesta del tejido popular de base frente a las agresiones del capital, que sin duda se sucederán y agravarán como respuesta a su crisis. Los comunistas seguiremos impulsando la unidad y la combatividad de los distritos obreros, implicándonos en profundidad para abrir un nuevo ciclo de luchas obreras y populares.

 

Madrid, 21-22 de septiembre de 2020

PCE (m-l)

Secretariado del Comité Central