Agustín Bagauda
En una sociedad dividida en clases, como la nuestra, toda ley es la expresión normativa de su correlación de fuerzas. De igual manera, el carácter de clase de las instituciones (entre ellas, las que dictan esas leyes) viene dado por aquélla.
Esto, obviamente, también es aplicable a la Carta Magna. La Constitución de 1978 es el resultado del desequilibrio de fuerzas a favor de las de la reacción: mantenimiento de la monarquía impuesta por Franco, preeminencia de la sacrosanta propiedad privada…. El paso a la limitada democracia burguesa, los avances y conquistas que en ella se recogen se debieron al empuje del movimiento obrero y popular, a las luchas de nuestros pueblos.
La reforma laboral (RL) aprobada por el Gobierno de Coalición y sancionada en las Cortes in extremis y de carambola no escapa a esta realidad: es manifestación de esa correlación de fuerzas, muy débiles las de la clase obrera, muy fuertes las de la burguesía, de la patronal. Veamos:
Primero. No ha habido una manifestación de fuerza de la clase obrera previa a la firma. Los principales sindicatos no movilizaron a quienes representan, a la clase que es directamente interpelada por esa reforma, que afecta a sus condiciones laborales y de vida y la de sus familias.
Segundo. Y en relación con el anterior, esos sindicatos son dirigidos por unas cúpulas que han hecho de la traición a su clase costumbre, del diálogo social el exclusivo instrumento sindical, de la “paz social” su objetivo último; unas cúpulas que promueven, de facto, la desmovilización de la clase obrera, el desánimo y la debilitan.
Aunque no lo digan, esa “dirigencia” es consciente de lo que es y significa la RL. Su firma no termina de gustar a los afiliados de base y cuadros medios, además de por su contenido porque no se ha contado con ellos para nada, no ha habido debate ni toma democrática de decisiones, y porque tampoco se ha implicado a los verdaderos protagonistas, los trabajadores. Se ha cocinado por arriba.
Tercero. La inmensa mayoría del proletariado en España no está asociado. Tan solo el 17 % de la fuerza laboral está organizada sindicalmente. La actitud de entrega de la aristocracia obrera no ayuda. A día de hoy, salvo algunas manifestaciones como la ejemplar huelga del metal en Cádiz, la clase obrera carece de vigor, está fragmentada (objetiva y subjetivamente), dispersa.
Cuarto. El proletariado está huérfano políticamente, no tiene representación política, no tiene su partido de vanguardia.
La RL ha sido impulsada por una coalición electoral, Unidas Podemos, que es una fuerza de la pequeña burguesía y, por ende, actúa como tal. La izquierda “institucional” (UP/Podemos/IU), que dice representarles, no se enfrenta a la oligarquía sino que se entrega a ella y aquí, con la RL, claudica ante los intereses de la patronal. Qué podemos esperar de la adalid de esa reforma que declara que las instituciones o la sanidad “no es ni de izquierdas ni de derechas” y que sus políticas “son transversales”, que “pone una vela a Dios y otra al diablo”, y, como en la implacable realidad del capitalismo esto es imposible, pone la vela al diablo. El Estado y el gobierno no son neutros, no están por encima de la realidad de la lucha de clases. Volvemos a mentar a Bergamín: “El eclecticismo es la antesala de la traición”. Y aquí la tenemos en forma de RL.
La pequeña burguesía, siempre timorata, siempre vacilante, insegura, se ha caracterizado históricamente por su temor a ponerse del lado de la revolución. Unidas Podemos teme la lucha del proletariado, se asusta cuando éste se pone en pie, en movimiento. Hace tan solo unos meses, el gobierno del que forma parte no dudó, ante el empuje y unidad de la clase obrera y en torno a ella del pueblo de Cádiz, en usar la violencia y la represión, tanto durante como después de la huelga, y la ministra “comunista” de trabajo se limitó a pedir al señor Marlaska que “retirara la tanqueta”… “Es una auténtica vergüenza que luego vengan a reclamar como victoria la intervención de la ministra del ramo en la resolución del conflicto” (“Sobre la Huelga del Metal en Cádiz”, Octubre, Nº 151). Temen cualquier movimiento popular potencialmente revolucionario. Echemos la vista un poco más atrás y veamos a dónde llevó Podemos el caudal revolucionario que se expresó, como colofón de un ciclo movilizador de cuatros años, en la jornada del 22M de 2014 en Madrid: a la estrecha y estéril vía del más mezquino parlamentarismo burgués; recordemos, también, el papel de esa formación de apagafuegos del Régimen en junio de 2014.
