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La situación sobrevenida con el coronavirus ha puesto en evidencia de forma abierta, descarnada, todas las fallas del sistema capitalista y, en particular, del Régimen monárquico de la oligarquía.

La pandemia del COVID-19 ha acelerado y profundizado una crisis económica ya anunciada. Estamos asistiendo a una debacle para el conjunto de las clases populares pero especialmente para la clase obrera.

Son ya un millón y medio los trabajadores afectados por ERTEs, los empresarios están aprovechando para despedirles, las empleadas del hogar están obligadas a trabajar, aun poniendo en peligro su salud, si quieren llevar dinero a casa, trabajadores de empresas esenciales, que no han cerrado, no tienen las medidas adecuadas de seguridad, miles de pequeños negocios tienen que cerrar, total o parcialmente, sin saber si van a levantar cabeza, hay muchos colectivos vulnerables desprotegidos, muchos de nuestros mayores están desatendidos, etc.

Los trabajadores de la sanidad tienen que trabajar sin el descanso conveniente, por falta de personal, sin el material de protección adecuado, por falta de EPIs, mascarillas, etc., poniendo en riesgo su salud y su vida. Faltan camas, UCIs y hospitales, mientras algunos privados quieren hacer ERTEs a su personal.

Años de políticas neoliberales, de desmantelamiento de lo público, de privatizaciones de los servicios públicos, de empresas y sectores económicos estratégicos, de recortes presupuestarios, etc., que buscaban el aumento de los beneficios del gran capital a costa del bienestar y la salud de la población, explican la situación en la que nos encontramos. Políticas llevadas a cabo por los gobiernos centrales y autonómicos del PP y PSOE (fundamentalmente, pero no solo) y el conjunto de las instituciones del Estado.

En este contexto, cuando las necesidades de nuestro país y de sus gentes son apremiantes, la Unión Europea ha quedado retratada como el proyecto del gran capital financiero que es, demostrando que a la hora de tomar decisiones de protección social o de índole humanitaria prefiere mirar para otro lado, devolver la responsabilidad a los estados miembros y reducir su visibilidad al mínimo.

Estamos ante una situación de emergencia sanitaria, social y económica que, previsiblemente, se agravará, y a la que las fuerzas democráticas y progresistas debemos dar, unitariamente, una respuesta, una salida, una alternativa. Por otro lado, corremos el peligro de que dicha situación sea encauzada por parte de los sectores reaccionarios y fascistas.

Es por todo  ello que el PCE (m-l) hace un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas progresistas (políticas, sindicales y sociales) para estar a la altura de las actuales circunstancias y luchar unidos, desde el respeto y la lealtad, contra la crisis y las políticas antipopulares, a favor de las clases trabajadoras y de nuestros pueblos, de nuestro futuro.

Hacemos un llamamiento a avanzar en la conformación de un amplio frente popular, que sea expresión de las necesidades y anhelos de los sectores populares, en torno a este programa de 10 puntos:

  1. Mantenimiento “sine die” de la suspensión de todos los despidos por causa del corona-virus y vigilancia administrativa para que sea real y efectiva.
  2. Derogación de las reformas laborales del PP y el PSOE.
  3. Devolución inmediata del dinero público que se dio (rescates) a la banca y a las autopistas privatizadas.
  4. Vuelta a manos públicas de los servicios de agua, gas y electricidad. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía.
  5. Derogación de la “Ley mordaza” y cuantas atenten contra los derechos y libertades políticas.
  6. Nacionalización y remunicipalización de los servicios públicos privatizados, especialmente aquellos en manos de empresas que anuncien ERES o ERTES.
  7. Derogación de la reforma de las pensiones garantizando unos ingresos dignos para nuestros mayores y dependientes.
  8. Creación de un parque público de viviendas en alquiler. Impedir por ley y de forma permanente los desahucios a primeras viviendas en propiedad.
  9. Derogación de la Ley 15/97 y demás leyes que privatizan la sanidad y nacionalización de toda la red de sanidad privada. Eliminación del sistema de conciertos educativos.
  10.  Renacionalización y desarrollo del servicio público de transporte para garantizar la movilidad de los trabajadores.

Madrid, 27 de marzo de 2020.