A. Bagauda
Dada la extensión del artículo lo publicaremos en el Octubre en dos entregas. Esta primera trata de la dimensión laboral y económica del ERE de Telefónica; la segunda lo hará de su dimensión política.Telefónica no es cualquier empresa. Nacida en 1924, la multinacional, según su web, opera en 12 países y está presente en 38, tiene una aportación al PIB español de cerca de 46.000 millones € (aprox. el 3,55 %), 103.638 trabajadores en todo el mundo y unos ingresos en 2022 de 39.993 millones €. Según lamarea.com (1/12/23), 32.000 millones € “han sido los beneficios de Telefónica en la última década (2013-2022). Entre ellos, el resultado histórico de 2021, con unas ganancias que superaron los 8.100 millones de euros, las más altas desde 2010. Este año [2023], (…), en el primer semestre, la teleco consiguió beneficios por valor de 760 millones de euros y, en el tercer trimestre, superó los 500 millones de euros, un 9,3% más que en el mismo periodo del año anterior”.
A principios de septiembre salta la noticia de que A. Saudí compraba un porcentaje de las acciones de la empresa. Pocas semanas después conocíamos que Telefónica quería efectuar un despido colectivo, a través de un ERE, que afectaría en un primer momento a 5100 trabajadores, que pasarían a ser 4000 y la última cifra que conocemos es de unos 3.400, es decir, cerca de la cuarta parte de su plantilla en España.
La cuestión de Telefónica, a nuestro juicio, y por ello es paradigmática, presenta tres dimensiones de enjundia: laboral, económica y, una tercera, política, que no se excluyen, al contrario, se entrelazan. Veámoslo.
Dimensión laboral. Paralelamente a su privatización ha sufrido una progresiva y brutal destrucción de puestos de trabajo en España: en 1996 (año en que el Estado solo se queda con un 20,9 % de las acciones) llegó a tener unos 80.000, en 2012 contaba con unos 37.000 y, diez años más tarde, en 2022, 27.400 (es.estatista.com – otras fuentes hablan de unos 21.000), pero con convenio solo 16.000.
El último ERE se remonta a 2011, añode crisis, cuando despidió a 6.500 trabajadores. Desde entonces los “despidos” no han sido colectivos (EREs), sino individuales a través de PSIs (Plan de Suspensión Individual): “A lo largo de los diez últimos años, Telefónica ha reducido su plantilla en España en más de 11.300 puestos, a través de tres PSI (ejecutados en 2015, 2019 y 2021)” (eleconomista.es, 27/11/2023).
Durante tres décadas hemos asistido a una constante descapitalización de fuerza de trabajo del emporio con el objetivo de reducir costes laborales guiado por la máxima capitalista de obtención del máximo beneficio. El nuevo ERE continúa esa tendencia histórica.
Según la multinacional, éste responde a la necesidad de adecuación “al exigente proceso de transformación y adaptación que requiere la nueva era digital” (ondacero.es, 5/12/23). Y justificaba la medida “por causas objetivas de carácter productivo, organizativo y técnico” (RTVE.es, 4/12/23). Otras fuentes recogían la motivación de una forma más mundana: este ERE es “normal que se produzca” ya que los empleados más veteranos “son los que más cobran” y para la operadora supone un “alto coste”.
Así es. “Los mayores de 50 años cobran hasta 130.000 euros más que los jóvenes con el mismo puesto en Telefónica”, era un titular de elindependiente.com (7/12/23). Según este diario “los asalariados de ese rango de edad [mayores de 55 años] se embolsan hasta 60.000 euros de más respecto a otro trabajador que ocupa el mismo puesto”. Y es que se prevé que afecte a los trabajadores de 55 años o más y con al menos 15 años de antigüedad. Esta es la clave principal del porqué del actual ERE: la reducción de la masa salarial, de los costes laborales, el ahorro de miles de millones de euros a medio y largo plazo. El ERE, además de la destrucción de puestos de trabajo dignos, lleva aparejada la perdida de las cotizaciones de esos trabajadores, en perjuicio de la sociedad.
