A. Bagauda
Hablábamos en la anterior entrega de las pensiones y el SMI. El “escudo social”, mermado en cada moratoria, también concretaba la “prórroga hasta el 30 de junio los descuentos del 50% en los títulos multiviajes generales y de los bonos gratuitos de Cercanías, (…)”.
Y esto para todo hijo de vecino, sean ricos o pobres. Huelga decir que esos descuentos y esa gratuidad los pagamos todos. También los pobres, los trabajadores, que apenas llegan a fin de mes, o aquellas personas que perciben el SMI que ahora va atributar en el IRPF. De modo que: 1) también se hacen descuentos a y tienen bonos gratuitos los ricos y su progenie; 2) los pobres, los trabajadores, están pagando bonos gratuitos y descuentos a gente rica. Todo muy justo y progresista.
Además, concretaba que “hasta el 31 de diciembre de 2025, la suspensión de los desahucios y la prohibición de interrumpir los suministros básicos a personas en situación de vulnerabilidad” (Ministerio de la Presidencia). ¿Evita esto los desahucios? No. En 2024, a pesar de esta suspensión, hubo 27.564 desahucios, un 3,4% más que el año anterior. El 74,6% (20.558) fue por impagos de alquiler y el 18,4% (5.073) por ejecuciones hipotecarias, que crecieron un 9,8 % (elpaís.com, 14/03/25). Por tanto, siendo vulnerables, porque les echan de sus casas, no están en “situación de vulnerabilidad”. ¿Y quiénes lo están? Aquellas personas que no tienen una renta anual superior a unos 24.000 €, límite que hace unos años podía evitar más desahucios, pero ahora, a tenor del estado del mercado de la vivienda y de alquiler, no.
Estamos ante un mero parche estético, populista, a un problema cuya solución pasa por combatir con mano firme la especulación y hacer que la vivienda pase de ser una mera mercancía a un bien social.
Por su parte, al IMV (iniciaba su andadura en 2020) lo han revalorizado un 9 % y supone en 2025, para un individuo solo, una cuantía de 659 €/mes, que aumenta progresivamente, en función del número de miembros de la familia, hasta los 1.449 €. Aparte de la cuantía, insuficiente para vivir en condiciones dignas, presenta unos requisitos burocráticos y una complejidad de tramitación que dificultan a muchas familias el acceso al mismo. El pasado mes de enero, miles de hogares que lo tenían concedido no lo recibieron por problemas “administrativos y retrasos en la gestión de certificados de la Servicios Sociales”, problema que ya se dio en sus primeros meses de inicio. Amén de que la concesión implica una serie de exigencias que de no cumplirse te sacarían del programa. La cámara está llena de pinchazos.
Teniendo en cuenta lo anterior, no sería extraño que, cuando alguien oyera hablar de “escudo social”, a renglón seguido preguntara: “¿Qué escudo?”. Por otro lado, su puesta en marcha evidencia el mal estado de salud en que se encuentra la Seguridad Social (conquista de la clase obrera para tener protección ante contratiempos y privaciones económicas y sociales). Es un síntoma de su fragilidad, estado que no se crea por generación espontánea ni arte de magia sino que obedece a la implementación durante lustros del neoliberalismo, por parte de todos los gobiernos de la monarquía, como modelo de acumulación del capital. Conocemos la descapitalización que ha sufrido la hucha de las pensiones, la profundización de las políticas y leyes privatizadores (respaldadas por todo el arco parlamentario), gracias al Pacto de Toledo, que abría esa puerta; la miseria que cobran muchos pensionistas; sabemos de la disminución que viene sufriendo la cuantía del subsidio de paro, la facilidad/gratuidad del despido; también la privatización de la enfermedad/accidente laboral, dando cada vez más poder y capacidad de maniobra a las mutuas, al tiempo que el deterioro y privatización, por falta de atención, de inversión, de la sanidad pública. La debilidad a la que han llevado los distintos gobiernos y el Estado en su conjunto a la Seguridad Social explica en buena medida la puesta en marcha de esta política asistencial, que, como decimos, es un mal parche.
Cuando no se puede acceder a una vivienda y siguen echando de sus casas a la gente, cuando aumenta la pobreza salarial (hablaba de ella con cierta desvergüenza la señora de Sumar) y la cesta de la compra está por las nubes, cuando suben los impuestos indirectos (a todos por igual, ya seas rico o pobre), ese escudo no es tal. Son dádivas, limosnas, con las que también hacen politiquería y mercadean votos. Lo que hace falta es que todo el mundo tenga trabajo y un buen salario, que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna, que se defiendan y blinden las pensiones públicas, etc., pero para ello hacen falta cambios, cambios estructurales, de raíz.
Hay mucho detrás de un nombre que todo lo dice. Porque… un escudo protege a alguien y de alguien o algo. Así pues, ¿a quién protege y de qué o quién? La primera pregunta es más fácil de responder: a los sectores sociales con menos recursos, más empobrecidos, cada vez más vastos. La burguesía y sus voceros, con toda la pléyade de filántropos a la cabeza (y no pocas ONGs), responderán a la segunda afirmando que de la pobreza, de la desigualdad y de la exclusión social, pero se cuidarán muy mucho de decir que es ella, sus leyes, políticas y sistema económico los responsables, la causa de esos problemas sociales. ¿Realmente la solución es un escudo o se debiera avanzar hacia una sociedad donde no hiciera falta escudo alguno? Instalada en la primera, la segunda opción la compromete, a sus intereses y a su capitalismo imperialista.
Paro, trabajos temporales, parciales, precarios, bajos salarios, inflación, desahucios, fiscalidad regresiva, pensiones de hambre,…, nutren las lacras sociales de la pobreza y la miseria. Todos estos problemas laborales, económicos y sociales, como el estado de debilidad de la S.S., no vienen caídos del cielo, ni son una plaga o castigo divino, sino que responden a la lógica interna del capitalismo y, en íntima relación con ella, a las políticas de los estados burgueses: económicas, presupuestarias, fiscales, armamentísticas,… Y toda política, sí o sí, beneficia a unos y perjudica a otros. Ya sabemos de qué y quién hay que protegerse y a qué y quién combatir: al capitalismo, a la oligarquía financiera, que dicta los programas político-económicos, a su estado monárquico, a sus gobiernos, partidos políticos y agentes sociales (en el seno del movimiento obrero y los movimientos populares) y mediáticos, a sus leyes. Con escudo y lanza en ristre: con organización y movilización.
Artículo anterior: A propósito del SMI y el escudo social (I)
