A. Bagauda
Junts, mostrando su pezuña, se asociaba a VOX y al PP, el pasado 28 de enero, para echar abajo el decreto “ómnibus” del Gobierno, que recogía una treintena de medidas.
Cierto que entre otras cosas, como veremos más adelante, son medidas limitadas, pero no fue ese el motivo por el que tumbaron el decreto sino justo el contrario: por su esencia antipopular y reaccionaria, y para utilizarlo como medida de presión, los primeros, y como ariete contra el Ejecutivo, los segundos, lo que da idea de lo que les importa ya no solo el ciudadano de a pie, sino aquellos, como los valencianos, que están viviendo una dramática situación. Finalmente el PSOE cambiaba unos cuantos cromos con Junts, el PP modificaba el sentido de su voto y ese paquete de medidas, que llaman “escudo social”, veía la luz.
Entre las más destacadas: “la revalorización de las pensiones: un 2,8% (el equivalente al IPC) las contributivas y un 9% las no contributivas”, la “prorroga hasta el 30 de junio los descuentos del 50% en los títulos multiviajes generales y de los bonos gratuitos de Cercanías, (…)”, “hasta el 31 de diciembre de 2025, la suspensión de los desahucios y la prohibición de interrumpir los suministros básicos a personas en situación de vulnerabilidad” (Ministerio de la Presidencia), la revalorización del 9 % del IMV y ayudas a los afectados por la DANA.
En esta primera entrega nos centraremos en las pensiones y el SMI
Es obvio que el incremento del 2,8 % para 2025 supone una subida de las pensiones contributivas, mas la cuestión es si es suficiente. Una pregunta retórica para una respuesta negativa. Primero porque no está en relación al IPC real y no se recuperan las pérdidas anuales acumuladas en años y gobiernos anteriores (2014: subida del 0,25%; 2015: 0,25%; 2016: 0,25%; 2017: 0,25%; 2018: 1,6%; 2019: 1,6%; 2020: 0,9%; 2021: 0,9%; 2022: 2,5%; 2023: 8,5%; 2024: 3,8%); segundo porque ese 2,8 % es sobre una pensión de partida, ya de por sí baja. Los pensionistas, como el conjunto de los trabajadores, han perdido durante años poder adquisitivo y lo siguen perdiendo. Esa revalorización es a todas luces insuficiente para hacer frente con solvencia a la carestía de la vida. Una carestía que responde, en general, al aumento de los márgenes de beneficios de las grandes empresas, que controlan la vida económica del país. No es de extrañar que cerca del 20 % de nuestros mayores estén en situación de pobreza.
En segundo lugar, se ha pasado de puntillas sobre el hecho de que en el primer trámite parlamentario del “escudo social” sí se aprobó por vergonzosa unanimidad del Congreso un decreto de reforma de las pensiones para llevar la edad de jubilación hasta los 72 años (negociada con el Gobierno y aceptada por la venal dirigencia de CCOO y UGT) que fomenta los acuerdos individuales para socavar el derecho social, colectivo, universal, de las pensiones. Esta reforma está en línea con las anteriores (la Ley de Fomento de los Planes de Pensiones de Empleo, el aumento del periodo de cómputo de años cotizados hasta los 29, la introducción del nuevo factor de “sostenibilidad” y las reformas de las Mutuas) que ahondan en la privatización progresiva del sistema público de pensiones, como mandan la banca, las aseguradoras y la patronal mientras siguen engordando obscenamente sus bolsillos. Aquí no podemos olvidar la dilapidación de la hucha de las pensiones.
A la luz de todo esto, dos reivindicaciones toman mayor relieve: primera, que el movimiento pensionista, que debe avanzar en su unidad, organización y empuje, sea el interlocutor del gobierno en esta materia; segunda, una auditoría independiente de las cuentas de la Seguridad Social.
