La llegada del virus COVID19 a Europa hace apenas unas semanas y su rápida extensión hasta alcanzar datos realmente preocupantes en Italia y España ha venido a corroborar, una vez más, que el capitalismo es un gigante con pies de barro.

Han bastado unas pocas décadas de estabilidad sanitaria en Europa occidental (creada gracias al modelo sanitario público instaurado tras la II Guerra Mundial ante el temor que el modelo soviético producía en la burguesía europea) para que el capitalismo haya fijado sus codiciosos ojos en la estructura sanitaria, aspirando (y en muchos casos consiguiendo en parte) convertir un servicio básico para la población en una fuente de ganancias a costa de los ya menguados salarios de la clase obrera. En este sentido, no podemos dejar de señalar a los gobiernos del capital (PSOE y PP), que, en España, llevan décadas destruyendo el conjunto de conquistas sociales que la clase obrera fue ganando durante siglos de sangre y sudor para garantizarse unas condiciones dignas de vida y de trabajo.

La presente crisis representa un ejemplo palmario de lo que supone esta ofensiva del capital: en nuestro país, como en los demás de nuestro entorno, la precariedad de los medios sanitarios disponibles para hacer frente a la epidemia tiene su origen en la privatización que los distintos gobiernos nacionales y autonómicos han venido desarrollando en las últimas décadas; y tales limitaciones solo han hallado una respuesta tardía, titubeante e incluso en algunos casos esperpéntica, debido a la resistencia de las diferentes administraciones a cumplir lo que incluso su propia Constitución establece, en uno de los escasísimos (y, por lo general, decorativos) elementos de progreso que recoge: a saber, que los recursos privados deben someterse a las necesidades colectivas en situaciones como la actual. Solo la urgencia del momento ha obligado a los distintos gobiernos a alterar el sacrosanto y absoluto derecho a la propiedad privada.

Un verdadero gobierno al servicio del pueblo no habría dudado en ordenar la nacionalización de los recursos privados necesarios para hacer frente a las necesidades reales, desandando el camino de la mercantilización que ha llevado a que los hospitales de gestión privada incrustados en la red pública sanitaria hayan incrementado su inversión un 19% en los últimos cuatro años, mientras que los de gestión pública sólo lo han hecho un 6% en el mismo periodo.

Por otra parte, la llamada “crisis del coronavirus” está sirviendo a los intereses del gran capital en varios sentidos. Está facilitando la experimentación de formas de trabajo “flexibilizadas”, como el “teletrabajo”, que permiten mantener la tasa de ganancia de la burguesía a costa de los recursos personales de la clase obrera, sin alterar por ello los salarios percibidos (en algunos casos, incluso, disminuyéndolos). Por su parte, la patronal se ha apresurado a aprovechar la coyuntura para exigir medidas que le faciliten el despido, extender los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE), con la aquiescencia de las cúpulas sindicales, y demandar subvenciones, exenciones y todo tipo de ayudas económicas. De hecho, los diferentes gobiernos están impulsando medidas de restricción en el sector público, permitiendo al sector privado mantenerse en funcionamiento, ahora sin competencia alguna, e igualmente han normalizado el cierre de fronteras y el discurso chovinista y proteccionista al que venían apuntando en los últimos años.

En contraste con ello, el Real Decreto-ley 7/2020, que establece medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, no dedica ni una línea a asegurar los derechos de la clase obrera, que se verá arrojada al paro o, cuando menos, a una precarización aún mayor de sus condiciones de trabajo. A diferencia de sus patronos, Los trabajadores y trabajadoras consumirán sus prestaciones de desempleo sin que la emergencia por la epidemia suponga compensación alguna de cara al futuro: verán reducido su derecho a la ayuda, y punto. Tampoco se ha arbitrado ayudas directas a las familias trabajadoras para superar la crisis de empleo y de cuidados que se deriva de las medidas adoptadas para la contención de la epidemia, limitando la respuesta a las ya -afortunadamente- conquistadas ayudas a la alimentación de determinados grupos de escolares. En definitiva, el Gobierno mira hacia otro lado cuando se trata de resolver los problemas de la clase obrera, pero se apresura a salvar los beneficios del capital.

Sin embargo, todas estas ventajas para los capitalistas no pueden evitar la crisis real, la económica, que ya se apuntaba en todas las previsiones y datos estadísticos y que empieza a ser ya un hecho evidente, como muestra el cataclismo bursátil vivido en las últimas horas a nivel mundial. La gran crisis que se esperaba para finales de 2020 simplemente parece haberse adelantado unos meses, aunque la burguesía mundial tenga ahora disponible un pretexto con el que tratar de ocultar la verdad: que el capitalismo es un sistema irreparable que ya no puede ofrecer nada nuevo a la Humanidad y, por tanto, debe ser superado y enviado al basurero de la historia.

Mientras tanto, el caos y la desinformación son los mejores aliados de un régimen decadente, manteniendo a la población asustada y confundida. Después de décadas oyendo hablar de los “horrores” de Venezuela, no es extraño que, ante la menor preocupación, veamos a la población española acaparando papel higiénico o alimentos básicos, como si peligrara el suministro. Y eso, en los mismos días en los que empieza a conocerse la verdadera magnitud de la corrupción de los borbones.

Ante esta situación, el PCE (m-l) manifiesta su confianza en los trabajadores y trabajadoras del sistema público de salud, y reconoce el ingente esfuerzo humano que sus profesionales están asumiendo en estos días. Ha quedado en evidencia que una emergencia como la presente solo puede afrontarse con una respuesta estatal que asegure una dirección fuerte y con capacidad de actuación contundente a través de la gestión coordinada de todos los recursos disponibles. El desarrollo de la crisis en el ámbito sanitario demuestra la superior eficacia de un Estado con propiedad sobre los recursos y capacidad de gestión de los mismos, a la hora de responder a los problemas de la mayoría trabajadora. Donde se anteponen los intereses económicos privados a la vida humana, en cambio, el desastre es inevitable.

Por eso, exigimos la derogación de la Ley 15/97, que permite la privatización de la sanidad, así como la reversión de las privatizaciones sanitarias, y demandamos un sistema de salud plenamente público, que no habría permitido que la situación se agravara hasta este punto. Pero, para lograr ese fin, resulta cada vez más evidente que la estructura política del Estado monárquico representa un obstáculo que es necesario derribar. El régimen se muestra, una vez más, como el más firme defensor de los intereses del capital, y por tanto como la primera barrera que el proletariado y clases populares deberán superar para poder dar respuesta a sus propias necesidades vitales.

¡Nuestra sanidad pública no se toca!

¡Abajo el régimen enemigo de los intereses populares!

¡El comunismo no es posible, es necesario!

 

Partido Comunista de España (marxista-leninista)

Comté Ejecutivo