Importante es destacar la forma del despido: si los EREs, en principio, solo “deben” aplicarse cuando la empresa está en crisis, ¿por qué ahora uno cuando la empresa tiene beneficios (escandalosos)? Los sindicatos mayoritarios “no entendían” que Telefónica “recupere después de más de diez años el formato del despido colectivo (ERE) para seguir ajustando plantillas” (leonoticias.com, 11/12/23). A nuestro juicio, la razón es sencilla: porque legalmente puede, le interesa y beneficia. El artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores permite el despido colectivo por causas objetivas bien “económicas”, bien “técnicas, organizativas y de producción”. El artículo 51.1 las explica: “concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa,…”, que no es el caso. Más, según la empresa, sí concurren las otras tres causas, que son a las que se acoge (véase más arriba): “concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado”. Por otro lado, el Gobierno de coalición no cumplió con lo que se comprometió: la derogación de la reforma laboral del PP (2012). Yolanda Díaz dejó intacta la parte del león de aquélla: la salida del mercado de trabajo; intacta la eliminación de la preceptiva autorización administrativa a la empresa para que ésta pudiese ejecutar un despido colectivo. Este requisito ya no es tal, lo que permite a Telefónica, desde el respeto a la legalidad vigente, aplicar ese ERE, gracias, pues, a la señora Díaz y su gobierno de coalición (“Donde dije digo, digo Diego”). Esta es otra, no menor, de las conclusiones del affaire ERE-Telefónica. Hay que recordar aquí que la aristocracia obrera de las direcciones de CCOO y UGT apoyaron a la ministra de Trabajo.
Siguiendo con los sindicatos, cabe añadir que las diferencias salariales referidas arriba son debido a que los convenios colectivos más viejos, los de los trabajadores más veteranos, son “más ventajosos y con mayores retribuciones en especies” (elindependiente.com, 7/12/23) que los más nuevos. Así las cosas, los convenios colectivos que se han ido firmando con el paso del tiempo han ido empeorando salarios y condiciones laborales, algo sobre lo que deberían reflexionar seriamente las organizaciones sindicales. En este sentido, esto señalaba hace tiempo un artículo de arainfo.org (20/01/13): “Por desgracia las direcciones de CCOO, UGT y STC han seguido el juego de la empresa, vendiendo puestos de trabajos dignos a cambio de participar en la gestión del mayor plan de pensiones laboral del Estado”.
Para terminar este capítulo, ya en un plano más social, hay que tener en cuenta que la destrucción de empleo va a ir acompañada del cierre de edificios en 108 localidades, siendo 13 los centros de trabajo en una primera fase (cincodias.elpais.com, 24/11/23). Además, “el 1004 pasaría a quedar completamente externalizado, y los centros propios de atención al cliente, cerrados” (xataka.com, 27/11/2023). ¡Menos mal que la empresa se esfuerza “por hacerle la vida [a las personas] más fácil, cada día, estén donde estén” (web Telefónica)!
Dimensión económica. Afirmaba la compañía que el ERE obedecía “al exigente proceso de transformación y adaptación que requiere la nueva era digital” . No se lo enmendamos. Aquí puede residir la segunda clave del ERE, que se desliza del campo laboral al económico.
En este sentido, epe.es/es/activos (23/11/23) apuntaba que “en esta ocasión el objetivo de la compañía es que el motivo central de las bajas se focalice en actividades que se van a ir automatizando …” y UGT hablaba de la necesidad de un nuevo convenio colectivo por, entre otras razones, la competitividad en el sector: es “una protección, (…) en un momento de creciente incertidumbre generada (…), por la competitividad del mercado español, (…)” (id.).
A nadie se le escapa que la competencia intercapitalista obliga necesariamente a los capitalistas individuales, si no quieren perder pie, a un proceso permanente de modernización de su capital constante, a una renovación e innovación perpetua de la maquinaria, lo que nos ha traído la robótica, la automatización y la digitalización, que explica también la destrucción de puestos de trabajo, lo que se ha venido repitiendo desde los tiempos del ludismo. Si no lo hacen quedan obsoletos, en desventaja, frente a las compañías del mismo sector. Hay, pues, un impulso competitivo del capitalismo a invertir cada vez más en capital constante y disminuir el capital variable (fuerza de trabajo), a aumentar la composición orgánica del capital, lo que genera una contradicción irresoluble, que se retroalimenta como un círculo vicioso, en el marco del actual modo de producción, a saber: por un lado se destruye fuerza de trabajo pero por el otro solo la intervención de dicha fuerza en el proceso productivo genera valor, y la tasa de ganancia, por esas razones, sufre, como descubriera Marx, una tendencia a la caída, lo que empujará al capital a intentar revertir esa propensión con una mayor explotación de la clase obrera.