Respecto al SMI, se ha subido un 4,4 % (unos 50 €), hasta los 1.184 €, un salario que hace imposible a una familia, por pequeña que sea, llegar a fin de mes (En torno al 65 % de los hogares españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes –dato OCU). Eso sí, Yolanda Díaz, sin vergüenza, saca pecho y sin empacho se despacha sobre “el papel del salario mínimo como una herramienta esencial para combatir la pobreza laboral, para reducir la desigualdad y para fomentar que caminemos hacia sociedades más prósperas”. La cuestión no es el salario nominal, sino el real, el que tiene en cuenta el coste de la vida. Con este SMI muy poco o nada se hace realmente contra la pobreza laboral.
Para remate, tendrá que tributar en el IRPF (el 20 % de los perceptores, según M. J. Montero), que supondrá perder casi la mitad de ese aumento (“que pongan [en mi nómina] INRI en vez de IRPF”, canta con sorna una chirigota). Lo que dan con una mano te lo quitan con la otra. Esto ha generado un conflicto, y enredados en él están, magnificado por los medios, entre el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda. Por 20 tristes euros/mes que no van a sacar a nadie de pobre. Y nada dicen, ni la una ni la otra, de que cuando el IRPF empezó su andadura, allá por 1978, había 28 tramos y el mayor tributaba al 65,5 % y ahora hay 6 y el máximo lo hace al 47 %. Sobran los comentarios.
Y es que tributar, para la señora Montero, “Es progresista, de izquierdas y moderno” y no tributar supone un “vaciamiento fiscal”. De esta guisa “vacía” de contenido de clase la fiscalidad. Así las cosas, aumentar los impuestos a los que menos tienen es “progresista y de izquierdas” y también lo es reducírselos o quitárselos a los que más tienen (con estos discurso y hechos no es de extrañar que avance la extrema derecha): defienden un IRPF reaccionario, como hemos visto; fue el PSOE quien en 1983 creó las sicav (y este gobierno, comandado por esa formación, mantiene); muy poco hacen contra el fraude fiscal (91.600 millones € -datos 2022-, atribuible el 75 % a las grandes corporaciones y ricos); y permiten que en el Impuesto de Sociedades la tributación real de las grandes empresas no llegue al 4 % cuando por ley lo deben hacer al 25 %.
Al parecer, también “es progresista, de izquierdas” que, al dictado de la OTAN y EEUU, una cantidad cada vez mayor de lo recaudado por la carga impositiva que descansa mayoritariamente sobre las espaldas de las clases trabajadoras la dedique este gobierno a gasto militar (28.592 millones €, en 2023… “Y lo que te rondaré, morena”), eso sí, “por la paz y nuestra seguridad” (M. Robles, dixit, que es el mismo argumento de Vox), cuando hay un deterioro planificado de los servicios públicos. “Es progresista y de izquierdas”, también, que una buena parte de las arcas públicas, de todos, vayan a financiar, de una u otra forma, la actividad económica de los emporios empresariales y se dediquen subvenciones multimillonarias a las empresas (oligopolios, principalmente) que, supuestamente, promueven la “economía verde”. Lo es, también, aumentar el IVA de un bien básico como la luz al 21 %, privilegiar los impuestos indirectos sobre los directos, que la banca haga sus agostos con nuestro dinero (por los altos tipos de interés establecidos por el Banco Central Europeo, con el visto bueno de las instituciones autóctonas), que no hayan recuperado los 100.000 millones de € que salieron de nuestros bolsillos hacia los de aquélla en la crisis de 2008, que el impuesto especial por beneficios extraordinarios que la aplican y también a las energéticas sea irrisorio (aún con este gravamen la banca ha obtenido en 2024 un beneficio récord, más de 31.000 millones de €) y, además, como señalaba el ministro del ramo, en adelante estará ligado a la “inversión y a los ciclos de crédito y tipos”.
Sí, todo muy progresista, todo muy de izquierdas.
