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Comunicado del PCE (m-l)

Hoy ha entrado en vigor el “plan de choque” económico frente a la epidemia de COVID-19, aprobado ayer por el Ejecutivo PSOE-UP. Las medidas se dirigen, según el Gobierno, a evitar la destrucción estructural de empleo y tejido productivo, impedir el desplome de la economía y hacer frente al aumento de las desigualdades que producirá esta nueva crisis. El gabinete pretende presentar así un perfil socialdemócrata, pese a que son bien conocidas las tensiones que ha desencadenado el nuevo paquete, en particular entre el sector más neoliberal del Gobierno, con Nadia Calviño a la cabeza. No en vano, Pedro Sánchez se ha comprometido a reforzar la sanidad cuando acabe la crisis, llevando a cabo “los cambios y ajustes que se revelen necesarios”, aunque sin concretar en qué dirección lo hará.

Sin embargo, estas pretensiones chocan con la realidad del plan. Es cierto que las medidas recogen algunas demandas que desde la izquierda hemos venido planteando en los últimos días, como la prolongación de los subsidios por desempleo, la moratoria hipotecaria, la prohibición de cortar el suministro de electricidad, gas natural y agua a los consumidores vulnerables o el mantenimiento de los derechos de prestación de desempleo acumulados para los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). También pueden suponer un respiro las medidas sociales que puedan emprender las Comunidades Autónomas con los 300 millones que se les han concedido (excepción hecha de la penúltima bufonada de Díaz Ayuso con los comedores escolares). Pero todo ello supone un colchón muy fino (alrededor de un mes), teniendo en cuenta lo que puede sobrevenir para la clase obrera. Es muy optimista considerar, por ejemplo, que con las prestaciones derivadas de los ERTE (70% de la base de cotización), y teniendo en cuenta lo bajos que son ya de por sí los salarios en España, se pueda seguir afrontando los alquileres; sin embargo, no se ha aprobado una moratoria en su pago (otra demanda masiva de estos días), lo que puede acabar en una oleada de impagos, desahucios y cierres en cuestión de algunos meses o incluso semanas. Y, como ha reconocido la ministra Yolanda Díaz, hay ya “entre 400 y 500” ERTE esperando tramitación en el Ministerio de Trabajo, además de los que se derivarán de las Comunidades Autónomas.

A esto se suma la posibilidad más que real de que la patronal aproveche la coyuntura de crisis para llevar a cabo despidos, e incluso ERE; eso sí, ahora bajo la cobertura de los llamamientos a la “unidad”, “salvar vidas” y demás lemas típicos de los momentos de zozobra. No por casualidad, la OIT advierte que pueden perderse entre cinco y veinticinco millones de empleo en el mundo, además del previsible aumento de la precariedad laboral. Y, como es bien sabido, la epidemia no ha hecho más que adelantar unos meses la crisis económica que ya se vislumbraba en el horizonte capitalista. De hecho, resulta llamativo que, dentro de las medidas aprobadas, se blinde a las grandes empresas (Movistar, Santander, BBVA…), para impedir que el desplome de sus acciones en bolsa sea aprovechado por el capital extranjero. A este salvavidas se le añaden las exenciones fiscales contenidas en el Real Decreto-ley. Mientras tanto, los trabajadores autónomos han visto cómo sus reivindicaciones quedaban a medio camino en la norma aprobada.

Por otra parte, mucho se ha insistido en la “inyección” de 200.000 millones. Sin duda, presentar un “gasto público” de aproximadamente un 20% del PIB es un buen golpe de efecto mediático. Sin embargo, el grueso de esa cifra serán 100.000 millones en avales públicos para préstamos que puedan pedir las empresas a la banca privada, a los que se sumarán 83.000 que el Gobierno espera que concedan las entidades privadas en forma de préstamos a las empresas, sin que se detalle si deben ser firmas afectadas por la crisis ni si deben mantener el empleo. Nada, por tanto, que altere en principio el reparto de la riqueza en nuestro país.

En definitiva, y pese a las apariencias y la fanfarria mediática, todo apunta a que esta crisis también la pagarán los trabajadores y, en particular, las trabajadoras si no se asiste de forma directa a las personas cuidadoras de menores y otros dependientes. Aunque el Gobierno ha optado por una estrategia comunicativa de perfil socialdemócrata, son evidentes las tensiones en su seno a la hora de afrontar la crisis. Y, por otra parte, hay un patrón (la falta de alivio del gasto en vivienda, los avales para dar fuelle a la banca, los despidos más o menos encubiertos…) que recuerda demasiado al de la crisis de 2008. Las principales economías del euro (Alemania, Italia y Francia) han anunciado esta vez un enorme aumento del gasto público, es cierto: no solo por las lecciones de hace doce años, sino también por el delicado momento que atraviesa la economía de la UE, entre EEUU y China y con el Brexit de por medio. Pero no olvidemos que, por aquel entonces, Sarkozy llegó a proclamar por unos instantes la “refundación del capitalismo”.

Es cierto, con todo, que la crisis del COVID-19 está contribuyendo a desterrar algunos mitos. El penúltimo de ellos, en nuestro país, el de una monarquía sólida y preocupada por el bienestar de su pueblo, como se ha visto hoy mismo. Pero, sobre todo y a nivel global, está poniendo al descubierto la brutalidad, la crueldad y la ineficacia de un sistema económico que antepone los beneficios empresariales a la salud de la población e incluso a su vida. En este enorme casino que es el capitalismo, resulta sintomático que, mientras cierran todos los centros de producción, siga abierta la bolsa, donde los capitalistas especulan con sus acciones y “productos” financieros. La escasez de personal sanitario y camas hospitalarias, especialmente allí donde más duros han sido los recortes, así como la falta de material adecuado en los hospitales, incluso en estos momentos, han dejado bien patente para millones de trabajadores y trabajadoras las enormes limitaciones de la iniciativa privada y “el mercado” para asegurar el bienestar general. Por el lado contrario, se ha evidenciado la necesidad de organizar, planificar y centralizar recursos en manos del sector público para asegurar la respuesta eficaz a una situación tan grave.

En nuestro país, en particular, el desarrollo de esta crisis ha sido sintomático de cuál es el problema central: la estructura de poder oligárquico, que tiende a asegurar los intereses de una elite crecida a la sombra del franquismo. Las privatizaciones y recortes promovidos durante años, la enquistada indefensión popular frente a los desahucios, la respuesta automática a las crisis en forma de despidos y precarización del trabajo, los titubeos a la hora de utilizar los mecanismos que permiten al Ejecutivo disponer de las instalaciones privadas para hacer frente a la epidemia… Todo ello apunta a una forma de gobernar y de entender la democracia y, sobre todo, a una estructura económica que coloca los intereses populares siempre en ultimísimo lugar.

Por eso, el paquete de medidas aprobado podrá aliviar la situación durante la cuarentena, pero no solucionará los problemas derivados de la crisis: la del coronavirus y la estructural. Y ello obliga, entre otras cosas, a nacionalizar los sectores estratégicos de la economía y a devolver a manos públicas los servicios privatizados. Pero, para ello, no solo es necesario seguir presionando al Gobierno PSOE-UP para que tome medidas que beneficien a las clases trabajadoras, y al proletariado en particular; hay que echar abajo también el entramado jurídico-político que sustenta en nuestro país la desigualdad y el abuso. Y los pueblos de España han dado un paso adelante para deshacerse del personaje que lo encabeza.

Secretariado del PCE (m-l)

Miércoles, 18 de marzo de 2020