Las elecciones del «cambio» apenas han proporcionado sobresaltos: pese a los cinco millones de votos y 83 escaños perdidos por el viejo bipartidismo, de nuevo el PP ha resultado ganador, mientras consolida sus primeros pasos el “nuevo” bipartidismo formado por los respectivos bloques PP-Ciudadanos y PSOE-Podemos.

En efecto, la espectacular irrupción de los partidos «emergentes» (con más de 8,5 millones de votos) no oculta el hecho principal: que, como la mayor parte de los candidatos y de los publicistas a sueldo han destacado, lo que se está produciendo no es sino la «segunda transición» (“que algo cambie para que todo siga igual”) que hemos denunciado en tantas ocasiones desde que empezara a vislumbrarse con la eclosión electoral del “ciudadanismo”. Todos los líderes de este bipartidismo a cuatro voces han coincidido en sus llamamientos al diálogo y al «tender la mano». A lo más que han llegado los «emergentes» ha sido a exigir «cambios constitucionales» como requisito previo a la investidura del nuevo presidente del Gobierno (Iglesias), o a negarse a votar por Rajoy o Sánchez (Rivera).

Pero si el apoyo de Podemos a Sánchez va a ser fácilmente prescindible, de acuerdo con la aritmética electoral y la posición del aparato del PSOE (y sobre todo de Susana Díaz, la ganadora de estas elecciones en ese partido, y abiertamente contraria a pactos por la izquierda), la abstención de Ciudadanos vendrá a hacer posible el nombramiento de Rajoy, confirmando su papel de muletilla del PP para sacar adelante «las reformas que España necesita».

La rotundidad de Díaz, así como la voluntad de colaborar con el PP para asegurar los aspectos centrales de la política del Estado (como ha declarado García Page), dejan bien claro que la opción del PSOE es facilitar el cumplimiento de las decisiones ya tomadas en Bruselas, y no arriesgar en experimentos que puedan crear inquietud en las bolsas, como ya ha advertido algún creador de opinión del régimen. De hecho, el mensaje que los plumíferos del régimen han trasladado a Sánchez ha sido unánime: no bloquear la formación de gobierno por el PP y propiciar acuerdos para proporcionar estabilidad al sistema.

En cuanto a IU-Unidad Popular, aun siendo cierto que ha sufrido injusticias evidentes durante la campaña electoral, ha pagado las consecuencias de dos años de política vacilante y declaraciones erráticas, en el mejor de los casos. Una ambigüedad que ha buscado imitar cuanto representan las corrientes “ciudadanistas”, por más que ciertos candidatos y muchísimos militantes honestos hayan peleado contra viento y marea para presentar una candidatura republicana y de clase.

Así pues, todo parece indicar que las esperanzas que algunos han puesto en un eventual gobierno de coalición “de izquierdas” se van a ver bien pronto defraudadas. Es más, con los Presupuestos aprobados y la hipoteca de haber promovido el blindaje constitucional del pago a los acreedores (artículo 135), poco se puede esperar de la oposición que pueda ejercer un PSOE que ya ha sido aplicado ejecutor de las órdenes de la oligarquía. Sí tendrá una posición más cómoda Podemos, que puede parapetarse tras un PSOE dócil y «responsable» para ejercer como oposición “de izquierda”, sin ensuciarse en componendas «de Estado», y completar así el sorpasso; pero, mientras tanto, los gobiernos municipales y autonómicos «del cambio» tendrán que hacer frente a las restricciones financieras impuestas desde Moncloa y, en cualquier caso, los podemistas no conseguirán más que dilatar un tiempo el descubrimiento de la cruda realidad: que la desmovilización popular y la desorganización de la izquierda son un precio excesivo que sus cinco millones de votantes han pagado para obtener tan magros resultados políticos.

Y, sin embargo, hay lugar para la esperanza. Si bien el nuevo escenario político no es, a priori, el más favorable a un rápido desenlace de la decomposición de la socialdemocracia y el “ciudadanismo”; si es evidente que la corrupción institucionalizada goza de un importante colchón electoral, gracias a la generalización de redes clientelares y a la desmovilización y despolitización heredadas del franquismo y acentuadas durante décadas de democracia tutelada; y si, en fin, resulta obvio que el revisionismo y la socialdemocracia han conseguido que el grueso de los trabajadores acabe atribuyendo al voto un valor utilitario en lo inmediato, con los frustrantes resultados por todos conocidos en los últimos cuarenta años, con eso y con todo, el 20-D ha sido un paso más en la clarificación de la situación y el deslinde de los campos respectivos. Y, además, a ello se van a superponer las consecuencias de las nuevas medidas antipopulares que Bruselas ya lleva tiempo exigiendo y para las que ahora, una vez acabado este ciclo electoral, ya no hay dilación posible. Se abre, por tanto, una etapa en la que es imprescindible emprender la recomposición de las fuerzas rupturistas y en la que, al mismo tiempo, habrá que mantener una lucha implacable frente al oportunismo de unos “ciudadanistas” que, como el PSOE de 1980, aspiran a ser la «casa común» de la izquierda para entregarla atada de pies y manos a la oligarquía.

En esas dos tareas, los marxistas-leninistas mantendremos una labor incansable y trabajaremos para la incorporación del mayor número posible de militantes y organizaciones, por la unidad de los comunistas y la conformación de un Frente Popular por la República.

21 de diciembre de 2015

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (marxista-leninista)

JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (marxista-leninista)