Comité del País Valenciano del PCE(m-l)
Este jueves 23, toda la comunidad educativa no universitaria del País Valenciano, desde Infantil a Bachillerato, Educación Especial y enseñanzas artísticas, está convocada a la huelga por la Plataforma per l’ensenyament públic. El paro, precedido por concentraciones a las puertas de los centros durante las dos semanas anteriores, se ha visualizado a lo largo de la mañana con nuevas concentraciones en una docena de ciudades, que culminarán por la tarde con manifestaciones en las tres capitales valencianas.
Con esta movilización, los sindicatos progresistas de docentes, asociaciones de estudiantes, de directores y de inspectores, federaciones de AMPA y otras entidades responden a la catarata de agresiones dictadas por el nuevo Govern ultraderechista de PP y Vox desde el mismo momento de su formación, cuando el nuevo conseller no se recató en anunciar los recortes que se avecinaban.
Y así ha sido: a las caóticas adjudicaciones de inicio de curso, los cambios en los horarios lectivos de secundaria, los problemas en el concurso de traslados (aún sin subsanar) y la paralización de otros procesos que afectan al profesorado, se suma ahora el anunciado cierre de más de 200 aulas en todo el País Valenciano, lo que anuncia un inicio de curso con grupos masificados. Mientras tanto, se abandona el Pla Edificant de construcción de centros (pese a que el PP se comprometió en campaña electoral a completar el plan previsto), que afectará por ahora a una docena de localidades, pero que pone en riesgo 341 obras de escuelas en 178 municipios. Y, sobre todo, se recupera el “distrito único”, la medida estrella de todo programa neoliberal, dirigida a incrementar la segregación escolar, promoviendo la formación de guetos escolares y, por tanto, aumentando las desigualdades sociales, tal y como han demostrado diversos estudios científicos, incluidos los dedicados a estudiar el caso de la ciudad de Valencia. Bajo el mantra de la «libertad de elección», una vez más, las derechas neofranquistas pretenden dividir los centros educativos en escuelas de primera y de segunda categoría, favoreciendo a los de entornos acomodados para justificar el cierre de aulas públicas e incrementar, una vez más, el trasvase de fondos a los colegios privados concertados, en detrimento de las clases populares. En este mismo sentido, los recortes previstos en grupos y profesorado de las escuelas oficiales de idiomas (EOI) anuncian una mayor masificación y problemas de organización y funcionamiento, igualmente en beneficio de las academias privadas.
Por si esto fuera poco, la reaccionaria ley de «libertad educativa» erosiona la ya precaria situación del valenciano en la Comunitat, al dejar el uso de la lengua en manos de unas familias asediadas por la propaganda reaccionaria: como denuncian los sindicatos, la única “libertad” que promueve esta ley es la de no estudiar en valenciano, imposibilitando que los estudiantes puedan ser bilingües al acabar la ESO. Esta medida, junto a la “relajación” de los requisitos lingüísticos exigidos al profesorado, arrinconará aún más la presencia social de una lengua que, pese a su gran arraigo popular en buena parte del territorio valenciano, ha sido siempre objeto de un odio absoluto y manifiesto de los sectores más cavernícolas de la sociedad valenciana. Por otra parte, el engendro conocido como «ley de concordia», duramente criticado por varios relatores de la ONU por invisibilizar graves violaciones de los derechos humanos cometidos por la dictadura franquista y por no respetar los estándares internacionales, no solo ataca la libertad de cátedra, sino que pretende extirpar de las aulas el estudio científico del pasado, hurtando a las jóvenes generaciones un conocimiento cabal de las atrocidades perpetradas por el fascismo español. En relación con esto, cabe señalar las denuncias realizadas por los sindicatos a causa de los ataques de diverso tipo, agresiones físicas incluidas, que está sufriendo el profesorado, como consecuencia de los mensajes que, a través de las redes sociales, difunden precisamente estos sectores negacionistas y ultrarreaccionarios.
Además, en las últimas semanas, sindicatos y FAMPA han denunciado las imposiciones llevadas a cabo en el Consejo Escolar Municipal de Valencia, al que exigen más democracia. El pasado día 20, y por segunda sesión consecutiva, su presidenta se negó a votar las posiciones del Consejo, evitando un posicionamiento colectivo, tras lo cual zanjó la reunión en menos de media hora, imposibilitando el debate y la participación de las organizaciones de la comunidad educativa.
En cuanto a la huelga propiamente dicha, CCOO ha denunciado los servicios mínimos abusivos, que duplicarán los de convocatorias anteriores en infantil y primaria. Además, solo podrá secundar el paro un tercio del personal de atención educativa (educadores, fisioterapeutas, etc.), que además ha estado sufriendo presiones de los equipos directivos para acudir a su puesto, contraviniendo la propia resolución de la Conselleria.
No está de más recordar que, en varios de estos aspectos, llueve sobre mojado: si bien el talante negociador de la Conselleria es ahora radicalmente diferente de la anterior, y ha habido evidentes mejoras en las plantillas de los centros, los años del Govern del Botànic también han conocido la eliminación de aulas, las cicaterías presupuestarias y en el transporte, las irregularidades en los traslados, la insuficiencia de espacios en los centros, los problemas en las EOI, la marginación del valenciano dentro y fuera de las aulas… Tampoco se ha emprendido una política enérgica frente a los conciertos educativos con la privada y la presencia de la religión en los centros, ni se ha apoyado adecuadamente la labor del profesorado para promover la Memoria Democrática. Más aún, se ha emprendido de la manera más torpe y atropellada cambios de calado en el currículum y la organización de las enseñanzas y de los centros, coincidiendo además con las secuelas de la pandemia, que han exasperado a los docentes y los han atiborrado de trámites burocráticos.
Frente a estos problemas, hay que decir que ni la administración ni las cúpulas sindicales han estado a la altura. El temor a (o el pretexto de) un triunfo de los neofranquistas ha tenido como resultado la desmovilización de la comunidad educativa durante dos legislaturas, con un profesorado abrumado por el aluvión de “innovaciones” y ocurrencias que llegaban de Conselleria, y una democracia cada vez más ausente de los centros, en los que las familias han ido quedando progresivamente relegadas y donde los estudiantes ven cada vez más limitada su participación. Una vez más, la ingenua confianza en el parlamentarismo y en el papel de unos gobernantes “progresistas” que algunos veían como “los suyos”, han llevado a una política de tierra quemada, que ha facilitado el ascenso de la derecha sindical (los herederos de las organizaciones franquistas del profesorado tras la transición), ha desorientado a estudiantes y familias y ha extendido el hastío en buena parte de las plantillas.
Es en estas condiciones como tenemos que enfrentarnos, ahora, al renovado ataque de las derechas neofranquistas contra lo público; lo cual, sobre todo en un ámbito como el educativo, supone una agresión directa contra los derechos y las condiciones de vida de la clase obrera. Por eso, no cabe otra que redoblar los esfuerzos por fomentar el debate y retomar el impulso movilizador entre los docentes, estrechar lazos con las familias, promover entre nuestros estudiantes el pensamiento crítico y el compromiso con los derechos de la mayoría, y darles medios para hacerlo efectivo. Extender las asambleas de profesorado y de toda la comunidad educativa, reclamar una acción sindical más continuada, coordinada y pegada a los centros, fortalecer la vida colectiva y el debate a todos los niveles: esa debe ser la apuesta para hacer frente con energías renovadas a los ataques que nos esperan en la pública.