A. Bagauda
En la entrega anterior hablábamos de la dimensión laboral y económica del Affaire ERE-Telefónica. En esta segunda y última entrega, como dijimos, lo haremos de su dimensión política.
A principios de los 70 del siglo pasado el capitalismo entra, de nuevo, en crisis. Para superarla se impulsa el neoliberalismo. Laboratorios mundiales fueron el Chile de Pinochet y la Gran Bretaña de Thatcher. En España es el gobierno del PSOE el encargado de implementarlo.
En el marco de esa ola neoliberal, las privatizaciones están a la orden del día, que en España ejecutan los sucesivos gobiernos del PSOE. En febrero de 1992 se firma el Tratado de Maastricht que imponía un déficit público inferior al 3 % del PIB, lo que fue la excusa (ahora la utilizan para los recortes) perfecta para que el señor X fuera culminando la venta de importantes empresas. Telefónica sufre un proceso de privatización que la lleva en 1996, como vimos, a que solo un 20,9 % del capital accionarial estuviera en manos públicas (los más mayores recordamos que en esa fecha el señor González vende Sintel por cuatro perras a la mafiosa familia Mas Canosa). Sería Aznar, en 1997, quien la privatizara por completo por unos 3.800 millones €, poniendo al frente de la misma a su amiguete Juan Villalonga.
Desvergüenza sin parangón la de uno y otro. Josep Piqué (ese de profunda genuflexión ante su amo Bush), a la sazón ministro de Industria del PP, lo dejó claro desde el primer momento: “La reordenación del sector público industrial del Estado va a incluir en su seno el Plan Estratégico de Privatizaciones, que es un compromiso de investidura del presidente del Gobierno”. Antes de él, C. Solchaga, como ministro de Industria del primer Gobierno de F. González, sentenciaba: “La mejor política industrial es la que no existe”. Ambos sintetizan a la perfección la política industrial-económica de sus dos partidos y de sus dos gobiernos.
El PSOE empezó, el PP continuó. Con los gobiernos del primero salen del estado 50 grandes empresas de sectores tan estratégicos de la economía como el de la energía, transportes, telecomunicaciones, aeronáutica o siderurgia. Las joyas de la Corona.
Como el tiempo ha demostrado, las privatizaciones de las grandes empresas lejos de las bondades que algunos proclamaban, han conllevado un empeoramiento del servicio, destrucción de empleo, deterioro de las condiciones laborales de sus trabajadores, una disminución de los ingresos del Estado (según Sánchez Mato, ha dejado de ingresar, solo por Telefónica, unos 24.000 millones € en beneficios – infolibre.es, 20/12/23), destrucción del tejido productivo e industrial y el engordamiento de los bolsillos de una pandilla de parásitos magnates (para eso se llevaron a cabo).
Mas no solo eso. Inherentes a ellas hay una serie de problemas y negativas consecuencias, sobre todo si son grandes emporios y de aquellos sectores económicos. En el caso que nos ocupa hay uno que se ha manifestado con total claridad cuando la operadora estatal STC Group, de Arabia Saudí, se hizo con el 4,9 % del capital accionarial (con la intención de llegar al 9,9 %): la vulnerabilidad de la soberanía política del país. Por su peso económico, pero sobre todo por ser el de las telecomunicaciones un sector muy sensible, especialmente en una situación internacional como la actual donde hay una agudización de las contradicciones y enfrentamientos entre las grandes potencias imperialistas y A. Saudí está dando pasos de acercamiento a China y Rusia.
En este contexto, la misma Nadia Calviño afirmaba que “Telefónica es la empresa más estratégica de España” y que pondría en marcha “todos los mecanismos necesarios” en defensa de “los intereses estratégicos de España”, y el presidente del Consejo General de Economistas abogaba por una legislación que “prime la protección de los sectores estratégicos, especialmente de aquellos relacionados con la defensa nacional, factor de creciente importancia en los tiempos actuales” (elpaís.com, 14/11/23). El Ministerio de Hacienda, cuando el Gobierno, como veremos, decide “intervenir” la compañía, comunicaba: “La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa” y “también está presente en todas las áreas tecnológicas del Ministerio de Defensa y proporciona los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa en territorio nacional y en operaciones militares en el exterior, contando, por tanto, con un sólido posicionamiento en este sector” (elpais.com, 19/12/23).
Empero, cosas y casos como esta inversión de STC Group en Telefónica a nadie debieran asombrar. En un sistema donde todo es venal (que convierte hasta los seres humanos e incluso, trozos de ellos, sus propios órganos, en mera mercancía) son totalmente normales. Así es el capitalismo. Aquellos que aceptan y siguen sus reglas no pueden sorprenderse por estas iniciativas empresariales. A. Saudí no ha hecho más que seguir la lógica del capital: invertir en un sector rentable (aunque puede tener razones políticas). En concreto, Telefónica siempre lo fue. De ahí su privatización. Ya sabemos que el estado burgués cuando hay pérdidas, las socializa; cuando hay ganancias, las privatiza. Eso es lo que se hace en momentos de crisis, como vimos con la de 2008 y el saneamiento de los bancos españoles con dinero público (más de 100.000 millones €, según eleconomista.es, 14/12/21) aún no devuelto.
El Gobierno, sobresaltado, se ha visto obligado a decidir sobre dos asuntos: uno, limitar (tiene potestad legal para ello) la compra de acciones por parte de aquel país para evitar que sea el accionista mayoritario de la compañía; dos, que la SEPI se haga con una cartera accionarial, para contrarrestar a los saudíes. Y es que las participaciones más importantes de Telefónica son del BBVA (4,9 %), del fondo buitre yanqui BlackRok (4,5 %) y de Caixabank (3,5 %), banco del que, por su parte, está participado por el Estado con un 17 % de capital.
Hace unos días hemos conocido la decisión del Ejecutivo de que el Estado compre el 10 % de las acciones de la operadora por un monto de 2.000 millones €, quedando como primer accionista. Era de esperar. El gobierno la motivaba por el “interés nacional” y la “estabilidad accionarial”. Ha sido un movimiento inédito desde las grandes privatizaciones de los años 80 y 90. Se resolvía así el conflicto mas también constituía un mentís (no proclamado) a la política de privatizaciones/neoliberal de los sucesivos gobiernos de la monarquía, y la confirmación tácita de la necesidad de que las empresas estratégicas de un país deben estar en manos públicas. El asunto de Telefónica pone en valor nuestro programa táctico: nacionalización de los sectores económicos estratégicos del país, entre los que se encuentra el de las telecomunicaciones. Pero no solo por lo dicho sino por profundas razones de política económica: amén de los ingresos para las arcas del Estado, las empresas nacionalizadas se pondrían al servicio del conjunto de la sociedad, del desarrollo y mejora de los servicios públicos, del tejido industrial, de la creación de puestos de trabajo, de la mejora de las condiciones salariales y laborales de sus trabajadores, etc., siendo un instrumento potente para dar solución a muchos de los problemas que a día de hoy aquejan al país y a sus gentes.