C. Hermida
El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas de Chile se sublevaron y derrocaron al gobierno legal y legítimo de Salvador Allende. El golpe de estado, que contó con la intervención directa de la CIA estadounidense, acabó con la experiencia política de la Unidad Popular y su programa de “vía pacífica al socialismo”, que se había iniciado con el triunfo electoral de 1970 y que levantó un gran entusiasmo entre la izquierda de todo el mundo (1). Como expresó Allende en numerosas ocasiones, se trataba de construir el socialismo respetando la legalidad y las instituciones vigentes:
[…] Sabemos que cambiar el sistema capitalista, respetando la legalidad, institucionalidad y libertades políticas, exige adecuar nuestra acción en lo económico, político y social a ciertos límites. Estos son perfectamente conocidos por todos los chilenos. Están señalados en el programa de gobierno que se está cumpliendo inexorablemente, sin concesiones en el modo y la intensidad que hemos hecho saber de antemano.
El pueblo chileno, en proceso ascendente de madurez y organización, ha confiado al Gobierno Popular la defensa de sus intereses. Ello obliga al Gobierno a actuar con una total identificación e integración con las masas, a interpretarlas, a orientarlas. Y le impide distanciarse con actuaciones retardadas o precipitadas. Hoy, más que nunca, la sincronización entre el pueblo, los partidos populares y el Gobierno debe ser precisa y dinámica.
Cada etapa histórica responde a los condicionamientos de la anterior y crea los elementos y agentes de la que sigue. Recorrer la etapa de transición sin restricciones en las libertades políticas, sin vacío legal o institucional, es para nuestro pueblo un derecho y una legítima reivindicación. Porque está prefigurando en términos concretos su plena realización material en la sociedad socialista. El Gobierno Popular cumplirá con su responsabilidad en este momento decisivo.” (2)
Durante tres años se llevaron a cabo notables transformaciones económicas y sociales en Chile: nacionalización del cobre, reforma agraria y un amplio programa de medidas sanitarias, laborales y educativas que propiciaron la mejora del nivel de vida de las clases populares. El golpe militar encabezado por el general Pinochet sumió al país en un baño de sangre, que costó la vida al propio Salvador Allende, quien decidió suicidarse en el propio Palacio de la Moneda antes de caer en manos de los golpistas, y estableció una dictadura brutal caracterizada por el uso sistemático de la tortura, las desapariciones y la conculcación de todos los derechos y libertades civiles. Miles de hombres y mujeres de izquierdas fueron asesinados y otros tantos tuvieron que exiliarse para salvar la vida. Los militares establecieron un régimen de terror en el país.
Lo que ocurrió en Chile hace 50 años, el trágico y doloroso fin de la experiencia del gobierno de la Unidad Popular chilena, debe servir para que la izquierda saque algunas conclusiones y experiencias (3).
NO CONFUNDIR GOBIERNO Y ESTADO.
Ganar unas elecciones, tener mayoría en el Parlamento y formar gobierno no garantiza a la izquierda que pueda llevar a cabo una transformación socialista de la economía. El gobierno es una palanca, un instrumento, pero en modo alguno implica el control del Estado, integrado por un conjunto de aparatos de orden represivo, ideológico y administrativo cuya función es garantizar el poder del conjunto de las clases dominantes. La configuración de esos aparatos está al servicio de un determinado bloque de poder.
El hecho de que los funcionarios del Estado provengan de diferentes clases sociales no debe hacernos olvidar que esos hombres y mujeres están condicionados por las estructuras en que se desenvuelve su trabajo. Es posible que algunos simpaticen con el socialismo, incluso que militen en sindicatos y partidos de izquierda, pero en conjunto están al servicio del orden establecido.
Pensar que el Estado es neutral o puede ser neutralizado desde las instancias gubernamentales es propio del revisionismo más contumaz.
Este fue sin duda uno de los errores del gobierno de Allende, al confiar en que el Ejército chileno, a diferencia de lo que había ocurrido en otros países latinoamericanos, mantendría su tradicional acatamiento al orden constitucional. La cuestión es que en Chile nunca se había planteado la transformación socialista de la economía; es decir, la izquierda no había tratado de superar las reglas de juego del ordenamiento democrático burgués y, en esas circunstancias, se podía mantener el orden constitucional. En cualquier caso, los episodios de brutal represión contra el movimiento obrero protagonizados por el Ejército y las fuerzas policiales eran una señal inequívoca de que el Estado chileno tenía un carácter de clase burgués y, por tanto, no era diferente al resto de América Latina.
LA AUTONOMÍA RELATIVA DEL ESTADO BURGUÉS
La cuestión del Estado, la comprensión de su verdadera naturaleza, es uno de los temas trascendentales en la lucha revolucionaria de la clase obrera. En este tema, como en tantos otros, la burguesía ha logrado inculcar su concepción ideológica de clase en amplios sectores populares. Para los ideólogos burgueses, el Estado es un organismo por encima de las clases, destinado a garantizar la ley, la paz, el orden y la seguridad de todos los ciudadanos; es decir, su caracterización esencial sería la neutralidad. Frente a esta interpretación ampliamente extendida, es preciso reafirmar que el Estado, según la definición de Lenin “es producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en la medida en que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables… El estado es el órgano de dominación de una clase determinada” (LENIN: El Estado y la Revolución. Obras Escogidas. Moscú, Progreso, 1977. Tomo VII. Pág. 5).
