La epidemia del Covid-19 está haciendo saltar las costuras de nuestro sistema. Más de diez años después de la crisis financiera, que supuso el desmantelamiento de buena parte del “estado del bienestar”, vemos ahora claramente las consecuencias que las políticas de la mal llamada austeridad han supuesto para los derechos más básicos de la clase trabajadora: una sanidad pública con insuficientes recursos personales y materiales. El caso de Ávila es paradigmático hasta el punto de tener que enviarse con urgencia mascarillas a los hospitales ante la ausencia, ayer, de las mismas, además de otros materiales como guantes, batas y, en general, EPIs, a pesar de que la epidemia apenas ha rozado la provincia.

Todo ello pone en riesgo la salud de los trabajadores sanitarios, y no sanitarios, a los que se les ordenaba entrar en las habitaciones sin el equipamiento adecuado, y la de los propios pacientes.  Nuestro reconocimiento y solidaridad con los trabajadores de la sanidad pública.

Otra de esas consecuencias es una sanidad privada alimentada desde los poderes públicos que ha intentado aprovechar las necesidades de la sociedad para hacer negocio de la forma más rastrera imaginable (han llegado a ofrecer hacer las pruebas de detección del coronavirus por más de 300€ cuando el precio del kit es de menos de 50€).

Las empresas, ante la incertidumbre que depara a la sociedad por las medidas de lucha contra la pandemia, no han dudado en cargar el coste sobre los más débiles: la clase trabajadora. Así, en el primer día laborable de “estado de alarma”, se han multiplicado los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que ocasionarán que decenas o centenas de miles de trabajadores vean seriamente mermados sus ingresos cuando no desaparezcan por completo por no tener derecho a prestación. Mientras tanto, el gobierno no ha acertado a lanzar ni una sola medida de calado para mitigar el tremendo golpe que supondrá para los trabajadores. No obstante, habrá que estar atentos al paquete de medidas económicas que aprobará mañana martes, para las que los sindicatos mayoritarios han exigido que vayan dirigidas a proteger a las personas.

Una vez más, y como siempre que la humanidad se asoma al abismo, se descubre la disyuntiva fundamental entre el beneficio de unos pocos o el bienestar de la mayoría.  El gobierno de la nación ha optado a poner del lado de los primeros dejando patente los limites que constriñen la acción política en nuestro país. Es por ello que se hace urgente luchar por sustituir este sistema socioeconómico, que no podrá salvar nunca esta contradicción, por otro. Priorizar a las personas y sus necesidades frente a la avaricia rapiñadora de unos pocos. Apostar por lo público frente a lo privado. Sustituir el capitalismo por el socialismo.

Ávila, 16 de marzo de 2020

PCE (m-l) Ávila