Quinto. Quien dice ser un gobierno “de izquierdas”, “el gobierno más progresista que ha tenido la democracia”, y que, por ende, debiera gobernar a favor de la mayoría social, es en realidad, en esencia, un gobierno de la oligarquía, que ha promovido y firmado una RL que sigue poniendo a los trabajadores a los pies de los caballos de la patronal. A lo mejor, el problema está en que el Ejecutivo no ha sido “capaz de comunicar las cosas chulísimas que hace”…
Sexto. La burguesía, por su lado, está fuertemente organizada, es la clase dominante; el estado, con sus instituciones, es su encarnación política, lo tiene bajo su control y dirección. Tiene a sus agentes políticos (PP, PSOE,…); a su Comité Central, el Gobierno. Como clase dominante su ideología es la dominante (medios de comunicación, escuelas e institutos, ONGs,…). Firmada por la CEOE, la RL ha sido apoyada por fuerzas políticas y sociales representativas de dicha clase: un sector del PP (aunque haya votado en contra), entre ellos los ex presidentes M. Rajoy y J. M. Aznar, Ciudadanos, PdeCat, la FAES, el Banco Santander, el BBVA, la Iglesia católica, Standar & Poor’s, la Unión Europea,… Esa Europa del capital y la guerra que exigía esta reforma, entre otras cosas, para liberar esos fondos europeos que irán a parar a los bolsillos de los de siempre1.
Así las cosas, era de esperar una RL como la aprobada, que (digan lo que digan) NO deroga la de 2012 (obviamente tampoco la del 2010, la del PSOE, que la tenemos en el olvido pero que abrió el paso a aquélla). Y a ello se comprometieron tanto UP como el Gobierno de Coalición. El acuerdo de gobierno entre aquélla y el PSOE decía: “1.3.- Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Cinco meses después, en el pacto entre PSOE, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y E. H. Bildu, para la prórroga del Estado de Alarma, se acordaba: “1. Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral del año 2012…” (20/05/20) (la negrita es nuestra).
Estamos ante una RL que se ha hecho sin la participación de la afiliación sindical, sin la participación y movilización de la clase obrera y contra ella, que consolida, acoraza, la pérdida de derechos de los trabajadores. Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, declaraba: “hemos conseguido que prevalezcan los pilares básicos de la reforma de 2012” (abc.es, 20/02/22).
Algunas lecciones se imponen: la clase obrera solo podrá arrancar leyes y medidas que les favorezca, conquistar derechos, mejorar las condiciones de trabajo y de vida y enarbolar la bandera de su emancipación en la medida que supere las deficiencias que sufre, en la medida en que se fortalezca, que vaya cambiando esa correlación de fuerzas. Agrupar, acumular fuerzas es la tarea. Y pasa porque se organice en tanto que clase; pasa por su unidad, organización y encuadramiento; pasa por impulsar y desarrollar su movimiento en todos los planos, por reforzar, en todos los sentidos, las estructuras permanentes de clase, por “Nutrir los sindicatos, reforzar o constituir secciones sindicales combativas” (citado artículo); por que tome aliento y confianza en sus propias fuerzas, por que tome conciencia de su potencial de cambio, transformador, revolucionario; pasa por construir su partido independiente de la burguesía. A ello estamos llamados los comunistas.
1. Hace unos días desayunábamos con titulares como éste: “El Gobierno se verá obligado a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones por exigencia de Bruselas”; “Es uno de los compromisos adquiridos por Sánchez como moneda de cambio para recibir fondos europeos” (abc.es, 23/02/22).