Efectivamente, el Estado es el resultado de la lucha de clases. La apropiación del excedente económico, de la riqueza social, por parte de una determinada clase social hace necesaria la existencia de una estructura concreta de dominación denominada Estado. Pero esto no quiere decir que el Estado funcione como un instrumento o mera herramienta al servicio de las clases dominantes. En cuanto que su misión es garantizar la hegemonía de la burguesía en su conjunto y asegurar el mantenimiento de las condiciones que hacen posible la reproducción del modo de producción capitalista, el Estado mantiene una cierta autonomía política respecto a las diferentes fracciones de burguesía. Es más, los aparatos del Estado están atravesados por las contradicciones que se desarrollan en la sociedad, lo que significa que puede haber desacuerdos y enfrentamientos entre aparatos del Estado y los intereses de fracciones de la burguesía. Por eso, el Estado aparentemente se sitúa por encima de la sociedad y de las propias clases dominantes, como en el caso de la dictadura bonapartista, para poder ejercer esa función de organizador de la hegemonía burguesa sobre la sociedad. Cuando se afirma que el Estado es el consejo de administración de la clase burguesa, ese planteamiento refleja de forma genérica su funcionalidad, pero no define fielmente las forma de actuar de aparato estatal.
Ahora bien, la autonomía es relativa y si esto no se entiende bien, puede tener consecuencias nefastas, como le ocurrió a la Unidad Popular chilena. Si se considera que esa autonomía es total y que el Estado dispone de un poder que difiere del poder de las clases dominantes, entonces la conclusión es que podría darse la vuelta al carácter de clase del Estado y ponerlo al servicio de la transformación socialista. Este planteamiento constituye una grave tergiversación de las tesis marxistas, tal y como hizo Santiago Carrillo en su libro “Eurocomunismo y Estado”. No equiparamos a Salvador Allende con Carrillo en ningún aspecto, pero la izquierda chilena cometió un gravísimo error en sus planteamientos.
No hay poder del Estado y poder de la burguesía. No se contraponen. El poder de la burguesía se ejerce a través de las instituciones estatales de una forma compleja, no exenta de divergencias y contradicciones secundarias, pero las estructuras estatales son siempre estructuras burguesas (4).
ROMPER EL APARATO DEL ESTADO.
La construcción del socialismo no puede llevarse a cabo sin una acción revolucionaria que coloque al proletariado y las clases populares en el poder y desplace a la burguesía. Pero ese poder de los trabajadores no puede ejercerse a través del antiguo aparato del Estado. Como advirtió Lenin de forma clarividente, es necesario romper Estado burgués y construir uno nuevo: la dictadura del proletariado. El significado de romper solo puede entenderse cómo la creación de unas instituciones administrativas, represivas e ideológicas que respondan a los intereses del nuevo bloque de poder articulado por la revolución socialista.
Aquí reside la cuestión fundamental para entender el fracaso del proyecto de la izquierda chilena. La vía pacífica al socialismo se proyectaba como una superación del capitalismo respetando el marco institucional burgués, sin necesidad de un proceso violento, aprovechando los resquicios que dejaba la legislación burguesa para iniciar cambios revolucionarios. Incluso Allende consideró la posibilidad de llegar a un acuerdo con sectores de la Democracia Cristiana.
Es evidente que en las democracias parlamentarias existe la posibilidad de ampliar los derechos civiles y sociales, pero la burguesía nunca permitirá que la izquierda derribe los pilares del sistema capitalista aunque haya obtenido una mayoría electoral. Una clase dominante no abandona el poder sin combatir, no renuncia a su hegemonía de forma pacífica.
Planteamientos revisionistas, lecturas de Marx y Engels pretendidamente novedosas, pero que niegan y falsean sus posiciones revolucionarias, abandonos precipitados del leninismo, criminalización de la figura de Stalin para quedar bien con la burguesía, todo eso conduce a la izquierda a errores gravísimos, tanto tácticos como estratégicos, que desembocan en catástrofes y derrotas para la clase obrera.
El dolor que nos causó el criminal golpe de estado de los militares chilenos, y que sigue presente cincuenta años después en todos los hombres y mujeres que seguimos con ilusión y esperanza los acontecimientos chilenos entre 1970 y 1973, no debe impedirnos ser críticos con unos posicionamientos políticos profundamente erróneos (5).
NOTAS:
1.Salvador Allende, dirigente del partido Socialista, ganó las elecciones presidenciales celebradas en septiembre de 1970 encabezando la candidatura de la “Unidad Popular”, una coalición de varias partidos de izquierda: Partido Comunista, Partido Socialista, Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), Acción Popular Independiente (API), Partido de Izquierda Radical e Izquierda Cristiana.
2. Discurso de Salvador Allende pronunciado ante el Congreso de la República el 21 de mayo de 1971.
3.Sobre el gobierno de la Unidad Popular en Chile, destacamos las siguientes obras:
-ALLENDE, Salvador: Obras escogidas. Santiago de Chile, Ed. Antártica, 1992. -GARCÉS, Joan: El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende. Madrid, Siglo XXI, 1974.
-GAYANGO, Ignacio: Chile, el largo camino al golpe. Barcelona, Dirosa, 1974. –KRAMER, Andrés: Chile: historia de una experiencia socialista. Barcelona, Península, 1974.
-KALFON, Pierre: Allende. Chile:1970-1973.Madrid, FOCA, 1999.
-PINTO, Aníbal: Chile, hoy. México, Siglo XXI, 1972.
– AMORÓS, Mario: Allende. La biografía. Barcelona, Ediciones B, 2013.
4. En relación con el Estado y su autonomía, véase MILIBAND, Ralph; POULANTZAS, Nicos y LACLAU, Ernesto: estado, clase dominante y autonomía de lo político. Un debate marxista sobre el Estado capitalista. Barcelona, Sylone/Viento Sur, 2021.
5. Nuestro partido analizó y criticó a fondo los planteamientos de Salvador Allende en MARCO, Raúl: Una trágica lección para los pueblos del mundo. “Revolución Española”, nº 7, 4º trimestre 1973, págs. 75-88.